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El diputado morenista Javier Lamarque pide acabar con la corrupción que distorsiona el uso social del recurso

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 24 de octubre de 2019, p. 36

La agricultura utiliza 70 por ciento del agua disponible en el país cada año. Se estima que tan sólo 2 por ciento de las concesiones otorgadas a este sector concentra 60 por ciento del líquido. Esto es consecuencia del crecimiento en la renta de parcelas con sus correspondientes títulos de concesión, la falta de transparencia y se ha formado un acuafundismo, señala la coordinadora Agua para todos.

Por ejemplo, en Baja California los grandes acaparadores de este recurso natural son transnacionales como la exportadora Agrícola el Toro, Taylor Farms, y la cervecera Constellation Brands. También hay empresas locales e incluso la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y la organización Pronatura, que adquieren derechos en papel, señaló Rigoberto Campos, agricultor que ha participado en las movilizaciones en rechazo a la instalación de la citada cervecera.

Agregó que la iniciativa para el pago de derechos, aprobada en la Cámara de Diputados tiene imprecisiones ya que no se define si es el concesionario a quien se debe cobrar o al ejido, están disfrazados los grandes consumidores con los chicos en los módulos de riego. Hay muchos acaparadores de agua, ya que empresas grandes compran los derechos del líquido para uso agrícola, pero lo destinan a actividades industriales.

El agricultor envió ubicaciones de pozos ilegales que se han abierto y se han denunciado ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), uno de ellos de la empresa Taylor Farms Baja California, lo cual quedó atestiguado por funcionarios de la Conagua en la región.

En un análisis, la asociación consideró que las mesas directivas de los distritos de riego concentran el control sobre grandes volúmenes de agua por varios años y generó que se forme una hidrocracia que tiene control sobre recursos federales y se apodera de los derechos hídricos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios en los distritos. La falta de transparencia, control democrático y rendición de cuentas al interior de estas asociaciones ha ocasionado corrupción y, por lo tanto, ineficiencia en la utilización de la infraestructura hidroagrícola; el surgimiento de un acuafundismo –o reaparición del latifundismo referido sólo al agua–; el desplazamiento de la agricultura social e histórica en el noroeste del país por la creciente llegada de las trasnacionales.

Indicó que hay venta, renta y especulación hídrica en concesiones obtenidas bajo arreglos que benefician a las mesas directivas, pero que causan daños a los ejidatarios y pequeños propietarios en el distrito de riego. Además, las aguas subterráneas controladas por los grandes distritos están ubicados principalmente en acuíferos sobrexplotados y su bombeo es subsidiado con la tarifa T09 de la Comisión Federal de Electricidad.

El promotor de la iniciativa, el diputado de Morena, Javier Lamarque, sostuvo que 2 por ciento de las concesiones concentran 60 porciento del agua concesionada, por lo que se tendría que dar un reparto más equitativo del líquido.

Fuente: LA JORNADA

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