Sobreexplotación y contaminación de acuíferos

En la colaboración anterior documentamos la irrefutable información sobre la presencia de arsénico en los cuerpos de agua dulce subterránea que subyacen en el subsuelo de la Comarca Lagunera, cuyas concentraciones por encima de los límites permisibles para la salud humana que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994) indican que en gran parte de estos depósitos se almacena y extrae agua contaminada.

La exposición estuvo dedicada a nuestros gobernantes que han mostrado poca sinceridad con los ciudadanos al declarar que este asunto ha sido resuelto con las medidas que tan tomado. Sin embargo, algunos lectores nos han pedido que también informemos sobre los antecedentes y causas que han provocado esta problemática, así como el impacto que tiene en la salud de las personas que ingieren agua contaminada con arsénico. En esta columna trataremos de abordar el primer aspecto, la siguiente semana el segundo.

Quizá debemos partir haciéndonos esta pregunta: ¿Cuando inició el desbalance hidráulico entre recarga y extracción de agua en nuestros acuíferos, particularmente del acuífero granular principal, el más importante de los ocho que existen el subsuelo de la Comarca Lagunera? Al parecer, considerando las fuentes de información oficiales fue en 1946, cuando empieza a operar la presa Lázaro Cárdenas.

Un reporte elaborado por personal técnico de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, 1986) publicado en la memoria de un evento de celebración de medio siglo de la reforma agraria en La Laguna, señala que dicha presa redujo la recarga en el acuífero principal en 440 Mm3, habiéndose estimado en 1945 que ésta era de 940 Mm3 mientras que la extracción de 830 Mm3, por lo que la recarga se reduce a 500 Mm3, pero la extracción se sube a 850 Mm3.

El problema es que a pesar de esta situación que quizá sólo conocían los técnicos de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), que antecedió a la SARH y posteriormente de esta última, dichas dependencias oficiales continuaron autorizando otorgar nuevas concesiones para perforar pozos en un entorno en que se cotizaba bien el precio del algodón (entonces monocultivo local) a nivel internacional por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, motivando a los agricultores laguneros a sembrar mayores superficies de cultivo con agua subterránea.

Tal conocimiento del abatimiento del acuífero principal conduce a que se apliquen vedas en la extracción para limitar el otorgamiento de dichas concesiones, de hecho, la primera de ellas ocurre en 1949 en un primer polígono, continuando otras cuatro sucesivas en 1952, 1958, 1965 y la última en 1981, medidas que fueron insuficientes porque sólo restringían la asignación de nuevas concesiones pero permitían operando las existentes, al grado tal que en 1957 había 3,873 pozos de los que se extrajo un volumen récord de 1,874 830 Mm3.

Dicha situación se agrava con el impulso que se dio a la cuenca lechera, ya que al operar un cambio en el patrón de cultivos que sustituye el algodonero por forrajes, algunos de éstos con mayor demanda de agua como sucede con la alfalfa, cultivo perenne que al sembrarse con métodos de riego no presurizados una hectárea requiere una lámina de riego anual de alrededor de 2.0 metros, es decir, 20,000 m3 o su equivalente en 20 millones de litros de agua.

Es posible que los métodos actuales utilizados para calcular la estimaciones de extracción y recarga sean más precisos que los de mediados del siglo pasado, o que la tecnificación de los sistemas de riego hayan aumentado la eficiencia en la aplicación del agua en los cultivos, también es cierto que se ha reducido el número de concesiones otorgadas o de pozos habilitados para realizar las extracciones (que no es lo mismo, puesto que se ha descubierto que en ocasiones son mayores los segundos que las primeras, pozos ilegales o clonados han sido detectados), pero también es cierto que no ha sido posible recuperar el desbalance hidráulico.

Se ha argumentado que anteriormente las regulaciones para extraer agua de pozos profundos eran más laxas, que la fecha en que se exigió a la autoridad realizara los estudios técnicos que determinaran los volúmenes disponibles para evitar o acotar la sobreexplotación de los acuíferos fue posterior al otorgamiento de concesiones, y que una vez asignadas estas los usuarios creaban derechos que les permiten defenderse y continuar utilizándolas, pero también debe reconocerse que a pesar de haber realizado y publicado dichos estudios técnicos la relación entre volúmenes concesionados y extraídos sigue siendo significativa.

Lo cierto es que el último estudio para determinar la disponibilidad del acuífero principal, realizado en 2015, indica que la sobreexplotación continúa al extraerse 930.9 Mm3, cuando se han concesionado 642.4 Mm3 y sólo se recargan 518.9 Mm3, es decir, sigue extrayéndose ilícitamente el increíble volumen de 306.5 Mm3 no concesionado. Mientras esta situación persista, mientras no se apliquen soluciones enfocadas a reducir el balance hidráulico, primero entre los volúmenes concesionados y extraídos, así como a controlar las extracciones ilegales, las medidas tomadas sólo serán emergentes y temporales, como sucede con la instalación de filtros que secuestren el arsénico en los pozos donde se extrae agua para usos domésticos o el proyecto de potabilizar agua del río Nazas. Por consecuencia, continuará la sobreexplotación.