Sobre la exportación de agua desalinizada

 

Según un reportaje de la edición #27 de Newsweek Baja California, los planes para exportar agua a Estados Unidos se encuentran actualmente detenidos (por ahora). En la nota se argumenta que el acueducto para la exportación del líquido a San Diego fue rechazado por Semarnat y que Conagua le notificó a NSC Agua (una de las empresas que componen Aguas de Rosarito) que el agua es un bien nacional y por lo tanto no se puede exportar. ¿De verdad nos creen ingenuos los impulsores de la exportación? Veamos: Una empresa, Aguas de Rosarito, filial de importantes transnacionales en el mercado de agua a nivel mundial (con Suez Environment, en primer lugar), compañías que ejercen una enorme influencia sobre los organismos internacionales encargados de las políticas públicas en materia hídrica[1] (principales impulsores de la privatización del líquido a escala global) y expertas en legislación sobre aguas, comienza negociaciones en ambos lados de la frontera, estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, procedimientos legales, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, participación en los concursos de APPs, firma de millonarios contratos, incluso la obtención de un permiso presidencial en el lado estadounidense para la construcción de infraestructura hídrica transfronteriza (otorgado por Donald Trump en mayo pasado), todo esto con la intención de vender agua desalinizada al Distrito de Agua de Otay en San Diego, SIN SABER QUE EL AGUA NO SE PUEDE VENDER A ESTADOS UNIDOS PORQUE ES UN BIEN NACIONAL. Ni ellos se lo creen. ¿Entonces? ¿Por qué impulsar la exportación el agua si -aparentemente- no está permitido hacerlo, como argumenta Conagua? Intentemos conjeturar una respuesta.

 

Existen múltiples fuentes de distinta índole que confirman los planes para exportar una parte del agua producida en la planta desalinizadora de Rosarito. De acuerdo a dicha información, estos planes datan de hace más de 10 años y sólo pudieron concretarse en los últimos tres años, justo después del agravamiento de la crisis hídrica en California. A su vez, existen múltiples irregularidades e indicios de corrupción y tráfico de influencias en las negociaciones en torno a la producción y exportación de agua desalinizada que involucran a políticos locales y a la actual administración estatal de Baja California, encabezada por el gobernador Francisco “Kiko” Vega.

En una publicación anterior, analizamos los planes y proyectos en torno al negocio de exportación de agua, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y las plantas desalinizadoras. En dicha publicación examinamos el conjunto de proyectos de infraestructura relacionados con la exportación del líquido a California: Del lado mexicano, aparte de la planta desalinizadora, las infraestructuras incluyen dos acueductos, el Rosarito-El Florido y El Florido-Otay. Del lado estadounidense, el proyecto complementario es el Proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de la Mesa de Otay (Otay Mesa Conveyance and Disinfection System Project) [Ver mapa principal].

De acuerdo a Semarnat, los trámites para evaluar los proyectos correspondientes a Baja California comenzaron en 2014, a la par de que se presentaba en el congreso federal la llamada “Ley Korenfeld”, ley de aguas nacionales que profundizaba en todo el país la privatización de los recursos hídricos y su comercialización. Existe información en la que se señala que Mekorot, la compañía nacional de aguas de Israel, en conjunto con instituciones financieras y bancarias multinacionales, asesoraron a Conagua en la elaboración de dicha ley. A su vez, Mekorot fue señalada en una investigación periodística como una de las principales empresas a beneficiarse con la abrogada Ley de Aguas de Baja California y la privatización de los organismos operadores. Existen indicios para sospechar que Mekorot también asesoró al gobierno de Baja California en la elaboración de esta última ley, promovida por el gobernador Kiko Vega[2]. ¿Serían marcos jurídicos suficientes para permitir la exportación de agua? ¿Tendrían en mente estas leyes las empresas que pretenden hacer un negocio con la venta de agua desalinizada a California? ¿La sola privatización del servicio de agua permite o facilita la venta del agua en mercados internacionales?

