Manifiesto: Demandamos la recuperación pública del agua

“Se ha documentado sobreexplotación, desperdicio, fugas significativas en las redes de distribución, mala planeación, gestión central en el beneficio económico, mercantilización del derecho humano al agua, ausencia casi total del saneamiento de las aguas residuales, colonias sin abastecimiento de agua potable, colonias que pagan el servicio de drenaje pero no lo reciben, endurecimiento en las políticas de cobranza, aumento desproporcionado en las tarifas, inequidad y discriminación en los servicios, cobro de servicios no autorizados”, señalan las organizaciones y personas.

Agregaron que todo lo anterior “son síntomas de un deficiente manejo del agua y del fracaso de la privatización de los servicios. Por un lado, la carencia de un plan integral de manejo donde converjan los tres ámbitos de gobierno, la concesionaria y las empresas, así como los grupos sociales y los ciudadanos.  Por otro lado, el modelo de privatización fracaso. Los usuarios se encuentran inconformes con los servicios y la deuda pública se incrementó, a pesar de que la desincorporación buscaba eliminarla”.

Advirtieron organizaciones sociales, académicas y algunos servidores públicos han desarrollado propuestas para la atención y solución de esta problemática. “Un ejemplo de ello sería la propuesta ciudadana de dictamen del cabildo del municipio de Puebla de junio de 2019 que contiene en cada uno de los indicadores del Derecho Humano al agua, así como en los incumplimientos por parte de la empresa en la parte técnica, financiera, jurídica y social, lo que plantea que la empresa estaría obligada a resarcir al Estado y a la población por los daños causados”.

Indicaron que “ante la problemática expuesta y las necesidades de la población consideramos que es preciso la remunicipalización, entendida como:

“1. La desprivatización de todos los servicios de agua. Acción necesaria dados los abusos de la empresa, las violaciones a los derechos humanos, las carencias de agua potable y saneamiento, así como los incumplimientos en materia financiera, técnica, jurídica y social, además de haberse transgredido el artículo 12 de la Constitución estatal. La empresa debe resarcir al Estado y a la población por los daños causados.

“2. La recuperación de las facultades constitucionales de los municipios conurbados que perdieron sus atribuciones. Debe respetarse el artículo 115 de la Constitución Federal.

“3. La creación de un organismo intermunicipal con la participación estatal y federal, así como con la representación auténtica de la ciudadanía; institución que asegure la prestación de servicios desde una perspectiva de gestión integral del agua y que ponga fin a la mercantilización del agua.

“4. La expedición de un ordenamiento hídrico sustentable y para el buen vivir, que garantice el ciclo vital del agua, su regeneración y el acceso equitativo de todas las personas y prioritario para el uso humano doméstico; que tenga como objeto preservar y restaurar las fuentes de abastecimiento de agua. Así como revisar las concesiones actuales y suspenderlas hasta que no se acredite si cada una ha cumplido con el manejo, tratamiento y saneamiento, adecuados.

Los ambientalistas, académicos y ciudadanos también se pronunciaron por “un nuevo marco legal e institucional que garantice la gestión integral del agua. Una nueva Ley General de Agua (LGA) en el ámbito nacional; una nueva Ley Estatal Ciudadana de Agua, ICELA (Abrogar la actual Ley Estatal. Una decidida participación ciudadana, a través de los pueblos originarios, de universidades, expertos, organizaciones sociales y todos los sectores involucrados. Finalizar el acaparamiento y determinar los usos prioritarios del agua. Instrumentos jurídicos eficaces que corrijan la  sobre explotación y el exceso de concesiones y que protejan las zonas de recarga, los acuíferos kársticos y el caudal ecológico.  Un marco jurídico nacional que reconozca los derechos de los núcleos agrarios legítimos sobre sus aguas, a facilitar el agua e infraestructura de riego para la soberanía alimentaría, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.

También demandaron “una norma nacional que reconozca a los sistemas comunitarios como primera línea de defensa del DH al agua.  Una LGA que establezca  el manejo de las presas bajo un proceso consensuado entre la representación de todas las necesidades de las cuencas río abajo que obliga a respetar las reservas. Que se mantenga el control público sobre la infraestructura hidráulica y que se exija transparencia y una legítima consulta pública para cualquier arreglo con el sector privado al respecto. Que se obligue a municipios y gobiernos estatales a que manejen las asignaciones de aguas nacionales para uso habitacional y fuertes controles sobre el uso de aguas nacionales por parte de organismos operadores. Que se garantice que quien contamina paga, tanto en términos de la restitución de los cuerpos de agua, de sus ecosistemas,  así como los daños a la salud de las comunidades afectadas”.

El Primer Congreso, La Gestión Integral del Agua en Puebla, culminará hoy en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario de la UAP.