Mitos y realidades de la privatización de los sistemas de agua potable
Acaba de presentarse en nuestro estado la nueva ley de asociaciones público-privadas, la cual promete generar las condiciones que faciliten la inversión privada en temas diversos. En la esfera Federal, hay también iniciativas y discursos que proponen y abren el camino privatizar los sistemas de agua potable. Es previsible que pronto surja en nuestro estado, o en el Municipio de La Paz, la posibilidad de privatizar o concesionar este vital líquido.
Si existe un servicio que por su naturaleza debe ser manejado por las comunidades, o por el estado con altos niveles de participación de la ciudadanía, es el abasto de agua potable. El acceso al agua es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y por la Constitución de nuestro país. A nivel mundial, se establece que todos tenemos derecho a agua 1) suficiente para uso personal y doméstico, 2) que el agua debe ser salubre, 3) de calidad aceptable, 4) físicamente accesible, y 5) asequible, es decir que su pago no debe superar el 3% del ingreso familiar.[1]
Un bien como el agua, irremplazable e indispensable no puede estar sujeto a leyes de mercado ni estar controlado por asociaciones público-privado. Esta aseveración no viene de dogmas, sino de principios que rigen la oferta y demanda de bienes como el agua.
Al no tener remplazos, la oferta y demanda del agua no se comporta como otros bienes y se convierte en un monopolio cuando se privatiza. No hay incentivos de mejorar el servicio pues nunca habrá competidores. La demanda es constante o va en aumento, pues bajo cualquier circunstancia, y a cualquier precio, todos necesitamos el agua.
La privatización aumenta los costos pues tiene que haber ganancias y recuperación de la inversión. Además, las taifas tienen que financiar un ente regulador que se encargue de monitorear al ente privado para asegurar que el servicio se está proveyendo conforme a la ley. Lamentablemente nuestro país tiene una pobre experiencia al respecto.
La infraestructura para extraer, tratar, distribuir agua y manejar el drenaje es costosa. Para obtener ganancias de algo que implica altos costos hay dos opciones: imponer tarifas altas o descuidar las inversiones futuras favoreciendo las ganancias inmediatas. En ambos escenarios perdemos los usuarios.
Bajo estas condiciones, no existen incentivos para que una empresa privada atienda las necesidades de los más desprotegidos. Tampoco existen instrumentos para obligarlos.
Por otro lado, aunque incipientes, hay mecanismos de rendición de cuentas que podemos acceder los ciudadanos para promover que las empresas públicas cumplan con su mandato. Los mecanismos para exigir lo mismo de los servicios privados cuando existe sólo un proveedor, son aún más complejos o inaccesibles. La iniciativa privada no está exenta de corrupción, por ello es mejor apostar a los mecanismos de control público.
Además, al estar en manos de empresas privadas extranjeras, se abre la puerta para que las disputas se resuelvan a partir de tratados internacionales, ante los cuales los usuarios y la opinión pública tendríamos escasa o nula de influencia y la experiencia evidencia que se tiende a favorecer al ente privado. Como referencia México es el cuarto país con más demandas a nivel mundial ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ya que lo reconoce como árbitro en sus tratados bilaterales y de libre comercio[2].
En economías emergentes como México, con devaluaciones, un riesgo adicional es que la inversión extranjera podría dictar tarifas ligadas al precio del dólar, casi siempre por encima de la inflación en nuestro país. Por otro lado, la inversión pública depende de nuestros impuestos y del pago del agua. Cuando los impuestos no son suficientes, los préstamos que puede acceder el gobierno tienen tasas de interés más accesibles.
Hay casos en todo el mundo, y en algunos municipios de México, que demuestran que la inversión privada no soluciona los problemas asociados con la distribución de agua. Tan solo entre el 2000 y 2014 hubo 180 casos a nivel mundial en que las ciudades decidieron re-municipalizar el servicio[3], es decir pasarlo nuevamente de manos privadas a públicas dado el fracaso de la administración privada. Indonesia, Argentina, Bolivia y Francia son algunos de los países donde la privatización ha traído altas tarifas, exclusión de usuarios sin capacidad de pago e inversión insuficiente para asegurar agua para todos.