Cabe señalar que las más grandes plantas desalinizadoras en el mundo se encuentran en Israel, país que es considerado el líder global en la industria del agua (desalinización, tratamiento, etc.). De hecho, otra empresa israelí, Israel Desalination Enterprises (IDE) Technologies, junto con Poseidon Water, construyó y opera, bajo un esquema de asociación público-privada (APP), la planta desalinizadora de Carlsbad, California, planta que es actualmente la más grande en su tipo en el hemisferio occidental y que suministra agua al condado de San Diego[3]. Asimismo, la APP para la construcción de la desalinizadora del Valle de San Quintín -Sistema Integral Hídrico de San Quintín- fue otorgada a la empresa Desaladora Kenton, filial de RWL Water, propiedad del millonario en la industria de medios, Ronald S. Lauder, presidente del Consejo Judío Mundial y con fuertes vínculos con el gobierno de Israel. De esta forma vemos que hay una fuerte presencia de empresas transnacionales israelíes en la región de las Californias, haciendo negocios con la producción y comercialización del líquido.

Por otra parte, las manifestaciones de impacto ambiental de la Planta Desalinizadora de Rosarito y del Acueducto Rosarito-El Florido fueron ingresadas por NSC Agua en la delegación estatal de Semarnat el 29 de mayo de 2014[4], mientras que la convocatoria pública para la adjudicación del contrato de APP para la “Construcción, financiamiento y operación de una planta desalinizadora en el municipio de Playas de Rosarito” fue publicada el 6 de noviembre de 2015 y su fallo fue emitido el 15 de junio de 2016, en la que resultó ganadora la propuesta de Aguas de Rosarito, compuesta por NSC Agua en consorcio con NuWater y Degremont[5]. Es decir, NSC Agua comenzó trámites en Semarnat para la evaluación de la MIA de la desalinizadora de Rosarito un año y medio antes de que se publicara la convocatoria a la APP para su construcción. Más aún, el trámite fue hecho incluso antes de la aprobación de la actual Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual se realizó el 22 agosto de 2014. En la MIA de la planta se especifica justo las mismas dimensiones, capacidad y objetivo que la APP que se presentó año y medio después. Esto nos da fuertes indicios para suponer que el concurso de APP fue una simulación para otorgar el proyecto de NSC Agua.

La empresa N.S.C. Agua SA de CV (Norte Sur -¿la “C” será de California?- Agua) fue creada en Tijuana en 2010 con el objeto social de “La desalinización, tratamiento y distribución de agua para su comercialización (…)”. Los accionistas propietarios que constituyeron la empresa son Alejandro de la Vega Valladolid, Gough Thompson (de EWG Water) y Víctor Vilaplana (abogado de San Diego), en alianza con Consolidated Water, empresa trasnacional de las Islas Cayman. Desde 2012 Thompson y Consolidated Water se han demandado mutuamente respecto a operaciones bajo las que esta última se apropió del 99.9% de las acciones de la empresa, en complicidad con De la Vega Valladolid[6]. Este último al parecer es pariente del actual secretario de fomento agropecuario del estado, Manuel Valladolid, y ha sido vinculado anteriormente en negocios con Jorge Hank Rhon[7].

En cuanto a la cancelación del acueducto El Florido-Otay, en efecto, de acuerdo al resolutivo de Semarnat sobre la evaluación de su manifestación de impacto ambiental, la cual fue presentada por NSC Agua el 10 de septiembre de 2014, el trámite de aprobación de dicho proyecto fue negado debido a que la empresa no cumplió con el requisito de publicar en un periódico de amplia circulación un extracto de la MIA dentro de los siguientes cinco días posteriores a su ingreso. El plazo para realizar dicha publicación era el 18 de septiembre de dicho año y la compañía publicó el extracto en el periódico Frontera el 20 de septiembre. Es decir, a la empresa la negaron el trámite de evaluación de impacto ambiental porque se pasó por dos días del plazo para hacer público el ingreso del trámite. Un simple error provocó la suspensión del proyecto. Por otra parte, en el resolutivo se reitera que la empresa tiene los derechos para volver a presentar la manifestación de impacto ambiental del acueducto, siempre y cuando lo haga en tiempo y forma bajo las disposiciones legales vigentes. ¿Por qué no volvieron a ingresar el trámite si era muy fácil enmendar el error cometido?

