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“Constellation Brands tomó un riesgo calculado, al llegar a “acuerdos” con políticos conflictivos para imponer un proyecto social y ambientalmente cuestionado—y perdió”, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.

El rechazo de la cervecera Constellation Brands por la población de Mexicali este fin de semana demostró que México ya no permitirá inversiones que impliquen la violación del derecho humano al agua.

Con su enérgica votación, Mexicali nos avanzó un paso más hacia el cumplimiento con la reforma al 4º Artículo Constitucional reconociendo el derecho humano al agua. Esta reforma exige reemplazar la actual Ley de Aguas Nacionales, mercantilista, con una Ley General de Aguas antes de febrero 2013, la cual tendría que sentar las bases para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana y gubernamental.

Durante estos años, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Consejo Consultivo del Agua, quienes ahora acusan al Presidente por “faltar respeto por la legalidad,”, se han dedicado a subvertir o posponer este mandato Constitucional. Por muchos medios, incluyendo las iniciativas de David Korenfeld y de Ignacio Pichardo, han buscado conservar y expandir los privilegios que gozan bajo la ley actual: acceso incondicional a nuestras aguas nacionales en violación de vedas, de disponibilidades, de la normatividad ambiental y de los derechos de pueblos indígenas y comunidades marginales rurales y urbanas. Esta es la “legalidad” que están defendiendo.

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