Tampoco hay que ir muy lejos. Saltillo, Coahuila enfrenta actualmente una crisis pues la empresa privada, Aguas de Barcelona, no ha pagado a los ejidatarios por el uso del agua que distribuye durante los últimos años. Tras el colapso de sus cosechas por falta de agua, amenazan con limitar el acceso, lo cual dejaría sin agua a cerca del 20% de los usuarios. La empresa Aguas de Saltillo, donde Aguas de Barcelona es accionista, es ya señalada como la responsable de aumentar las tarifas por encima de lo estipulado, negarse a dar el servicio en colonias de bajos recursos y amenazar con demandas internacionales si el contrato es cancelado. Tampoco han invertido lo prometido en nueva infraestructura, lo cual deja fuera del servicio a muchos usuarios.[4]
Si dejamos el servicio de agua en manos de particulares, es fácil y aterrador imaginar el futuro. La Paz es una de las ciudades más áridas de México y con mayor crecimiento urbano. La demanda de agua supera la capacidad de abasto y cientos de familias carecen de agua en cantidad y calidad suficiente. Además, hay una creciente demanda del sector turístico y la constante amenaza de la minería, una de las industrias que más agua demanda y contamina. ¿Quién será privilegiado cuando el agua sea más escasa?, ¿Quién va a garantizar un acceso equitativo al agua cuando esté sujeta a las fuerzas del mercado?
El incremento en la demanda de agua, uso irracional, baja precipitación en la cuenca (240 mm/año de acuerdo con CONAGUA), ausencia de monitoreo, desempeño deficiente del OOMSAPAS, falta de espacios de concertación, medición deficiente y la falta de obras de conservación de suelo y recarga del acuífero, han provocado la sobreexplotación de los mantos y su consecuente intrusión salina. En resumen, no existe un manejo integral de la cuenca que permita aumentar la recarga, monitorear el estado del acuífero y manejar el agua considerando su disponibilidad, no sólo su creciente demanda.
Ninguno de estos problemas pueden resolverse desde el sector privado. Un bien escaso y de primera necesidad para todos, en manos de un particular, nos aleja aún más de garantizar el derecho humano al agua.
¿Y qué podemos hacer frente a este escenario? Primero, existe ya a nivel nacional un movimiento organizado para que la nueva Ley General de Aguas garantice el derecho humano al agua y saneamiento. Para informarte y participar, puedes visitarwww.aguaparatodos.org
La información es poder. Aprende más sobre la situación del agua en La Paz en nuestra página elaguaenlapaz.mx
En el momento de que surja el debate entre privatizar o no, debemos exigir que los usuarios del agua seamos tomados en cuenta.
Para saber más:
Te invitamos a consultar nuestro sitio elaguaenlapaz.mx, donde existe información sobre este recurso en nuestra ciudad.
La información sobre privatización del servicio de agua que sustenta este documento proviene de Blue Planet Project una organización que ha producido una serie de herramientas para lograr la justicia en el acceso al agua. Puedes consultar más información en http://www.blueplanetproject.net/.
Otro material muy útil fue: Hall, David, and Emanuele Lobina. “Financing Water and Sanitation: public realities .” Public Services International Research Unit.
http://www.psiru.org/sites/default/files/2012-03-W-finance.docx [1]http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
[2] http://www.jornada.unam.mx/2014/05/17/cam-nuevos.html
[3] https://www.tni.org/es/publicacion/llego-para-quedarse-la-remunicipalizacion-del-agua-como-tendencia-global
[4] http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/10/03/privatizan-agua-en-coahuila/
Fuente: http://linkis.com/www.sdpnoticias.com/51llP