El proyecto de Sistema de Conducción y Desinfección de la Mesa de Otay es la parte complementaria en el lado estadounidense para operar el negocio transfronterizo del agua. Los trámites para la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés) del proyecto comenzaron en noviembre de 2014 y fueron presentados por el Distrito de Agua de Otay y el Departamento de Estado de EU[8]. El 16 de mayo de 2017 se recibió el permiso presidencial por parte de Donald Trump para construir el acueducto que inicia en la frontera con México. El permiso autoriza al Distrito a “adquirir y transportar agua de la planta desalinizadora de $421 millones de Aguas de Rosarito ubicada en Rosarito, Baja California, México, es un componente de los esfuerzos del Distrito para diversificar sus fuentes de agua. La planta de Rosarito podría, potencialmente, producir agua para cubrir hasta dos tercios del uso proyectado de agua por parte del Distrito hacia 2024”[9]. ¿Por qué continúan los planes para la importación de agua del lado norteamericano si el agua no se puede exportar y si está cancelado el acueducto complementario? ¿Acaso NSC Agua no le ha informado a su contraparte estadounidense que el agua no se puede exportar, por lo que no tiene caso continuar con los trámites?

En el sitio web del Distrito de Agua de Otay existe una página con información sobre la desalinizadora de Rosarito, en la que se explicita claramente que el objetivo del proyecto es importar agua desalinizada desde la planta construida en Rosarito por NSC Agua. Asimismo, se afirma que las MIAs de los tres proyectos relacionados en el lado mexicano, esto es, la desalinizadora y los acueductos obtuvieron la aprobación por parte de Semarnat[10]. Como lo mostramos líneas arriba, esta afirmación es falsa ya que el trámite de la evaluación ambiental del acueducto El Florido-Otay fue suspendido. ¿Acaso NSC Agua no le notificó esta información al Distrito de Agua de Otay? ¿Por qué se afirma que el acueducto sí está aprobado? ¿Será porque es relativamente fácil reactivar la evaluación del proyecto? ¿Qué los detuvo en esta empresa?

Las minutas de reuniones del Distrito de Agua de Otay confirman las negociaciones en torno a la exportación del agua, las cuales han sido expuestas recientemente en varios medios[11]. En estos documentos aparecen los nombres de varios altos funcionarios involucrados en las negociaciones para la venta de agua al organismo operador de California, entre ellos, el secretario de desarrollo económico, Carlos Bonfante; el hoy alcalde de Tijuana y diputado federal en el momento de las negociaciones, Juan Manuel Gastelum; el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Germán Jesús Lizola Márquez; incluso Jaime Bonilla, ex-diputado federal, hoy presidente de Morena en el estado y quien fue funcionario del Distrito de Agua de Otay[12]. ¿Qué no sabía el director de la CEA que el agua no se puede exportar porque es un bien nacional? Si no lo sabía, debería -mínimamente- renunciar. Tantos funcionarios estatales y federales involucrados en las negociaciones para la exportación de agua y ninguno sabía que el líquido no se puede exportar.

Actualización: Las páginas sobre el proyecto de la Planta Desalinizadora de Rosarito y sobre el otorgamiento del permiso presidencial para el proyecto de agua transfronterizo (“Otay Receives Presidential Permit for Cross-Border Water Project”) contenidas en el sitio web del Distrito de Agua de Otay (otaywater.gov) fueron dadas de baja o borradas recientemente, aunque todavía se pueden consultar en la caché de google (aquí y aquí, respectivamente). ¿Con qué intención la eliminaron dichas páginas? Las dan de baja justo ahora que están saliendo a la luz pública en varios medios la información sobre las negociaciones en torno a la exportación de agua entre representantes del Distrito y funcionarios del gobierno de Baja California y con las que se están refutando las declaraciones del gobierno bajacaliforniano que niegan dichos hechos.

Otra fuente donde aparecen los planes para exportar agua son en las actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), particularmente en la 319 y 323. En dichas actas se establecen como “proyectos de nuevas fuentes de agua” las plantas desalinizadoras binacionales de Rosarito, Mar de Cortés y Río Nuevo. La misma comisión binacional encargada de las negociaciones en torno a las aguas transfronterizas no sabe que el agua no se puede exportar porque es un bien nacional. ¿O existe otra forma de hacerlo?

