¿Agua para todos o solo para algunos?: crisis y conflictos por el agua
En México, siete de cada diez litros de agua disponibles, se encuentran bajo concesión, otorgada por la Conagua, a solo el dos por ciento de los usuarios del Registro Público de Derechos de Agua. Esta des-proporción se acentuó a partir del inicio de la era neoliberal y la consecuente entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 aún vigente. Dicho marco normativo, se encuentra en proceso de análisis en el Congreso de la Unión desde hace algunos meses donde se discute la pertinencia de generar una nueva Ley General de Aguas que corrija los errores institucionales que limitan el acceso equitativo y el uso sustentable del vital líquido.
En el caso de Baja California, la concentración de concesiones es un fenómeno que también se presenta. Por citar un ejemplo, respecto a las fuentes de agua subterránea, solo el 3.6 por ciento de los usuarios tienen derechos sobre una cuarta parte del total de los volúmenes de agua concesionados; esta estimación no incluye o contabiliza los volúmenes que concentran grandes usuarios industriales como la Geotérmica de Cerro Prieto (CFE). En este sentido, es importante destacar que son tres los principales sectores consumidores de agua en el Estado: la agricultura, con 8.6 de cada 10 litros disponibles; la CFE con nueve de cada 100 litros; y el uso público-urbano tres de cada 100 litros.
Si el anterior contexto se conjuga con las condiciones biofísicas de la región caracterizadas por la presencia de altas temperaturas, registrando alrededor de 100 días al año con 38 grados centígrados o más, evaporación del orden de los 2000 mm en contraste con los menos de 100 mm de lluvia anuales típicas de la zona del desierto de Baja California; la escasez generalizada de agua donde las presas Abelardo L. Rodríguez, El Carrizo, Emilio López Zamora y Las Auras promedian en conjunto niveles de almacenamiento del orden del 35 por ciento; y la condición de déficit, sobreexplotación, constante abatimiento e intrusión de agua marina en más de la mitad de los acuíferos subterráneos ubicados principalmente al norte y en la zona costa del Estado (33 de 60 acuíferos), entonces la situación hídrica se torna extremadamente crítica. A lo anterior se suma la amenaza latente que representa el fenómeno de cambio climático observado en la cuenca hidrológica del río Colorado, nuestra principal fuente de abastecimiento, y las consecuentes reducciones en las entregas a México estipuladas en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, aspecto éste último ya establecido en las Actas 319 y 323 de la CILA firmadas en el 2012 y 2017, respectivamente y que generaron gran descontento y conflicto social.
Tenemos pues un gran reto para enfrentar el panorama hídrico adverso que profundiza la problemática de acceso al agua, saneamiento deficiente y uso no sustentable del agua, tanto en el campo como en la ciudad, máxime para una población que aumentará a cerca de 4 millones en los próximos 15 años.
De acuerdo al panorama descrito, se podría suponer que el sector agua en Baja California ha sido mal atendido en términos de financiamiento. Sin embargo, cuando se revisan las cifras, éstas indican que, en efecto, al Estado ha fluido un significativo monto de financiamiento internacional para obras de agua potable, drenaje y saneamiento comparado con otros Estados de la frontera norte de México y esto hace que dicha suposición quede sin argumento. Solo por citar algunos proyectos de financiamiento importantes: el Crédito Japonés, aplicado durante el año 2000 y 2006 para ese tipo de obras en Ensenada, Tijuana y Mexicali que ascendió a más de 22,148 millones de yenes; el Banco de Desarrollo de América del Norte/Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza que desde 1994 ha financiado proyectos de infraestructura ambiental en todas las ciudades fronterizas de Baja California por un monto de 415 millones de dólares, donde una proporción significativa de tal financiamiento se ha dirigido a proyectos del sector agua y donde a la fecha mantiene proyectos activos de agua potable, drenaje y saneamiento por un monto de 87.8 millones de dólares, principalmente en Tijuana y la zona costa; así como otros financiamientos importantes provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial a través de Banobras.
