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Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns*

En estos días se definirá la agenda legislativa para el periodo que transcurre de septiembre a diciembre de 2020. La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas junto con otras, todas respaldadas con vigorosos procesos participativos, están siendo dictaminadas en un proceso innovador por las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, con la participación de las comisiones correspondientes del Senado, así como de la Semarnat, la Conagua y otras dependencias.

El momento lo amerita: en medio de la pandemia 10 millones de mexicanas y mexicanos no tienen acceso al agua, 26 millones la reciben solo ocasionalmente, y 27 mil escuelas no cuentan con el vital líquido. El mandato constitucional exigiendo una nueva Ley de Aguas, centrada en los derechos humanos y la participación ciudadana, puso como fecha límite febrero de 2013.

Sin embargo, flota la idea hay que debemos esperar hasta el año 2022.

Frente a los que vociferan que esta Ley traería conflicto, en nuestra experiencia, más bien nos permitirá enfrentar conjuntamente un colapso hídrico que ya pesa fuerte sobre los millones que no tienen voz. Frente a los que dicen querer defender el Estado ante la amenaza de la ciudadanía, sabemos por experiencia que los retos del agua nos podrían unir a todos.

 

A inicios de este siglo, bajo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl participamos desde la UAM con ejidos y comunidades, maestros, colonos afectados, con la Conagua, la CAEM y SACMEX, con los organismos municipales y con usuarios industriales para construir la Comisión de Cuenca Amecameca y La Compañía y elaborar su Plan Hídrico.

El proceso nos enseñó el potencial de la colaboración: Incorporamos experiencias comunitarias en el rescate de chinampas, la aplicación de ecotecnias para la captación de aguas pluviales, el ahorro de agua y el tratamiento de aguas residuales. Ingenieros del Odapas de Chalco dedicaron sus domingos para capacitar a los sistemas comunitarios en el mantenimiento de sus bombas. Frente a los daños a sus instalaciones por hundimientos a causa de la sobreexplotación acuífera, la Panasonic buscó asesoría para captar agua de lluvia en sus inmensos techos y organizó brigadas de reforestación. Una papelera firmó un acuerdo con el organismo de Ixtapaluca para tratar y reusar sus aguas residuales municipales.

Ejidatarios, funcionarios, investigadores y pobladores recorrimos el territorio a pie, en camioneta, a caballo y en trajinera. El momento más impactante fue una mañana frente a la bomba que batalla día y noche para enviar a Hidalgo las aguas que, por el hundimiento regional, han formado un enorme lago entre Tláhuac y Valle de Chalco. Nos encontramos en el punto más bajo y de más rápido hundimiento de toda la Cuenca de México, a 30 kilómetros y nueve metros debajo de la entrada al multimillonario Túnel Emisor Oriente.

Nos quedó claro lo que se tendría que hacer: sería menos costoso profundizar el lago que mantener los procesos de bombeo, y convertiría la zona en un reservorio de agua potabilizable. Identificamos los puntos en donde entraban aguas residuales, y los ejidatarios de Mixquic ofrecieron poner el terreno para una planta de tratamiento. La delegada de Iztapalapa nos mostró la tubería y la potabilizadora que se podría utilizar para hacer llegar agua a su delegación. Los ejidatarios de Tláhuac, quienes llevan dos décadas sin acceso a sus tierras, acordaron un proyecto para manejar el lago como un proyecto ecoturístico. Dentro de pocos meses, con veleros inflables y entre parvadas de aves migratorias, estrenamos “Valle de Bravo en Valle de Chalco.”

En 2010 vimos el futuro posible: fin a las inundaciones; freno de los procesos de hundimiento y grietas; agua de calidad para Tláhuac, Valle de Chalco e Iztapalapa; un área de producción intensiva y recreo en manos de ejidatarios que han sufrido un despojo histórico; aprovechamiento local de las aguas que supuestamente justificaban el multi millonario Emisor Oriente.

Pero meses después, en el pent-house de la Conagua, aprendimos que este futuro no sería posible bajo la Ley de Aguas Nacionales. Al final de una sesión de tres horas para debatir cómo emplear los mil millones que la federación había asignado frente a las repetidas inundaciones con aguas residuales, el entonces Director General de la Conagua se paró y dijo “Ya me convencieron: La planta de tratamiento en Mixquic tendría más beneficios y menor costo que el ducto de estiaje propuesto (expulsión por bombeo por un tubo elevado de cemento reforzado), pero … vamos a construir el proyecto que yo y el Presidente queremos.” Tan tán.

Y así ha sido. Además del famoso ducto, la CAEM ha derrochado $2 mil millones en un túnel sin salida en los fangos al borde del lago, y SCT gastó otro tanto en una carretera elevada para que la próxima vez que miles de familias de Valle de Chalco se queden inundadas con aguas negras, no se interrumpa el tráfico entre Puebla y la capital.

La voluntad y la sabiduría para resolver las múltiples crisis del agua están presentes, latentes, en cada localidad del país y en funcionarios sensibles de los tres órdenes de gobierno. La colaboración entre muchas manos a la vista de todos permitirá estirar al máximo los pocos pesos que haya, activando a la economía y promoviendo la salud y el bienestar desde las zonas más marginadas.

La Ley General de Aguas sentará las bases para la sustentabilidad, la equidad y la participación ciudadana. Entre más esperemos, más perderemos. No hay nada que temer.

*Pedro Moctezuma es doctor en Planeación y Desarrollo por The University of Liverpool, Inglaterra y de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.

*Elena Burns es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.

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