Nos oponemos rotundamente a la “Ley privatizadora del Agua”
BOLETÍN DE PRENSA
Nos oponemos rotundamente a la “Ley privatizadora del Agua”
– Rechazamos la privatización del agua y su mercantilización
– No al fracking y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales
– Agua para la vida; agua por un derecho humano y como bien público.
México D.F. a 10 de marzo de 2015.
Las Jornadas Nacionales en Defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo nos oponemos a
la intención de los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL de privatizar el agua, al aprobar
recientemente la nueva Ley General de Aguas propuesta por la Conagua, cuya intención es
beneficiar abiertamente a las empresas transnacionales y favorecer el uso de agua en la técnica
del fracking para extracción del gas shale.
La iniciativa privatizadora del agua, por parte del gobierno federal y aprobada por los partidos
afines al régimen, es parte de una estrategia en contra de la ciudadanía, de las comunidades
campesinas e indígenas y contra el pueblo de México.
Ahora es el agua, la que quieren privatizar. Nos lo quieren quitar todo: la tierra, el agua, el aire,
la biodiversidad, el patrimonio familiar y comunitario, nuestros derechos, nuestros sueños,
nuestras esperanzas. Desde hace 30 años las leyes se modifican para facilitar el despojo.
Primero Salinas impulsó los cambios al artículo 27 constitucional que favorecen la privatización
del Ejido y la comunidad, luego la Ley Minera que da prioridad a la extracción de minerales
sobre la producción de alimentos, ahora la reforma energética que cede el petróleo, el gas y la
producción y conducción de la energía eléctrica a las trasnacionales a la vez que facilita la
usurpación de las tierras campesinas por PEMEX, la CFE y los futuros empresarios de la
Por ello, las Jornadas Nacionales en defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo, que
aglutina a diversos movimientos contra los proyectos de muerte, organizaciones campesinas e
indígenas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, vecinales, etcétera) nos
oponemos rotundamente a la “Ley de Aguas Korenfeld”, como se le conoce, por las siguientes
1. Otorga facultades para tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza
publica: La Conagua definiría las obras a ejecutar y a qué corporaciones asignarlas; a quienes
inspeccionar, sancionar y condonar pagos (Art. 15), sin participación o revisión publica, excepto consultas
a los concesionarios (15, 55-57). Los presidentes municipales, el Jefe de Gobierno y las empresas
concesionarias seguirían controlando los sistemas de agua y saneamiento (65 II). La autoridad del agua
podría solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones (258).
2. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales que
brindan servicio: Se concesionaría megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades (129, 232):
Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca,
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Chapultepec/Acapulco (72 V, 116); pozos ultra profundos (191), desalinizadores (9 X). Se promoverá la
privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81)
3. Permite sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua
a grandes corporaciones: Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción
de la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compra-venta, en
violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-
112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al
dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161). Los sistemas comunitarios de agua serian
municipalizados o concesionados (65). La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos
4. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día: La única
obligación de la autoridad seria garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en
5. Permite a los operadores garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas de
presión social: Las tarifas cobradas a los usuarios finales serian fijadas por convenio con la Conagua
como condición para acceso a fondos federales, y tendrían que cubrir la recuperación de las inversiones
y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258) Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas
cobradas a poblaciones vulnerables (240).
6. Permite asegurar agua para el uso minero y el fracking: El uso minero no requeriría de concesión
(191). La fracturación hidráulica cabria dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción
de cualquier sustancia”) (10, LVI) y se le establecerían un permiso (141, III).
7. Permitirá perpetuar la impunidad a contaminadores: “El Estado promover la participación voluntaria en
esquemas de auditoria y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la
8. Permitirá evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”: El 33% de las poblaciones
urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de
arsénico, flúor y/o plomo. La Ley Korenfeld no tiene medidas para corregir esta situación—solo ofrece a
las empresas prestadores de servicios la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua. (35)
9. Permite a las autoridades Desentenderse frente a desastres: En caso de emergencias
hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar
medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y
10. Prohíbe el estudio de la situación real del agua: La realización de obras de exploración, estudio,
monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XX VI) será́ considerada falta
grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).
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Asimismo las Jornadas Nacionales en defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo, nos
sumamos a la iniciativa de la sociedad civil, que propone lo siguiente:
1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s,
agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y
acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequias por mal manejo.
2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la micro cuenca
hasta el nivel nacional, para consensar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la
Agenda Nacional cuenca por cuenca.
3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel
municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas
acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso
necesario, recomendar la revocación de su mandato.
4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos
5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización,
acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían
los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los
límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las
prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el
uso de aguas nacionales para la minería toxica, la fracturación hidráulica (“fracking”) ni
para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas.
6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos publicas y comunitarias,
sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y
transparente. Tendrían que consensar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el
acceso equitativo al agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre
7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego. Comités de
ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos
consensarían planes cuenca por cuenca para poner fin a la contaminación y el
desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos
sanos para el consumo humano, local y nacional.
8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el
financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin
acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas publicas.
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9. Garantizar presupuesto para el agua de por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes
Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos
10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría
menos costos y más beneficios socio hídricoambientales a lo largo de su vida útil. No se
permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.
11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas sufriendo de
estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua,
aguas residuales sin tratamiento y re uso).
12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto
Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de
Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes,
asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua.
¡Salvemos al campo para salvar a México. Salvemos a México para salvar al campo!
¡Si van por todo, lo defenderemos todas y todos!
¡Zapata y Villa viven. La lucha sigue!
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