Organizaciones en Chiapas rechazan y cuestionan decretos de Pena Nieto sobre el agua

Organizaciones sociales, movimientos, barrios, colonias y núcleos agrarios quienes defendemos los derechos colectivos y el derecho humano al agua en Chiapas rechazaron categóricamente los 10 decretos sobre el Agua que realizará Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio, especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

Las organizaciones señalan que en estos diez decretos se modificó el estatus de veda -prohibición para la concesión del líquido- que existía sobre 99 cuencas hidrológicas de las 757 que existen en el país. Por lo que consideraron que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentra enfocada en las elecciones de este 1 de julio.

El uso doméstico (público-urbano), al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos, puede traducirse de facto en concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento. Es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalva-Usumacinta que “declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche, para hacerlos más eficientes”.

Los diez decretos publicados el 6 de junio agregaron, establecen reservas de aguas nacionales (totales o parciales según los casos) para uso doméstico (público-urbano) y conservación ecológica en 194 cuencas de la República, y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial, industria extractiva y agroindustrial

Las organizaciones después de un análisis contextual de la problemática cuestionan dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos: el técnico y la consulta. Las preguntas son:

1) Para el caso de la Cuenca Trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroclimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos; por lo tanto, los datos de las estaciones de aforo y medición de la Conagua también son poco creíbles. ¿Cómo hacer una proyección en los próximos cincuenta años con datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y caos por el fenómeno de cambio climático?

2) ¿Cómo se hicieron las consultas a los integrantes de los Consejos de Cuenca, si éstos no tienen una expertise técnica para dar una buena opinión?
Es evidente que la consulta gubernamental fue solo una simulación, la cual cuestionamos porque quienes integran los Consejos de Cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión, estos consejeros no consultaron a los sectores que representan. Así también, la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas. Se viola para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Chiapas, pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua comunitarios, ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales, en este caso, el agua, concluyeron.

Además, con la supresión de las vedas, los decretos mencionaron las organizaciones se favorecen los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra: bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país, y la gran cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta se ve amenazada por la necesidad de agua en las regiones centro y norte del país, cuya presión sobre el líquido es muy fuerte.

En términos prácticos y concluyentes, en el caso de las Cuencas Hidrográficas Grijalva y Usumacinta, el levantamiento de “Veda” corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales (eficiencia y modernización le llama la plutocracia); construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas a 50 años a empresas internacionales (principalmente); apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años. Para conseguir ejecutar estos despojos de Recursos Naturales también decretaron la Zona Económica Especial de Tapachula (Puerto Chiapas), así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la Ley de Seguridad Interior.

Organizaciones participantes y firmantes:

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)
Seminario Permanente sobre Cultura y Cambio Climático
Amigos de San Cristóbal A.C.
Movimiento Indígena del Pueblo Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (ZODEVITE)
Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C.
Comité Directivo Vecinos Unidos Col. Ampliación Norte Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Sistema de Agua Chupactic, San Cristóbal de Las Casas
Consejo Vecinal del Barrio Originario de Cuxtitali
Colonia Maya
Centro Solidario Tsomanotik A.C.
Contraloría Ciudadana del SMAPA en Tuxtla Gutiérrez

Más información: