Congreso, en deuda por Ley de Aguas: aún vigente el régimen neoliberal — Contralínea

Por un desacato de 8 años, el Congreso ha permitido que la Ley de Aguas Nacionales siga vigente y, con ella, el acaparamiento empresarial, sobreexplotación, un mercado negro, inequidad en el acceso al líquido y la contaminación de los principales afluentes, explican especialistas

Por mandato de una reforma constitucional, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, debió ser reformada desde hace 8 años. El desacato en el que se encuentra el Congreso de la Unión permite la continuidad del acaparamiento empresarial, el mercado negro, la inequidad en el acceso al agua y la contaminación de los principales afluentes, arguyen especialistas.

Y es que desde el 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Para ello, en su artículo tercero transitorio mandató: “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, misma que no ha sido promulgada.

Es desde la sociedad civil que se han llevado iniciativas ante el Poder Legislativo, después de la realización de foros de consulta en comunidades y espacios públicos. No obstante, con el transcurrir de un sexenio y a poco más de año y medio de la actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –actualmente encabezada por Blanca Jiménez Cisneros– aún no presenta su propuesta, lo que contribuye al retraso de la reforma y la inequidad en el acceso al recurso; así como que sea considerado como pleno el derecho humano al agua, opinan expertos en la materia.

Y mientras en las cámaras se convoca a un parlamento abierto para tratar el tema, las afectaciones continúan: más de 100 de los 653 acuíferos están sobreexplotados, y las dos terceras partes de las más de 700 cuencas hidrográficas se encuentran contaminadas. A ello se suma que los conflictos hidraúlicos en el país afectan, principalmente, a Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, originados a partir de la construcción de acueductos, presas y contaminación de afluentes.

Consultados por Contralínea, defensores de derechos humanos, asesores legislativos, investigadores y expertos en la materia aseguran que de no llevarse a cabo la reforma requerida, se estaría dando continuidad a un régimen concesionario de agua totalmente neoliberal, que ha permitido una privatización silenciosa del vital líquido.

Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua, al 31 de mayo de 2019, indican que en el país hay 516 mil 396 títulos de concesión de agua; el total de volumen de extracción de agua es de 270 mil 288 millones 071 mil 664 metros cúbicos; de los cuales, 235 mil 608 millones 476 mil 549 anuales son de aguas superficiales y 34 mil 679 millones 595 mil 115 metros cúbicos son de aguas subterráneas, por año.

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