Amenazan gobiernos federal y de SLP a labriegos que rechazan acueducto

Zacatecas, Zac.

Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí presionan y amenazan a agricultores del ejido La Presa, municipio de Villa de Guadalupe, para que retiren los juicios de amparo que interpusieron contra el acueducto que los gobiernos local y federal prometieron construir hace seis años como obra complementaria de la presa La Maroma, en el altiplano de esa entidad.

Manuel Téllez Bugarín, delegado de la Conagua en San Luis Potosí, y Amado Rubio Hernández, director jurídico de la CEA, hostigan a los campesinos, denunció Francisco Peña de Paz, director del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), institución de posgrado perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El pasado jueves, agregó, dos empleados del gobierno estatal fueron al Colsan a presionar a uno de nuestros compañeros abogados que asesora a los agricultores inconformes.

Peña de Paz recordó que los labriegos del ejido La Presa se acogen a un decreto presidencial de dotación de derechos de aguas broncas y aguas mansas, las cuales usan para consumo doméstico y agropecuario.

Hace seis años, durante su campaña por la Presidencia, Enrique Peña Nieto prometió en esa región que en el ejido La Maroma se construiría la presa del mismo nombre, así como un acueducto que abastecería a un nuevo distrito de riego, pero una parte del líquido se llevaría a una planta potabilizadora en Matehuala.

Sin embargo, seis años después no hay una sola piedra de la presa La Maroma (la obra principal), aunque comenzó a edificarse el acueducto desde las inmediaciones del ejido La Presa, donde existe un importante acuífero, con pozos y manantiales.

Los labriegos sostienen que la CNA y la CEA pretenden llevarse el agua a Matehuala con un acueducto cerrado de 16 pulgadas para beneficiar a empresas productoras de jitomate, huevo y carne de cerdo.

Los campesinos, explicó Peña de Paz, interpusieron tres recursos, entre ellos una petición al tribunal agrario para invalidar un convenio que se firmó sin la aprobación de la asamblea ejidal, con el cual se intenta facilitar la expropiación de terrenos por donde pasará el acueducto.

Los agricultores interpusieron además dos amparos ante la justicia federal “porque la obra que se está haciendo no corresponde con la manifestación de impacto ambiental que presentó la Conagua ni con el proyecto planteado.