El diálogo popular que necesitamos para garantizar el derecho humano al agua
«La ciudadanía no puede permitir que las autoridades del Estado se alíen únicamente con estos actores, puesto que acabaría legitimando el diseño de leyes y políticas que privilegien sus necesidades».
Por Rodrigo Gutiérrez Rivas*
Entre los múltiples retos que enfrenta la cuarta transformación no podía faltar el del agua. El actual gobierno heredó de la administración anterior un espinoso problema legal en materia hídrica. Existe un desfase monumental entre el artículo 4° de la Constitución, cuyo párrafo sexto reconoce el derecho humano al agua, y la Ley de Aguas Nacionales que ni lo menciona. Como es obvio, esta situación tiene que ser corregida, no solo por razones de armonización legislativa sino porque el artículo tercero transitorio de la reforma que constitucionalizó el agua como derecho humano en el año 2012, así lo mandata.
Ante esta situación, un conjunto de actores diversos, aunque en su mayoría de corte empresarial, necesitados de grandes volúmenes de agua, han decidido poner en marcha una estrategia política con el objetivo de incidir en las decisiones que deberán tomar los actuales poderes legislativo y ejecutivo en materia hídrica. Su apuesta es crear un “Pacto Social por el Agua” cuyos objetivos -en palabras del director del Consejo Consultivo del Agua- son generar “…una visión compartida que oriente y conduzca las acciones del gobierno y de la sociedad en su conjunto a favor de una gestión sostenible del agua…habilitar un proceso de diálogo abierto, inclusivo y participativo…que servirán para alimentar el diseño institucional del Programa Nacional Hídrico y la reformulación de la nueva Ley de Aguas Nacionales.”
El Pacto lo convoca el Consejo Consultivo del Agua (que agrupa a algunos de los mayores usuarios de agua en el país tales como: Nestlé, FEMSA/Coca-Cola, MABE, Grupo Modelo, Grupo Lala, Constellation Brands, Grupo CARSO, CEMEX, Grupo BAL, Suez, Rotoplas, aunque también hay 6 académicos y 4 ONG), la Asociación de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH).
Preocupa saber que la CONAGUA ha aceptado que se use su logotipo para legitimar esta iniciativa de impronta tendencialmente empresarial. Las razones de mi preocupación son estrictamente técnicas, de carácter jurídico constitucional. Para exponerlas me interesa insistir en que el derecho humano al agua ha quedad en el centro de la discusión hidrológica nacional, en tanto que la nueva Ley de Aguas no puede evadir reglamentar ese párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución.
Por tanto, para fundar las razones de la preocupación, resultará útil realizar algunas precisiones sobre los rasgos esenciales del derecho al agua, sus objetivos y las garantías que existen para protegerlo… Continuar lectura en https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/el-dialogo-popular-que-necesitamos-para-garantizar-el-derecho-humano-al-agua-articulo/
