Resolutivos | Acuerdos del 2o., Congreso Nacional “Ciudadanos y Sustentabilidad. El buen gobierno del Agua”
Acuerdos del 2o., Congreso Nacional “Ciudadanos y Sustentabilidad. El buen gobierno
del Agua” realizado en la ciudad de Guadalajara, Jal. Del 2 al 4 de Octubre del 2014.
Estados asistentes al congreso: Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Estado de México,
Jalisco, Guerrero, Puebla, Colima, Nayarit, Sinaloa, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz,
Baja California Sur, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Guanajuato,
Zacatecas y Quintana Roo, Aguascalientes.
Organizadores: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de Guadalajara (CUCSH), Doctorado en Derecho del CUCSH, Sindicato
de Empleados Públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA),
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, (SUTUDG),
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDG),
Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco FGTEMJ),
Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ) y l instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA).
Considerando que:
La agudización nacional de conflictos por el agua expresan que los arreglos
institucionales de forma y fondo que existen en la legislación actual del agua en
nuestro país son insuficientes o en el mejor de los casos limitados para su resolución
y abordaje. Así lo demuestran la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi en
Sonora, del arroyo Chupaderos y río Baluarte en Sinaloa, del río Santiago en Jalisco,
de los lagos y lagunas del territorio nacional, de las limitaciones de la EIA para
prevenir de manera efectiva los impactos ambientales, el costo beneficio de las obras y
los impactos sociales que causan los megaproyectos como las presas del Zapotillo, en
Jalisco, las Cruces en Nayarit, la Parota en Guerrero, la construcción de aeropuertos
en zonas de importancia hídrica como el de la ampliación de la ciudad de México,
de sentencias no cumplidas como el caso del acueducto de Sonora, de suspensiones
sin cumplir como los casos del Cerro del Gachupín y de la Primavera en Jalisco, de
la inobservancia de inclusión de pueblos y comunidades indígenas en la consulta
previa, libre e informada y toma de decisión de proyectos que los afectan, conflictos
que nos llevan a concluir que la actual LAN no tiene los arreglos institucionales para
garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a un ambiente sano y al
desarrollo con sustentabilidad,
Que de igual manera en el marco de la urbanización sin límites en el territorio
mexicano, de la privatización de los sistemas de servicios públicos de agua potable
y saneamiento, que dejan a las poblaciones urbanas en un estado de vulnerabilidad
creciente que ponen en riesgo el derecho a la salud, el derecho al agua potable y al
saneamiento y, con ello el aumento de los niveles de insatisfacción de las necesidades
mínimas y necesarias para alcanzar loa mínimos niveles de bienestar social.
Que el aumento de la pérdida de la soberanía alimentaria, por una política agraria,
incompleta, inequitativa e imparcial alejada del desarrollo con sustentabilidad, ha
ocasionado que los pequeños y medianos productores, las familias campesinas e
indígenas estén subsidiando la producción de exportación de granos y hortalizas en
detrimento del uso de aguas superficiales y subterráneas y de ausencia de tecnologías
adecuadas, que orienten la transición hacia la agricultura orgánica, el fortalecimiento
del mercado interno y precios competitivos a los campesinos y familias que son la
base de la alimentación del pueblo mexicano.
Que al igual que las zonas urbanas, la vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas,
va en aumento en virtud de la ausencia de un desarrollo costero asociado a los
recursos terrestres y marinos, pérdida de humedales y desarrollo inmobiliario
devastador que ocasiona los cambios de uso del suelo de manera acelerada cuyo
recrudecimiento se deja sentir por la fuerza de los huracanes hoy en día en territorio
nacional y que en el contexto del cambio climático se intensifican.
Que la ausencia de sustentabilidad en las grandes zonas metropolitanas del país
en virtud de la ausencia de planificación urbana y ambiental del territorio en base
a los recursos naturales de las zonas urbanas, su capacidad de carga y resiliencia,
está ocasionando el que no se garantice el usufructo de los derechos humanos
fundamentales para el buen vivir.
En virtud de lo anterior, la plenaria del segundo congreso nacional Resuelve:
Primero.- Reivindicamos los derechos humanos que la Constitución Política de México
otorga y reconoce a los y las mexicanas en sus artículos 1o., 2o., 4o., 25, 27, y 115, así
como los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos
humanos.
