Coordinadora Nacional Agua para Todos/Agua para la Vida

A partir de la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, en México se establece un marco normativo que orienta la política pública hídrica hacia la mercantilización del agua. Esta ley define un nuevo modelo de gobernanza del agua en el que abre la participación de los usuarios en los procesos de gestión pública, tanto en el manejo de las aguas superficiales como en las subterráneas, dejando atrás el modelo anterior que nada tenía de gobernanza porque se basaba en un manejo centralizado de este recurso por el gobierno federal.

Estos dos componentes, la mercantilización del agua y la participación de los usuarios en su gestión pública, parecía que sentaba las bases de ese nuevo modelo de gobernanza. Sin embargo, tales cambios contextualizados dentro de la visión, el discurso y la práctica ideológica neoliberal que adoptan las elites políticas gobernantes que asumen la conducción del Estado mexicano, terminaron privatizando de facto un bien que legalmente es público, un recurso natural estratégico para el desarrollo nacional, al facilitar la concentración de concesiones, derechos individuales y volúmenes de agua entre los grandes empresarios y corporativos empresariales.

Parecía que la cúspide de este proceso se concretaría con la promulgación de la llamada Ley Korenfeld, presentada ante los legisladores por el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, de cuyo apellido adoptó y pretendía consolidar la privatización del agua. Dicha ley provocó una reacción que con el tiempo se fue generalizando entre diferentes actores de la sociedad mexicana a través del territorio nacional: académicos universitarios, ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas, y otros actores sociales y políticos del país que se manifestaron en contra de esa iniciativa y se unieron para elaborar una contrapropuesta que tuviese un sentido ciudadano que no solo rechace la Ley Korenfeld, sino que reforme la ley vigente de 1992.

Ese esfuerzo se concretó en la Iniciativa Ciudadana de Nueva Ley General de Aguas, que articuló la visión de los actores sociales y políticos, a la vez que dio cuerpo a lo que conocemos como la Coordinadora Nacional Agua para Todos/Agua para la Vida (ApT), la cual empezó a reunirse en diversos eventos regionales y nacionales entre los cuales está el reciente VI Congreso que acaba de celebrarse el pasado fin de semana en Torreón, Coah., con la concurrencia de delegaciones de 29 estados de la república.

En cada uno de estos eventos se abordan diferentes aspectos o temáticas de interés regional y nacional de las organizaciones e instituciones que le conforman, los cuales dan cuerpo a una Agenda Hídrica que se plantea a largo plazo y en el período que abarca entre cada congreso bianual. La prioridad de ApT sigue siendo la promulgación de una Nueva Ley General de Aguas, iniciativa que ya se encuentra en discusión en las cámaras de diputados y senadores, pero que los legisladores no se atreven a aprobar, entre otras razones por las presiones que reciben de quienes se oponen a cambiar el enfoque mercantil de la gestión y uso del agua por otro que se base en los Derechos Humanos.

Otro de los componentes de la Agenda Hídrica de ApT es la atención a los conflictos regionales que surgen producto de las continuas y cada vez más recurrentes crisis de agua a lo largo del territorio nacional, las cuales evidencias que el modelo de gestión hídrica vigente ya se agotó y requiere ser transformado, en el que se establezcan, además del enfoque ciudadano, nuevas estructuras y procesos de gestión que aseguren de manera prioritaria el abasto del agua a la población y el sostenimiento de los ecosistemas que soportan las fuentes de agua existentes.

En el caso del VI Congreso realizado en La Laguna, el tema central fue la gobernanza del agua. Es cada vez más evidente la necesidad de que la política hídrica se ciudadanice, lo cual implica que dentro de las estructuras de gestión del agua se abra la participación a los ciudadanos, no solo a los usuarios, deben crearse nuevas estructuras de gestión que acompañen la política hídrica, como sucede con las contralorías ciudadanas autónomas de agua, no contempladas en la ley vigente pero amparadas por leyes complementarias que pueden aportar elementos que le den bases supletorias. En el VI Congreso se abordaron los problemas que dificultan la conformación de este tipo de estructuras de gobernanza, las alternativas para crearlas y la forma en que se promoverán por los diferentes grupos regionales que las integran.

Podrá afirmarse que los resultados obtenidos en este VI Congreso significan un avance en el proceso de organización regional y nacional de los ciudadanos involucrados en la gestión hídrica, entre los cuales destacan lo descrito anteriormente y el esfuerzo de articulación que están logrando, para incidir en la promulgación de una Nueva Ley General de Aguas y en la definición de la política hídrica para los próximos años, de ahí la importancia crucial de la Coordinadora Nacional Agua para Todos/Agua para la Vida.