Los de Lento Aprendizaje Queremos Discutir la Ley General de Aguas

La casi aprobación “fast-track” de los diputados de una Ley General de Aguas promovida por CONAGUA (también llamada Ley Korenfeld) desató una reacción social poco vista en sólo un fin de semana. Muchos académicos y organizaciones sociales vimos como una afrenta que esta ley, tan importante para la sostenibilidad del país, se aceptara sin discutir o siquiera mencionar que existía otra iniciativa de Ley (promovida por la ciudadanía) y que algunos senadores habían hecho suya. Afortunadamente, la presión social detuvo el “fast-track”, lo que generó molestia de algunos líderes parlamentarios mostrada en las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones que, con esa soberbia ya típica del político mexicano subido en su ladrillo, catalogó a los opositores como de “Lento Aprendizaje”. Podríamos analizar sobre su desprecio por la sociedad, la academia y las nuevas reglas democráticas, pues esta expresión se suma al “ya me cansé” “la verdad histórica” y “Aunque no estoy obligada a explicar mi casa, lo voy a hacer”, pero este escrito se quiere centrar en analizar los puntos de las dos leyes propuestas sobre el manejo del agua.

Como miembro de la sociedad y como académico, quiero que la discusión se centre en las dos propuestas. Sólo de esta manera se pueden contrastar los elementos que tiene cada una. Pueden haber diferentes enfoques de comparación, y este escrito busca generar uno en particular sobre las bases (paradigmas diría T. Kuhn) de cada una de las propuestas que están detrás de las leyes.

Quizá en donde más contrastan los paradigmas de estas dos iniciativas de ley es en el papel del agua en el ecosistema. Para la Ley Ciudadana, el ciclo del agua es fundamental para mantener el funcionamiento del ecosistema y de ahí que la sociedad nos beneficiemos de sus procesos. Al considerar al agua dentro del ecosistema, no sólo nos beneficiamos de ella, también de los factores que están relacionados como el clima, la diversidad, la producción de alimentos e incluso la cultura. Además, si se trabaja junto con los procesos de los ecosistemas, la eficiencia es mucho mayor (por ejemplo, no hay una planta de tratamiento más eficiente que la que genera la naturaleza) y el costo operativo es mucho menor.

Pero trabajar con la naturaleza tiene costos de oportunidad, pues se necesita conservar espacios para que las dinámicas del ecosistema funcionen, lo que significa perder terrenos para vivienda, fábricas, o invernaderos. Otro costo se basa en la necesidad de restaurar y proteger zonas naturales. Pero la Ley Ciudadana considera que el costo de conservar la tierra para que funcionen estos procesos es mucho menor que los beneficios de tener agua para todos. Entre otras cosas, esto se debe a que la conservación también reduce la vulnerabilidad de la sociedad frente a los eventos extremos generados por el cambio climático. Los ecosistemas conservados no sólo proveen de agua, también reducen los efectos de las sequías e inundaciones que produce el cambio climático al aumentar la resiliencia del ecosistema donde vivimos. Bajo esta lógica, el Derecho Humano al agua se mantiene, puesto que la naturaleza no distingue las clases sociales o las capacidades monetarias para proveer el beneficio.

La Ley Korenfeld parte de la idea de que el ciclo del agua no puede existir sin infraestructura. Así, se explican todas estas declaraciones de sus defensores que indican que las ciudades no pueden subsistir sin los “trasvases” (lo que significa pasar agua de una cuenca -o ecosistema- a la otra). El trasvase altera por completo el ciclo del agua en cada ecosistema, lo desangra, y extirpa el vital líquido, haciéndolo más seco y modificando toda su dinámica. Artificialmente está inyectando el agua a otro sitio.

La ingeniería hidráulica es la que domina la lógica de la ley Korenfeld que sería financiada por inversionistas. Aún cuando son pieza fundamental en la discusión, el manejo del agua es complejo y por lo tanto necesita también de discusiones en ecología, antropología, sociología, economía, leyes, entre otros. El resultado de una visión ingeniería-inversión genera una propuesta de ley en la que la naturaleza no existe, y menos existe sin infraestructura.

Los beneficios de la Ley Korenfeld se miden en que se pueden utilizar todos los espacios que se necesiten para la construcción, puesto que siempre habrá infraestructura para solucionar los efectos negativos de esta invasión, lo cual generará más inversión. Los costos de esta visión se basan en que se tiene que trabajar en contra de los procesos naturales y eso cuesta, pues cada día tiene que generar más infraestructura para contener estos procesos. Al volverse el agua un elemento más escaso, el costo energético es muy alto para extraerla (de pozos cada vez más profundos) trasvasarla (transportarla por cordilleras), desalinizarla o purificarla (con platas de tratamiento). Por lo tanto, se vuelve insustentable, pero de alta ganancia en el corto plazo para algunos inversionistas.

