Abroga Vega privatización del servicio de agua potable en BC

• Advierte que el próximo año vence tratado con Estados Unidos y la entidad enfrenta sequía
• La medida toma por sorpresa a manifestantes, que ya demandaban la renuncia del mandatario
• El titular de Infraestructura, principal promotor de la reforma, ausente en la firma del decreto

Mireya Cuéllar y Antonio Heras
La Jornada Baja California y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de enero de 2017, p. 27
Mexicali, BC.

Menos de dos días después de que unas 80 mil personas se manifestaron en el estado para repudiar el gasolinazo y la nueva Ley Estatal del Agua para Baja California, que privatizaba el servicio y aumentaba las tarifas al menos 20 por ciento, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid dio marcha atrás y frente a los medios de comunicación firmó la iniciativa para abrogarla.

Advirtió a los manifestantes que en Baja California la gente manda, pero debe tener claros los riesgos que el estado corre si no se toman medidas para hacer frente a la prolongada sequía en la región.

Además, dijo, en 2018 vence el Tratado de Aguas con Estados Unidos que permite a la península obtener agua del río Colorado, y el próximo 20 de enero Donald Trump tomará posesión como presidente de ese país.

El decreto, que se publicará en el Periódico Oficial de Baja California, fue firmado por el gobernador y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda. En la reunión también estuvo la oficial mayor, Loreto Quintero, pero no el principal promotor de la ley, Edmundo Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

El anuncio tomó por sorpresa a los activistas que mantienen ocupados el palacio de gobierno, la alcaldía, el Congreso local y la oficina de recaudación de rentas, toda vez que en su pliego petitorio incluye la revocación del cargo de los diputados que aprobaron la Ley del Agua, una iniciativa que elimine las ocho diputaciones plurinominales y la renuncia inmediata de Vega.

La reforma molestó a amplios sectores de la población, no sólo porque abría la puerta a la iniciativa privada en todo el proceso de suministro de agua, sino porque, con el argumento de recuperar las inversiones y obtener una utilidad razonable para las empresas participantes, se autorizaban aumentos mensuales y anuales y se permitía a los concesionarios cortar el servicio después de 90 días hábiles de retraso.

Asimismo, abrogaba todas las normas estatales y creaba el marco jurídico para resolver las necesidades de abasto con tres nuevas plantas desalinizadoras, que ya están en construcción, en un esquema de asociación pública-privada. Una de ellas, la de Rosarito, será la más grande de América Latina.

También sentaba las bases para que dichas plantas vendieran el agua a los organismos estatales que actualmente la administran y distribuyen.

Las disposiciones abrogadas (159 artículos y 20 transitorios) garantizaban que las concesiones, a 30 años con posibilidad de renovación por un periodo igual, serían económicamente rentables.

La Ley del Agua fue aprobada el 20 de diciembre de 2016 por la mayoría panista en el Congreso local, con el apoyo de sus aliados de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Incluía un aumento de 20 por ciento a las tarifas a partir de 2017, e incrementarlo cada año sin necesidad de aprobación del Legislativo, además de actualizarlas cada mes con base en una fórmula que incluye la inflación, la unidad de medida y actualización, la estimación del gasto corriente, así como costos de operación fijos y variables del año.

Si bien fue el gasolinazo del gobierno federal lo que prendió la mecha para la toma de casetas, garitas y plazas públicas en ciudades fronterizas, los bajacalifornianos también tomaron en cuenta lo que consideran agravios de los gobiernos panistas y el movimiento amenazaba con radicalizarse. En los mítines ya no sólo se pedía la renuncia de Peña Nieto, sino también la del mandatario estatal.

El gobernador ya había intentado el jueves de la semana pasada contener la ola de manifestaciones al dar marcha atrás a una medida que obligaba a remplacar los automóviles del estado para recaudar fondos; anunció una reducción de 10 por ciento al salario de los funcionarios de primer nivel y prometió que no se comprarían más vehículos para uso oficial, entre otras medidas.

 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/estados/027n1est