PRESUPUESTO AGUA 2018: MEGAOBRAS IRREGULARES A COSTA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

Por cada peso dedicado a infraestructura local de agua y saneamiento, la propuesta del Ejecutivo para 2018 daría 3 pesos a megaproyectos cuyas graves irregularidades han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su mayoría contratados con corporaciones de personajes recientemente revelados a ser beneficios de paraísos fiscales.

El presupuesto 2018 profundizaría el severo recorte (de 72%) en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, violando el derecho humano al agua, ignorando este aspecto vital de la reconstrucción e intentando inducir la privatización.

Al señalar graves irregularidades en el ejercicio de recursos asignados a la Conagua así como severas deficiencias en su capacidad de administrar aguas nacionales, la ASF recomienda una reestructuración del organismo como condición necesaria para garantizar agua de calidad para las futuras generaciones.  A su vez, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen la coadyuvancia ciudadana en la gestión del agua.

Se propone aumentar significativamente el presupuesto asignado al agua y saneamiento; reasignar los recursos de los megaproyectos a proyectos locales de infraestructura de agua y saneamiento, priorizando a las poblaciones discriminadas y las afectadas por los sismos; y transferir recursos del rubro “Gestión Sustentable de las Aguas” a instancias de planeación y contraloría ciudadana, para corregir las severas deficiencias en el funcionamiento de la Conagua.

 

El Presupuesto de Egresos Federales 2018 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados muestra que la Conagua nuevamente busca desviar recursos públicos hacia grandes obras de cuestionable valor, en donde la Auditoría Superior de la Federación ya ha documentado graves irregularidades, sacrificando los recursos requeridos para la reconstrucción de los sistemas locales, la protección de las aguas nacionales y el cumplimiento con el derecho humano al agua.

Según la propuesta del Ejecutivo, el 36% del presupuesto de la Conagua se dedicaría a solo tres megaproyectos: Túnel Emisor Oriente 5.0 mil millones; Obras hidráulicas del NAICM 3.2 mil millones; Zapotillo 1.5 mil millones.  Solo 12% del presupuesto de la Conagua se dedicaría a las obras locales requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento.  Solo el 7% serían canalizados a infraestructura hidroagrícola, priorizando las zonas de agroexportación en el norte del país, a costa de una estrategia centrada en la autosuficiencia alimentaria a través de infraestructura de riego para agricultores familiares en el resto del país.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2016 publicados el 17 octubre, documentaron las siguientes irregularidades: ^[1][2] [3]

n  El Túnel Emisor Oriente, asignada en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo a un consorcio lidereado por el consorcio de uno de los principales mexicanos señalados por los Paradise Papers.  Dicha obra fue programado a concluirse en 2012 con un costo de $9.5 mil millones. Hasta la fecha, ha recibo $44 mil millones de pesos, sin garantías de concluirse en el futuro cercano.

n  El Proyecto Lago Tláhuac-Xico, ubicado en la zona más baja de toda la cuenca, y aprobado en sesión del Consejo de Cuenca del Valle de México el 15 abril 2010 (contando con las firmas de los entonces gobernadores y Jefe de Gobierno Peña Nieto, Osorio Chong y Marcelo Ebrart), permitiría almacenar las aguas pluviales del oriente, para la prevención de inundaciones y la provisión de agua potable para 1.2 millones de habitantes, a una fracción mínima del costo del Emisor Oriente y la cuarta etapa de Cutzamala.

n  El PEF 2018 asignaría 1,530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo, en un intento de violar su suspensión por mandato judicial (Controversia Constitucional 93/2012 promovida por el Congreso del estado de Jalisco), el cual dicta que NO se debe sobrepasar los 80 metros de altura ya alcanzados. Una de las principales constructoras, ABENGOA, ha renunciado al proyecto, y busca una indemnización que la percepción total de 4.3 mil millones, sin haber colocado un centímetro de tubo del Acueducto.  El Zapotillo es construido también por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) cuyo principal dueño es Carlos Slim,  al suspenderse la construcción de la presa en 2014, la CONAGUA tuvo que pagar  220 millones de pesos a la empresa FCC. Además de que el contrato de construcción obliga al gobierno mexicano a pagar desde entonces 19 millones de pesos mensuales por concepto de indemnización por inactividad de la obra.

n  En 2016, de una plantilla de 12,402 servidores públicos, la Conagua, responsable de 531,357 concesiones de aguas nacionales, solo contaba con 45 inspectores para realizar visitas de inspección.  Solo lograron visitar a 0.5% de las concesiones. De las 330 multas que resultaron, la Conagua solo cobró el 3%.

n  De los 191 cuerpos superficiales de agua considerados en serio proceso de deterioro, la Conagua solo realizó 28 estudios de calidad.

n  En 2015, la CONAGUA otorgó 1,124 concesiones en cuerpos de agua con déficit. De los 104 acuíferos con déficit de agua, solo 42 cuentan con decreto de veda.  Desde 2004, solo se ha logrado un decreto de una veda.

n  Desde el presupuesto 2017, se eliminó el presupuesto para los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, en violación del mandato constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales de contar con espacios de coadyuvancia ciudadana-gubernamental.

