¡Aprueban Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Costa Rica!

Este lunes 31 de marzo la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de Ley para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos que había sido presentado por los movimientos ambientalistas a través del mecanismo de iniciativa popular en el año 2010, tras 13 años de ininterrumpida campaña.

Luego de una serie de negociaciones en que participó el Gobierno de la República, el sector privado, congresistas de la mayoría de partidos políticos y representantes de las organizaciones ambientalistas, la Comisión de Ambiente del Congreso logró un acuerdo sobre un texto de consenso, que recibió dictamen afirmativo la semana anterior y permitió que el texto fuera finalmente conocido por el Plenario Legislativo el lunes pasado.

Pasadas las 10:40 p.m., 41 diputados de 45 que estaban presentes dieron su voto afirmativo al proyecto de ley, aprobándolo en primer debate. Aquí puede consultar el acta completa de la sesión legislativa.

El próximo 22 de abril el proyecto recibirá segundo debate y pasará a ser Ley de la República una vez publicado en el diario oficial. Sólo 4 diputados, pertenecientes todos al partido Movimiento Libertario (derecha) votaron en contra, pese al abrumador consenso alcanzado.

Las organizaciones ambientalistas aglutinadas en torno a la Alianza Nacional en Defensa del Agua (ANDA), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y la Alianza de Redes Ambientales (ARA) han manifestado su beneplácito con el acuerdo logrado, que respeta el espíritu, visión, contenidos y principios del texto original presentado por iniciativa popular con el respaldo de más de 170 mil firmas.

Algunos de los contenidos y características de la nueva Ley incluyen:

• Reconoce que el agua es un derecho humano fundamental.
• Establece el dominio público del agua y de las fuerzas asociadas a esta.
• Cierra toda privatización de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano.
• Reconoce el valor económico del agua en todos sus usos, para que los grandes usuarios del agua paguen los costos sociales y ambientales que su uso implica y que hoy debe asumir toda la sociedad.
• Crea un sistema de áreas de protección de las zonas de recarga, mantos acuíferos, nacientes y cauces moderno y eficiente, técnicamente elaborado, que permitirá una protección real de estas vulnerables zonas.
• Establece una regionalización en 12 unidades hidrológicas con amplia participación ciudadana.
• Conforma una Dirección Nacional de Aguas (DINA) con enfoque de cuenca, adscrita al Ministerio de Ambiente, ente al que por ley le corresponde la regulación, gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La DINA será un órgano técnico, no político, con personería jurídica instrumental.

El reto de las comunidades y los movimientos ambientalistas apenas inicia. Vendrá la tarea más difícil que es asegurar la puesta en práctica de este instrumento jurídico, que debe complementarse con una nueva Ley de acueductos comunales y la tan esperada reforma a la Constitución Política para reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento y el dominio público de esta.