Otro aspecto que apunta hacia la exportación del agua desalinizada es el tamaño de la planta. La capacidad actual de abasto de agua potable de la CESPT es de 5,950 litros por segundo (lps), con lo que se cubre la demanda local de Rosarito y Tijuana. La desalinizadora de Rosarito, que está planeada para ser la más grande de América Latina -y del continente, incluso-, produciría 4,400 lps en su segunda etapa (la cual entraría en funcionamiento en 2024), lo que representa un 73.9% de agua extra, cuando según las estimaciones de distintas instituciones, la demanda de la zona costa en 2030 sólo crecerá un 20.5%[13]. En algunas declaraciones, funcionarios señalan que la opción de vender agua al Distrito de Otay era sólo con los excedentes que generara la planta, incluso se habla del 30% de su producción. En base a las cifras anteriores, la proyección es que del volumen total producido, más de la mitad sería agua extra o sobrante. Estos números coinciden con los reportados por el Distrito de Agua de Otay, en los que se señala que el distrito planea comprar inicialmente de 20 a 25 millones de galones por día (mgd) de los 100 mgd que produciría la planta, hasta incrementarse a 50 mgd (190 mil m3 diarios)[14]. Con esto vemos que desde un inicio, desde la formulación de la asociación público-privada y desde la elaboración del proyecto, la planta estaba planeada para producir excedentes de agua para su exportación a California.

Pero aquí no se termina la generación de excedentes. El costo de la APP para la construcción de la desalinizadora será pagado con la venta de agua a los clientes en Tijuana y Rosarito. Para pagar la multimillonaria deuda que conlleva el contrato de APP (casi 80 mil millones de pesos[15]) el precio del agua por metro cúbico se incrementará en la zona de abasto de la CESPT (el comprador). Producir agua desalinizada es muy costoso en términos energéticos. Actualmente para hacer funcionar el Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT) la CESPT paga a la CFE 54 millones de pesos al mes por consumo eléctrico, mientras que la desalinizadora pagará 173 millones de pesos mensuales, es decir, más del triple de lo que se paga hoy[16]. Esos costos se verán reflejados en el precio del consumo final. No tenemos el cálculo exacto del incremento del precio por metro cúbico, pero sin duda se elevará bastante, tal como ocurre con la desalinizadora de Ensenada[17]. En fin, si el precio del agua se incrementa drásticamente, la población más desposeída de Tijuana y Rosarito se verá obligada a reducir su consumo, y el sobrante en relación a lo que consumía antes será considerado excedente. Es decir, por poner un ejemplo, si dicha población, con la finalidad de ahorrar debido al incremento, consume un 20% menos de agua, la CESPT tendrá un 20% de excedente que podrá comercializar con otros clientes. Este es el mecanismo de despojo y exclusión que operan las leyes del mercado.

Otra forma de vender agua a California, que podría vincularse con los planes de construcción de la desalinizadora, es hacerlo de forma indirecta. En algunas fuentes se señala que dentro de las negociaciones en torno a la venta de agua al Distrito de Agua de Otay se ha mencionado esta modalidad de “exportación”. Las entregas indirectas de agua consistirían en intercambiar agua del Río Colorado por agua desalinizada. El Distrito de Agua de Otay, en conjunto con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) u otras instituciones, podrían negociar el financiamiento de la desalinizadora de Rosarito a cambio de que Tijuana reduzca el volumen de agua que recibe del ARCT. El agua excedente del Río Colorado simplemente no cruzaría la frontera hacia el sur, sino que se quedaría en Estados Unidos y la recibiría como intercambio el Distrito de Agua de Otay. El agua desalinizada podría fácilmente sustituir el volumen recibido por el acueducto[18]. Este mecanismo funcionaría a modo de un banco de agua. El Distrito de Agua de Otay y los demás entes interesados en la compra-venta (importación-exportación) de agua depositan capital (dinero) en el banco, que se traduce en agua desalinizada (o cualquier otra forma de producción de agua: tratamiento, conservación, etcétera), es decir, inversión para la producción de agua, mientras que la CESPT deposita su agua del Río Colorado. Así funciona el Banco de Agua del Lago Mead, pactado en el acta 319 del CILA, mediante el cual México acordó vender 153 millones de m3 de agua a Estados Unidos a cambio de inversión en proyectos de conservación en el Valle de Mexicali. Es decir, dicha agua no se exportó directamente, simplemente no fue recibida por México[19]. Cabe señalar que este banco opera un esquema que beneficia a Estados Unidos, ya que el depósito físico del agua (la bóveda bancaria) se encuentra en territorio estadounidense. Así también funciona el banco de agua del Organismo de Cuenca Península de Baja California, pero a nivel regional. Por ejemplo, una gran parte del volumen de agua asignado a la CESPT es de títulos correspondientes a pozos de agua ubicados en la Mesa Arenosa de San Luis, pero el agua física que recibe a través del ARCT no proviene de dichos pozos, sino del agua del Río Colorado distribuida por la red mayor de canales (mediante el canal Reforma). Toda el agua de los pozos de la Mesa Arenosa los recibe físicamente la ciudad de SLRC. Es decir, la CESPT deposita en el banco de agua el volumen que le corresponde de los pozos de la Mesa Arenosa y la “canjea” por agua del Río Colorado. El agua depositada en el “banco” se convierte en “agua en papel”, en derechos de agua intercambiables.

