A 5 años del derrame de Buenavista del Cobre. El gran beneficiado fue Grupo México.
Dr. Héctor Vega Deloya
El 6 de agosto es una fecha muy importante. Tuve la oportunidad de que la organización PODER me enviara como avanzada de un proyecto respaldado por un gran grupo de trabajo. Mi pequeña aportación fue la de abrir camino y sembrar semilla en las comunidades del río (un sonero perdido).
Como saldo de esa experiencia y el compromiso con la gente del río y en reciprocidad al afecto, solidaridad y cariño que encontré terminé por quedarme a vivir en Sonora. Entré a ser miembro de una valiosa comunidad académica en la Universidad de Sonora, promoví con mis colegas una licenciatura en Antropología y me enfoqué en que tuviera un perfil especializante en Antropología Ambiental, justo para formar especialistas enfocados al estudio e intervención de las grandes problemáticas socio-ecológicos que se presentan en esta región. Estoy muy contento porque en una semana iniciará cursos la primera generación de antropólogos ambientales de Sonora y tendré el honor de coordinar este proyecto.
Cada aniversario del derrame, en lo personal, siempre es un momento de reflexión, de mis experiencias personales como investigador y defensor de derechos humanos, unas veces lo he pasado organizando eventos en el río, otras veces escuchando a los compañeros y compañeras afectados por el derrame, otras veces simplemente visitando a las comunidades y haciendo reuniones y pláticas. Este año, 2019, lo pasaré en mi oficina, trabajando. No obstante, siempre presente y en sororidad con la gente afectada.
Y la reflexión de este año, por todo lo que pienso acerca del derrame, de lo que sucedió, viví en la lucha los primeros meses y años, las pláticas, reuniones, cientos de horas de carretera, visitas a los juzgados, etc, es que este año es diferente.
No podría pasarse por alto que el contexto político es diferente en lo federal, tanto el triunfo de López Obrador como la designación del Dr. Víctor Toledo en SEMARNAT y la Dra. Blanca Jiménez en CONAGUA, la elección de diputados locales y federales y delegados estatales de rubros estratégicos para el caso río Sonora que provienen de sectores de lucha social, es sin duda un panorama esperanzador.
Recuerdo que justo antes de las últimas elecciones hablé con varios amigos del río sobre de lo importante que ellos, los activistas, los que se han esforzado por defender a sus comunidades, tomaran la batuta y se lanzaran a ocupar los cargos de elección popular. Lamentablemente los habitantes del río Sonora involucrados en la defensa de sus derechos decidieron no vincularse en las campañas por las alcaldías. Faltará agotar ese campo en las próximas elecciones, porque sin duda el gobierno municipal está siendo clave en el caso, pues termina siendo uno de los pocos espacios de influencia del antiguo régimen priista y el poder de las empresas mineras.
Pero a pesar de que el panorama es esperanzador, hay que reconocer que a 5 años del derrame, por ahora el gran ganador sigue siendo Grupo México. Primero, el sistema de justicia mexicano no se transformado en el primer año de administración de izquierda, y las demandas de amparo que se promovieron en 2015 y 2016 apenas están siendo revisadas y resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, son procesos de acceso a la justicia ambiental sumamente lentos y no hay muestras de que se quiera cambiar ese sistema.
Por otra parte, Grupo México logró un gran paso en su operación política para acceder al territorio y los recursos de la cuenca del río Sonora, al promover con sus operadores políticos (diputados locales plurinominales de partidos como PANAL, PRI y PAN) que argumentaron primero el cierre del Fideicomiso y posteriormente la vergonzosa Ley de Zona Económica Especial Río Sonora. Qué gravedad implica esto.
Primero, el cierre del Fideicomiso es un hecho gravísimo, tanto por las argumentaciones vertidas como por la falta de transparencia para justificar que ya no eran necesarios esos recursos. Por ejemplo informes de remediación que son confidenciales y pagados por la misma empresa. Segundo, porque los recursos fueron asignados de manera irracional y en rubros que no lograron la remediación ambiental, la reactivación económica, las garantías de no repetición, el monitoreo ambiental durante 15 años, los resarcimientos económicos efectivos para los productores locales, la instalación de infraestructura ambiental (particularmente para suministro de agua libre de metales pesados) y el seguimiento a los afectados a la salud (el 6 de agosto del 2019 termina el contrato de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica). Sin estos objetivos cumplidos el consejo técnico del fideicomiso, conformado por Rodolfo Lacy Tamayo y los directivos de la mina, deciden dudosamente que se cierra el fideicomiso y se le reembolsan a la empresa 751 millones que no se ejercieron. Dudosa decisión, cuestionable y vergonzosa.
