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Ahora que la coordinadora nacional Agua para Todos anuncia que el 4 de febrero presentará la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados a las 9:30 de la mañana, útil es recordar que la actual Ley de Aguas Nacionales fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -renegociado ahora como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC-, y su función principal fue remplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas de manera masiva «en orden de solicitud» por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.

Pedro Moctezuma y Elena Burns, investigadores, advierten que bajo la Ley de Aguas Nacionales (LAN), a lo largo de los años noventa, la Conagua otorgó masivamente concesiones a largo plazo -de 30 años para empresas y de 10 para pequeños productores- para todos los pozos y tomas existentes, bajo el supuesto de orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de agua superficial y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.

Funcionarios de la Conagua, desconcertados por éste proceso, comenzaron a referirse a los «pozos fantasma» de grandes empresas que especulaban con el agua. De inmediato surgió un vigoroso mercado de concesiones, el cual, según las intenciones de la LAN, iba a permitir que el agua quedara en manos de sectores y empresas más productivas y rentables.

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