Derecho a consulta previa de mineras 50 mil hectáreas de Malinaltepec
El pueblo de San Miguel del Progreso tiene derecho a una consulta previa frente a mineras
Arturo de Dios Palma ( )
Chilpancingo, 11 de noviembre. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por su siglas en inglés), con sede en Washington, presentó información adicional a la juez del Juzgado de Primer Distrito de Guerrero, para que rechace la declaratoria de la Secretaría de Economía (SE) federal de poner a disposición de empresas mineras las más 50 mil hectáreas de la comunidad San Miguel del Progreso, Malinaltepec, en la región de La Montaña.
Este viernes, Daniel Cerqueira, representante de la Fundación para el Debido Proceso, anunció que presentó ante la juez un amicus curiae (información que presenta un tercero en un juicio) para que tome en cuenta y deseche la Declaratoria de Libertad de Territorio que hizo la SE.
Daniel Cerqueira explicó que la información que presentó a la juez del Juzgado de Primer Circuito en Guerrero, Esthela Platero, corresponde al derecho a la consulta previa, el cual es un derecho internacional con el que cuentan los pueblos indígenas.
El representante de la fundación estadunidense indicó que de acuerdo a este derecho, los pueblos indígenas tienes la posibilidad de que se les consulten de las acciones del Estado que puedan causar algún daño a su territorio.
La SE, explicó Daniel Cerqueira, no consultó a los pobladores de San Miguel del Progreso para volver a poner en disposición las tierra de esa localidad.
El amicus ciriae, indicó Daniel Cerqueira, no sólo pone en evidencia que el Estado mexicano está violando el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados, sino también está incumpliendo las obligaciones que ha asumido en tratados internacionales.
En marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó el amparo en revisión 393/2015, promovido por la comunidad de San Miguel del Progreso, con el que cancelaban las concesiones porque habían sido entregadas sin consulta.
Las empresas mineras, Zalamera y Hochschild pretendían explotar 50 mil hectáreas en los dos lotes: Corazón de Tinieblas (45 mil) y Reducción Norte Corazón de Tinieblas (5 mil).
Sin embargo, las empresas Zalamera y Hochschild, dueñas de los títulos mineros, se desistieron de las concesiones en octubre de 2015.
Por esta cancelación, la SE volvió a declarar la libertad de territorio, con lo cual las misma empresas u otras podrán solicitar concesiones para explotar las tierras de San Miguel del Progreso.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrero Hernández, lamentó que el modelo de desarrollo de los gobierno no estén tomando en cuenta a los pueblos indígenas, aunque sea los verdaderos dueños de sus tierras.
“Nos preocupa bastante que el gobierno del estado insiste en el desarrollo de cinco proyectos, y uno de ellos es la minería. ¿La minería a qué costo? ¿A costo de los pueblos? ¿A costa de destruir el hábitat? Sobre todo la minería a cielo abierto. Ya tenemos un antecedente desastroso en Carrizalillo, donde la gente ha tenido que ser desplazada por la violencia. Y ahí ni la empresa ni el gobierno se han preocupado para subsanar los daños”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/11/12/index.php?section=politica&article=004n1pol
