José Juan presenta iniciativa para echar abajo la privatización del agua en Puebla
El legislador local el PT señaló que en su propuesta de reforma al artículo 12 constitucional se plantea que los ayuntamientos que hoy tienen concesionado el servicio, tendrán un plazo de seis meses para crear un nuevo organismo que garantice el derecho del agua y baje las tarifas
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del estado de Puebla para echar abajo la privatización del agua potable, que hoy en día está a manos de la empresa Agua de Puebla para Todos.
La propuesta fue presentada este lunes ante el Pleno de la LX Legislatura. En su intervención, el legislador explicó que en la reforma se plantea también que los ayuntamientos que hoy tienen concesionado el servicio, como Puebla capital o San Andrés Cholula, tendrán un plazo de seis meses para crear un nuevo organismo que garantice el derecho del agua y concluyan el convenio con la empresa Agua de Puebla con el fin de que se eliminen las tarifas excesivas.
Indicó que en la propuesta se agrega un transitorio al artículo 104 con el fin de que el servicio de agua potable no puede ser entregado a particulares, al igual que se estipula con el tema de seguridad pública.
En entrevista, José Juan Espinosa comentó que para que su propuesta sea avalada tiene que alcanzar el voto de las dos terceras partes del Congreso de Puebla; es decir, 27 votos.
Dijo que en caso de que se apruebe, el contrato que hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle con Agua de Puebla se tiene que disolver de manera inmediata. Sin embargo, reconoció que la administración de Antonio Gali tendrá 15 días para vetar la ley.
El 16 de abril de 2014 entró en vigor la privatización del SOAPAP, concesión que el ex gobernador Rafael Moreno Valle entregó al consorcio empresarial creado por Agua para México, EPCOR y Tecnología Intercontinental a través de la empresa Concesiones Integrales S.A de C.V mejor conocida como Agua de Puebla para Todos.
La concesión tiene una vigencia por 30 años y en caso de echar abajo el contrato el gobierno de Puebla tendría que pagar a la empresa 3 mil millones de pesos.
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