De lo antes mencionado, surge la duda sobre la eficiencia, efectividad, impacto y transparencia en el manejo y aplicación de recursos financieros. Por ejemplo, llama la atención por su significancia un proyecto de tratamiento y reuso de aguas residuales, considerando que es una forma conveniente de aumentar disponibilidad de agua a bajo costo relativo. Así, se menciona que el Crédito Japonés tenía aplicados entre los años 2004 y 2006 recursos importantes para la construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales “Tecolote-La Gloria” en Tijuana, misma que beneficiaría a cerca de 180,000 personas y que se pagó en su totalidad pero que sin embargo se mantuvo suspendido, incompleto al 60 por ciento de avance y en litigio de varios años entre la CESPT y la constructora. No obstante, el Banco de Desarrollo de América del Norte vuelve a financiar el mismo proyecto por los mismos conceptos (construcción) en el año 2011 por un monto de 4.13 millones de dólares. Esto hace necesario aclarar la información técnica sobre los proyectos “repetidos” tal que se transparenten los procesos de gestión específicos.
En general, una posible explicación a la falta de obra hidráulica y de autosuficiencia financiera de los organismos operadores del Estado es la deficiente recaudación y los famosos programas de “borrones y cuentas nuevas” (en plural) de varias administraciones estatales. También, las malas decisiones gubernamentales de atraer y promover inversiones de empresas con supuestos grandes beneficios económicos y generación de empleos para la región, como el caso de usuarios intensivos del agua como la pretendida cervecera Constellation Brands en Mexicali, que solo generaría 600 empleos directos pero que consumiría 20 millones de metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a una quinta parte del consumo total de la CESPM, o con proyectos ampliamente criticados a nivel mundial debido al daño que ocasionan al medio ambiente como lo es la planta Desalinizadora de Rosarito que en su proyecto original enviaría la mitad del agua producida a San Diego, California, ambas iniciativas surgidas en administraciones estatales pasadas pero que trascienden y se promueven en las actuales.
El sector riego agrícola merece especial atención, pero no para satanizarlo, sino para ofrecer incentivos institucionales, económicos y regulatorios que permitan aprovechar las oportunidades que se tienen para rescatar volúmenes del orden del 2 al 4 por ciento y que solo en el Valle de Mexicali podría generar entre 70 y 100 millones de metros cúbicos al año. No obstante, una vez obtenidos dichos volúmenes, es imperativo llevar a cabo una re-asignación justa y consensuada que apoye a otros sectores productivos, sociales y ambientales sin que se afecten las condiciones del estratégico sector agro que produce alimentos para el mercado interno y la cadenas productivas de cultivos como trigo, alfalfa y algodonero en el Valle de Mexicali, así como hortalizas de exportación en éste valle y en la zona costa que generan riqueza y desarrollo regional.
Relacionado a los incentivos que se requieren, surge una interrogante mayúscula con la nueva política del agua que se pretende instaurar a través de la Conagua y la propuesta de una nueva Ley General de Aguas que mantiene muchos de los vicios de la aún vigente Ley de Aguas Nacionales que ha provocado concentración y acaparamientos de concesiones y desplazamientos de grupos vulnerables. Al respecto, existe la propuesta ciudadana alternativa que busca ubicar a la gente, a los pueblos originarios y al medio ambiente en el centro: ¿cuál es la prisa de la Conagua de solicitar, a cinco años del vencimiento de los plazos formales, adelantar las renovaciones de concesiones para extender el status quo hídrico actual hasta el año 2050? Por supuesto que un nuevo marco institucional y normativo es necesario para corregir el cúmulo de fallas de gestión del agua en el campo y la ciudad y para dar mayor protección al medio ambiente, en México y en Baja California, pero dicho marco debe promover el uso sustentable y acceso equitativo al recurso hídrico. Es importante subrayar que sobre las posibles soluciones a la deficiente gestión del agua que se ponen a consideración aquí, son la participación ciudadana amplia, con representación efectiva (no selectiva) y vigilancia social. Éste cambio radical podría eliminar los vicios de atención preferencial, de concentración de concesiones y de malos manejos que prevalecen en el sector agua .
Investigador en El Colegio de la Frontera Norte
Sede Mexicali