Segundo.- Reivindicamos los derechos humanos de corte procesal que la Constitución
Política de México otorga y reconoce a los y las mexicanas en sus artículos 14, 16, 17,
que fortalecen el estado de derecho en México.
Tercero.- Que tal y como se ha pronunciado el relator especial de Derechos humanos
respecto de los derechos ambientales el goce del derecho a un medio ambiente sano
implica el goce de otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, a respirar un
aire limpio, a la vivienda digna entre otros.
Cuarto.- Que el derecho al agua potable y al saneamiento, constituyen parte del bloque
derechos ambientales, sociales, económicos, culturales y del desarrollo, sin cuyo goce
efectivo, pleno, integral y completo es imposible la vida en la Tierra.
Quinto.- Que el modelo actual de derechos y gestión del agua en México, no garantizan
la preservación y manejo integral del recurso hídrico asociado a los demás recursos
naturales que forman parte del ciclo hidrológico.
Sexto.- Que el país necesita una reforma estructural del agua que garantice agua para
todos@ agua para la vida, y el Buen Vivir hoy y siempre
Aprobamos:
Primero.- La Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas para todos en lo general.
Segundo.- Aprobamos que el Grupo promotor Nacional Agua para todos, Agua para la
Vida a partir de este congreso se constituya en la Coordinadora Nacional Agua para
todos, Agua para la Vida.
Tercero.- Aprobamos presentar la Iniciativa ciudadana de ley General de Aguas a un
grupo de diputados@ y senadores@ federales para que hagan suya la iniciativa y la
presenten en los mismos términos que la reciben al pleno de la cámara de diputados
y de la cámara de senadores, ambas del Congreso de la Unión.
Cuarto.- Aprobamos continuar con la recolección de firmas a efecto de que en febrero
del 2015 podamos presentarla al nuevo congreso como Iniciativa Ciudadana (130,000
firmas) y al 2018 para presentar la iniciativa a Consulta pública.
Quinto.- Aprobamos construir una serie de alianzas con sindicatos (SME, SUTUDG,
STAUDG, etc), universidades, ONG ́s , movimientos nacionales como el Barzón, la
CNPA y Organismos internacionales abocados al tema del agua y medio ambiente
y derechos humanos. De igual manera el construir alianzas con los referentes
nacionales que ya existen: Alianza Antifracking, Movimiento contra la Minería, contra
las presas, de afectados ambientales, etc.
Sexto.- Aprobamos fortalecer para el siguiente encuentro nacional, la participación
de académicos y de redes de investigación temáticas sobre el agua. De igual manera
promover la investigación participativa para el tema del agua.
Séptimo.- Aprobamos respaldar la lucha del pueblo Yaqui y sumarnos a la exigencia
de liberación de sus presos ambientales, de apoyar la lucha del pueblo de Atenco
por el respeto de sus tierras en el contexto del nuevo aeropuerto para la ciudad de
México, respaldar la lucha del pueblo Nahua de Manantlán, Jal., por la recuperación
de sus tierras que aprovecha el Consorcio Minero Peña Colorada y se cumpla con
la suspensión otorgada respecto de las consecuencias de las concesiones mineras
otorgadas al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, respaldar al movimiento
de defensa del Cerro el Gachupín, para que se respete en campo la suspensión
otorgada y se preserve la zona de recarga de la ZMG, y a los propietarios del Boque la
Primavera de la ZMG, para que se cumplan las suspensiones que les fueron otorgadas
y se analice el modelo de co-manejo que establece la propia LGEEPA.
Octavo.- Aprobamos recomendar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de
la Federación y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la realización de
un Protocolo de Derechos Ambientales, a efecto de contribuir en el conocimiento de
actuación de los Jueces de Distrito y Magistrados del país y que esto se traduzca en
resoluciones de justicia y no de legalidad.
Octavo.- Se acordó el tener una reunión en 8 meses en San Luis Potosí y la sede del
3er., Congreso será en Jalapa, Ver., en dos años.
Guadalajara, Jal., a 4 de octubre del 2014.