Pero si se intercambia agua desalinizada por agua del Río Colorado, el agua que recibirían los clientes de la CESPT podría ser más costosa y de menor calidad que la recibida actualmente a través del ARCT. Más aún, si la desalinizadora se financia mediante el BDAN, pero la deuda es adquirida –solidariamente– por el gobierno de Baja California, esto es, garantizada por nuestros impuestos y por las cuotas del servicio de agua de todos los clientes, se estaría utilizando el dinero del pueblo bajacaliforniano para financiar un esquema de despojo hídrico en beneficio de unas cuantas transnacionales y del mercado hídrico de California.

Para finalizar nos preguntamos: ¿Tenía alguna relación la abrogada Ley de aguas con la exportación del recurso y con estos esquemas de despojo? Pensamos que sí. Si las comisiones estatales de servicios públicos de la zona costa hubieran desaparecido como lo contemplaba la ley, para convertirse en un sólo organismo operador metropolitano privado (¿filial de Mekorot?), el cual compraría el agua producida por todas las desalinizadoras, a Aguas de Rosarito (y al gobierno entreguista) le resultaría más fácil comercializar el líquido, al venderlo y hacer negocio con otra compañía privada, siempre buscando la maximización de las ganancias, y exportarlo –bajo las leyes del mercado– a territorio estadounidense. Si el incremento inicial del 20% que pretendía la ley hubiera ocurrido y la consiguiente liberalización de la tarifa en 2018 (que implicaría -sin duda- su aumento constante), podría operar la forma de despojo que significa encarecer el servicio, reducir el consumo de la población y generar excedentes, permitiendo mercantilizar el líquido bajo un esquema de banco de agua. ¿Por qué insistir en dicho proyecto (la desalinizadora de Rosarito) si los negocios subyacentes están aparentemente detenidos tras la abrogación de la ley de aguas y el masivo rechazo a los mismos? Suponemos que sus impulsores buscan que en un futuro existan las condiciones para plantear de nuevo la privatización del agua y sus servicios y la exportación del recurso (quizá con una ley federal o de nuevo una estatal, o sin ellas, simplemente operándolo de facto). Probablemente las condiciones legales para la exportación serían las mismas con una nueva ley de aguas, pero el negocio para las trasnacionales sería mucho más rentable.

Si era inconcebible que se privatizaran las riquezas del subsuelo, como los hidrocarburos, recurso estratégico fundamental para la soberanía y desarrollo nacional, no parece algo desproporcionado el intentar ahora privatizar los recursos hídricos, entregarlos al capital privado transnacional y exportarlos a Estados Unidos. El problema es que el agua es el bien común más fundamental para la vida, el recurso más necesario para el desarrollo de cualquier sociedad. El pueblo bajacaliforniano sabe esto y lo defiende con la vida. Así lo hizo a inicios de este año, cuando con su fuerza movilizada logró someter al poder del gobierno y las trasnacionales.

El tema de la exportación de agua de Baja California a la Alta California no es un asunto local, ni estatal, ni incluso regional. Es un asunto nacional. Es una tema fundamental de soberanía mexicana. Es la cúspide de la entrega del territorio nacional a las transnacionales. Es la cima de la subordinación de México a Estados Unidos. De este tamaño tiene que ser la respuesta nacional frente a esta problemática.

 

Fuente: https://geografiaseptentrional.wordpress.com/2017/11/05/sobre-la-exportacion-de-agua-desalinizada/