En su análisis de la capacidad de gobernanza de la Conagua^[4], la Auditoría Superior de la Federación concluye que: “Es imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras.” Propone que “se replantea la forma de administrar el agua.”

Además este presupuesto va en contra de al menos cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales México se ha comprometido, entre ellos Fin a la pobreza, Agua limpia y saneamiento, Ciudades y comunidades sostenibles, Consumo responsable y producción y Paz, justicia e instituciones fuertes.

En conclusión, señalamos que el 4º Artículo de la Constitución exige una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.  La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, junto con universidades y organizaciones afines en todo el país, hemos elaborado una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que cumple con estos criterios. Las propuestas que realizamos hoy demuestran el papel vital de la ciudadanía en corregir los desvíos, en aras de garantizar agua de calidad para las generaciones actuales y futuras.

Vigilaremos de cerca y difundiremos ampliamente las decisiones de los Legisladores en torno al proyecto del Ejecutivo para el Presupuesto Federal 2018.

Proponemos:

1. Aumentar anualmente los recursos públicos asignados al sector Agua hasta lograr el promedio mundial del 0.5% PIB (72.5 mil millones, frente a los actuales 26.5) — a través de su priorización en el presupuesto, y poniendo fin a las “negociaciones” de impuestos a las personas físicas y morales de mayores ingresos, las cuales actualmente resultan en una merma de unos 200 mil millones al año.

1. Reasignar los 9.8 mil millones actualmente designados para las obras Túnel Emisor Oriente, Obras hidráulicas NAICM y Zapotillo, para así lograr 13.2 mil millones para infraestructura local para agua y saneamiento, priorizando zonas discriminadas y las afectadas por los sismos. Instruir a la Conagua a lograr la reorientación de los 3.5 mil millones anuales del Fideicomiso 1928 sean dedicados al diseño y construcción del Lago Tláhuac-Xico.)

1. Reasignar 2.05 mil millones del rubro “Gestión Sustentable del Agua” a procesos de coadyuvancia gobierno-ciudadanía:
   1. Mil millones para la creación de Comisiones de Subcuenca con sus respectivos Planes Hídricos, recurso a ser manejado por las universidades públicas en las entidades federativas.
   2. Mil millones a la Auditoría Superior de la Federación y el Comité de Participación del Sistema Nacional Anti-Corrupción, para la puesta en marcha de una Contraloría Social del Agua, para corregir las actuales deficiencias en el desempeño de la Comisión Nacional del Agua
   3. Cincuenta millones para un programa para el reconocimiento y restauración de los derechos de los pueblos indígenas a sus fuentes históricas de agua, en cumplimiento con el Artículo 2 Constitucional y el Convenio 169 de la OIT, a ser administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Para más información:

Ø  Emisor Oriente, Obras Aeropuerto vs. Obras con mayores beneficios y menores costos: Elena Burns 5540906075

Ø  Presa y Acueducto Zapotillo:  María González Valencia, IMDEC  3311356138

Ø  Agua para la soberanía alimentaria, no para la minería, el fracking y la agroexportación:  Julio César Cervantes CCC  5518004725; José Narro Céspedes CNPA 5591986083

Ø  Gestión participativa de Cuencas: Helena Cotler, UCCS- CentroGeo 26152224

[1] Auditoría de Desempeño: 16-5-16B00-07-0415 415-DE de la Comisión Nacional del Agua, en materia de Protección de las Aguas Subterráneas, Auditoría Superior de la Federación, 9 junio 2017. http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0415_a.pdf

[2] Auditoría de Desempeño: 13-0-16B00-07-0144, DE-138 de la Comisión Nacional del Agua, en materia de Preservación del Agua en Cantidad, Auditoría Superior de la Federación, 31 marzo 2015.

[3] Sustentabilidad Hídrica del Valle de México. Auditoría núm. 473. Auditoría Superior de la Federación, 2015.

[4]Gobernabilidad del agua, Auditoría 458. Auditoría Superior de la Federación, 2015. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015/Documentos/Auditorias/2015_458.pdf