Pero también cuesta en la reducción de la calidad de vida y hasta de vidas humanas. La tecnología y la infraestructura tienen que mantenerse en el tiempo y, aceptémoslo, no somos el país que se distingue por mantener infraestructura. Como ejemplo, en el DF sólo se utiliza la mitad del potencial de las plantas de tratamiento por falta de mantenimiento. Además, por más avanzada y bien mantenida que esté la tecnología, puede fallar. Sólo hay que analizar lo que pasó en Nueva Orleans con el huracán Katrina. A estos costos de más energía e infraestructura que mal-sustituye a la naturaleza habrá que incluir el costo en el aumento de la vulnerabilidad social frente al cambio climático. Los eventos extremos como sequías y tormentas serán cada día más grandes y comunes y la infraestructura siempre será rebasada. En resumen, la Ley Korenfeld nos llevará a tener procesos cada día más costosos y ser más vulnerables al cambio climático, limitando los procesos de adaptación al mismo.

La consecuencia de esta diferencia se refleja en la economía, las interacciones sociales y el Derecho Humano al Agua. La Ley Ciudadana sí considera que es necesaria la infraestructura y evalúa los problemas económicos y sociales asociados a su distribución y purificación. Pero la lógica de la Ley Ciudadana es el empoderamiento de los ciudadanos para hacer un manejo racional del agua y de los ecosistemas que proveen del vital líquido. Esto significa que le da más peso a la infraestructura “social” que a la de “concreto” en donde ciudadanos informados tienen que trabajar junto con el Estado para promover una vigilancia tanto de los derechos humanos como del mantenimiento de la naturaleza. La apuesta es grande, pues generar la infraestructura social involucra trabajar bien en equipo, estando informados y generando propuestas constantemente. Pero si se logra, esta infraestructura “social» tiene grandes beneficios y el costo económico y social serán mucho más bajos tanto ahora como enfrentando el cambio climático.

Por el contrario, la Ley Korenfeld le apuesta a la infraestructura de “concreto” que necesita financiamiento. Como el Estado no cuenta con suficientes recursos, la ley promueve la intervención de la iniciativa privada. Así que la Ley Korenfeld mata dos pájaros de un tiro: por un lado el concreto solucionaría el manejo y distribución del agua y por otro promueve los negocios, lo que ellos sinonimizan con la palabra “desarrollo”. Así pues no se privatizaría el líquido, pero sí su extracción, limpieza, transporte y distribución. De esta manera el mercado (las financiadoras nacionales e internacionales) controlarían el recurso.

Para la sociedad, el costo aumenta en varios aspectos. De manera directa, los inversionistas se rigen por el costo/beneficio, por lo que el precio tiene que ser suficientemente alto para que tengan ganancias. Además, la competencia juega tanto para el proveedor como para el cliente. Si un cliente (el “fracking”, por ejemplo) tiene mayor capacidad de pago, la empresa distribuidora no dudará en enviar el vital líquido al mejor postor. Poner al Derecho Humano de este vital líquido en una dinámica en la que si no hay ganancia, no hay negocio; y esto es muy riesgoso para el estado y la sociedad. Por ello, aún cuando en esta propuesta de Ley existe el concepto de “Derechos Humanos” en varios artículos, el objetivo está en contra de este concepto.

Pero existe otro costo, el indirecto: la dinámica costo/beneficio nunca incluye las externalidades que las empresas producen al hacer negocio. Las externalidades son todos los efectos que una empresa hace a la naturaleza y que todos los demás tenemos que pagar. No me refiero sólo a la contaminación que una empresa hace a un río o lago, me refiero a efectos más difusos pero aún así graves. Por ejemplo, la tala de árboles aumenta las enfermedades respiratorias en zonas urbanas. Una constructora que tira árboles para hacer una vialidad no paga el doctor o medicinas de todos los que se enferman de gripa por la falta de árboles.

Manejar el bien agua es algo fundamental para una sociedad, puesto que involucra la vida misma de sus habitantes y también del ecosistema donde ellos viven. Las dos propuestas de Ley son incompatibles en su base y tienen repercusiones muy grandes en el futuro y la sostenibilidad de este país.

El centro de la Ley Korenfeld no es el agua sino facilitar el financiamiento para extraerla, purificarla y distribuirla. En la propuesta de la Ley Ciudadana, el centro es el agua dentro de su medio natural y su uso por toda la sociedad.

Debo de admitir que sí somos de “Lento Aprendizaje”. Nos ha llevado más de 400 años darnos cuenta que la infraestructura de concreto por sí sola no resolverá el manejo del agua, y en muchos casos lo empeora. Así lo demuestra la historia de la Ciudad de México, desde el Tajo de Nochistongo (1609) hasta el actual Túnel Emisor Oriente. Es momento de apostarle a la otra infraestructura, la social, que busca una nueva forma de generar más garantías para que tengamos agua en el futuro, trabajando con la naturaleza. Si seguimos sin aprender, las garantías en Ley Korenfeld serán para los inversionistas y financiadoras, y quizá sólo algunos de sus dueños podrán pagar el agua limpia cuando se venga una sequía por el cambio climático.