Una vez terminado el fideicomiso, se propone que para remediar lo que no hizo el fideicomiso se solucione a partir de una ley de zona económica especial. Dicha ley quita autonomía a los ayuntamientos y les obliga a someter sus planes de desarrollo a las necesidades de las empresas detonadoras de empleo en el río, es decir, el clúster minero. Obliga a comprometer todos los recursos municipales para dar facilidades a las empresas, ya sea financieras, políticas o jurídicas y territoriales. Tiene dentro de su consejo técnico al banco internacional NadBank, creado para que los ayuntamientos puedan solicitar deuda pública para infraestructura hídrica. Es decir, endeudamiento presupuestal. Además, es una ley anti-histórica, intenta borrar la memoria del peor desastre minero de la región y hacer que se olvide la responsabilidad ambiental de Grupo México, dándole todos los espacios posibles para dar dinero a pequeñas obras de caridad que son anunciadas con bombo y platillo por los gobiernos municipales, haciendo ver a esta empresa como un gran donador y caritativo grupo industrial.
Y finalmente, en términos estrictos, a 5 años del derrame se puede observar un gran avance del proyecto minero de Grupo México en Buenavista del Cobre. Muy por el contrario de ser castigado, regulado y limitada su operación, la empresa, muy a pesar de haber demostrado la incapacidad de operación y la fragilidad de sus mecanismos para contener un derrame, después de aquel 6 de agosto de 2014 y una vez levantados los sellos de clausura (noviembre del 2014), finalmente echó a andar sus tres proyectos mineros ESDE I, ESDE II y ESDE III, pasando de operar su procesos de lixiviación de 71,000 a 274,000 litros por segundo.
Esto significa un gran impacto para la cuenca en dos sentidos, por una parte el aumento del riesgo latente a otro derrame, ya que la ampliación del proyecto minero de Buenavista del Cobre tiene implícito el aumento de las piletas de lixiviación y sobre todo la Nueva Presa de Jales, que se sitúa a tan solo 20 kilómetros de la comunidad Bacánuchi y que tiene contemplado construir una cortina de 10 kilómetros de largo por 20 de alto, que será llenada con residuos de la extracción por lixiviación, que se acumularán durante 50 años con la esperanza que nunca se rompa el bordo y ocasione un gran derrame. Mientras tanto, filtrará metales pesados al subsuelo, contaminando la cuenca alta del río Bacánuchi y río Sonora.
Por otra parte, este gran proyecto de ampliación deja en un gran estado de déficit hídrico a todos los usuarios del agua del río Bacánuchi-Sonora, pues la empresa se convirtió en el gran acaparador de agua para poder lograr sus objetivos de crecimiento. De este modo entre 2014 y 2018 le fueron otorgados 10 permisos de concesión de pozos de agua con una capacidad total de 8,000,000 m3/Año, para así tener un total de 109 pozos concesionados a su razón social con un volumen de consumo de 53,387,232.8 m3/Año (datos de CONAGUA, sin contar otros 50 permisos a nombre de otros ejidos y particulares que de manera irregular le rentan a la mina el permiso). Este volumen de agua la convierte en la mayor empresa acaparadora de agua de toda la cuenca alta del río Sonora y la mayor consumidora de agua de la industria extractiva del Estado de Sonora. Sin duda, a pesar del daño que ocasionó con el derrame, al final nuevamente la empresa fue premiada.
Luego de esto no hay más alternativas que seguir luchando en los juzgados, seguir investigando y presentando los avances de las investigaciones a las comunidades, hay que seguir gestionando políticamente soluciones en el marco del nuevo gobierno federal, hay que seguir generando alianzas nacionales e internacionales para que el caso no se sepulte en el maremágnum de conflictividades sociales del país, hay que seguir generando especialistas, seguir denunciando en foros nacionales e internacionales la gravedad del caso río Sonora, seguir capacitando a los habitantes y afectados, hay que generar alternativas técnicas y tecnológicas para solucionar los problemas inmediatos de acceso al agua de calidad y sin riesgos para la salud, seguir presionando para que el Fideicomiso no solo se vuelva a abrir sino que Grupo México aporte más fondos para la solución de las problemáticas ambientales generadas por el derrame, seguir en la lucha, y sobre todo, en vísperas de las elecciones para gobernador en el Estado de Sonora, se tiene que desenmascarar a los que juegan a favor de la impunidad, a los que operan a favor de Grupo México, a los que prefieren no hacer nada para que no sean investigados por corrupción o conflicto de interés. Hay que hacer alianzas, organizarnos, capacitarnos, no dividirnos y prepararnos para tomar el poder y recuperar el Estado de las manos de las empresas mineras.
¡Justicia para Bacánuchi!
¡Justicia para el río Sonora!
