Gutiérrez Cortina, familia ligada al salinismo, dueña del 99% de Concesiones Integrales
19/03/2017 23:17 – Actualizado: 20/03/2017 09:36
Publicado por Mónica Camacho
El servicio de agua potable en Puebla capital y cinco municipios de los alrededores se privatizó en 2013 a favor de un consorcio integrado por tres compañías, pero se trata de una fachada porque en los hechos una familia es la que tiene el control de la concesión. Se trata del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina y sus hijos, quienes acumulan el 99 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales, mejor conocida por su nombre comercial como Agua de Puebla para Todos.
Gutiérrez Cortina fue uno de los constructores favoritos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari que resultó beneficiado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), considerado el mayor desfalco monetario al país de las últimas décadas.
Desde la administración federal de Vicente Fox Quezada ha enfrentado cuestionamientos por incumplimiento de contrato como propietario de la firma Gutsa, la cual ha sido inhabilitada en dos ocasiones para impedirle prestar servicios al gobierno federal, a las entidades federativas y a los municipios.
Ahora Gutiérrez Cortina ocupa el cargo de presidente de Concesiones Integrales, según el instrumento 51206 del Registro Público de Comercio (RPC) en poder de La Jornada de Oriente, firma que tendrá bajo su dominio la administración del agua en la zona metropolitana de Puebla durante 60 años.
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN CONCESIONES INTEGRALES
La potestad de la compañía sobre el recurso hídrico podría extenderse al resto de la entidad gracias a una reforma impulsada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y aprobada por el Congreso de Puebla este año, la cual se encuentra impugnada por 11 municipios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la tachan de privatizadora.
El mayor robo del sexenio morenovallista
Gutiérrez Cortina no es originario de Puebla, forma parte del grupo de empresarios foráneos vinculados a Salinas de Gortari y al presidente Enrique Peña Nieto que hicieron negocios en la entidad bajo el cobijo de Moreno Valle (2011-2017), actual aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia del país.
La operación que llevó a cabo la administración estatal para privatizar el servicio a favor de Juan Diego Gutiérrez y sus hijos José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz inició el 31 de diciembre de 2012 con la aprobación de una nueva Ley de Agua del estado que abrió a la iniciativa privada el manejo de ese recurso.
El 29 de agosto de 2013, el organismo público que tenía el control del servicio, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), inició el proceso de licitación para concesionar sus actividades.
El Soapap falló a favor de Concesiones Integrales el 18 de diciembre de ese mismo año, pese a no se encontraba constituida, por lo que participó en la licitación sin existir legal ni fiscalmente.
El consorcio se conformó legalmente hasta el 23 de diciembre de 2013, sólo 72 horas antes de recibir el título de concesión para administrar el recurso hídrico en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango por un plazo de 30 años.
En enero pasado, la investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Argelia Arriaga reveló que el Soapap amplió a Concesiones Integrales el contrato a 60 años, por lo que concluyó que la privatización del agua fue el mayor robo del sexenio.
El entramado empresarial de Gutiérrez Cortina
Concesiones Integrales lo conforman Grupo Agua de México, Epccor Servicios y Tecnología Intercontinental, de las cuales las dos primeras reportaron al RPC que concentran 99000 acciones de las 100000 en las que se ésta dividido el consorcio. Son precisamente esas firmas las que se encuentran bajo el control del empresario salinista.
EMPRESAS QUE CONFORMAN CONCESIONES INTEGRALES
El vínculo de Gutiérrez Cortina con Agua de México y Epccor se estableció en una reseña que la Fundación Teletón USA, con sede en San Antonio Texas, realizó del empresario en su sitio web como miembro fundador de la Fundación Teletón México.
“Presidente y principal accionista de Gutsa Construcciones, Epccor y Agua de México, un grupo de empresas que se dedica a la ingeniería, desarrollo y construcción de diversos proyectos relacionados con la accesibilidad de agua”, describió la organización en una publicación del 10 de noviembre de 2015.
Ese mismo año, el 17 de abril, el diario nacional La Jornada dio a conocer que los propietarios de Epccor son los hijos de Gutiérrez Cortina: José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz, a los que se suman como accionistas dos compañías llamadas Corporativo Técnico Empresarial y Promo-Dinámica.
José Miguel Gutiérrez Sainz tiene una participación directa en Concesiones Integrales, debido a que funge como vocal de la compañía y como representante de la sociedad, de acuerdo con los instrumentos 51206 y 91767 del RPC a los que tuvo acceso este periódico.
Otro de los vocales de la sociedad es Adolfo Gómez García, quien es identificado como vicepresidente corporativo Epccor en la nota informativa del 17 de abril de 2015 de La Jornada, en la que se cuestionó la entrega de un contrato de obra a esa firma, ante el vínculo que mantiene con la multiseñalada Gutsa Constructores.
La única compañía del consorcio que se libra del influjo de la familia de Gutiérrez Cortina es Tecnología Intercontinental, pero sólo tiene 1000 acciones de un total de 100000, es decir, 1 por ciento.
PARTICIPACIÓN DE UNO DE LOS HIJOS DE GUTIÉRREZ CORTINA EN EL NEGOCIO
Dos décadas bajo el escándalo
Los escándalos para Gutiérrez Cortina iniciaron en 1998 por una demanda civil que promovió el empresario Francisco de Paula León contra funcionarios federales de las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo Ponce de León, a los que acusó de privilegiar al grupo Gutsa en la pugna por la propiedad del conjunto inmobiliario World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.
En un reportaje publicado por la revista Proceso se detalla que en 1991 Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda de Salinas, presionó a de Paula León para obligarlo a vender a Gutsa sus acciones del WTC.
El inconforme acusó que Gutsa causó “un grave perjuicio a las finanzas públicas”, pues declaró al Fobaproa que había comprado el proyecto en 189 millones de dólares, cuando a los socios del WTC sólo les pagó 5 millones.
Según de Paula León, el fondo de contingencia absorbió los créditos que la empresa de Gutiérrez Cortina contrajo con Bancomext, del Banco Mexicano Somex y Banamex, con lo que Gutsa formó parte de las 745 empresas y personas rescatadas por el Fobaproa.
En la investigación del semanario se detalló que Gutsa no fue la única compañía de Gutiérrez Cortina rescatada por el Fobaproa. El mismo beneficio recibió Desarrollo Inmobiliario Vía (Divisa) por un adeudo con Bancen por 787 millones de pesos que se incrementó a 11 mil 437 millones por intereses moratorios.
El 29 de julio de 2005, La Jornada informó el remate del WTC por 58 millones de dólares, que equivalían en ese entonces a 630 millones de pesos, “cuando el rescate de ese conjunto inmobiliario costó a los contribuyentes más de mil millones de pesos”.
Irregularidades millonarias en la construcción de obra
Durante las administraciones de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, Gutsa no se libró de las denuncias de corrupción, debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó múltiples anomalías en las obras que construyó para esos gobiernos.
Uno de los proyectos señalados fue la megabiblioteca José Vasconcelos, en la que participó esa compañía a través de dos contratos por un monto de 102 millones 126 mil pesos, de acuerdo con otra investigación publicada por Proceso.
Asimismo, se detectaron deficiencias en la construcción de la terminal para vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), obra que se adjudicó en noviembre de 2005 a Administradora Gutsa y Gutsa Infraestructura por 519 millones 523 mil pesos.
La primera inhabilitación llegó el 10 de diciembre de 2007 con una duración de un año, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Gutsa Infraestructura actuó de manera negligente en las obras de reparación de la Autopista del Sol, se retrasó hasta mil 200 días en la conclusión de la obra y recibió pagos indebidos.
El 13 de julio de 2011, La Jornada dio a conocer que Gutsa fue inhabilitada nuevamente por un periodo más amplio, del 10 de junio de 2010 al 10 de marzo de 2015, por “haber presentado propuestas y declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse inhabilitada, no obstante que cuenta con una sanción impuesta por la SFP”.
Aun así, el 1 de septiembre de 2010, ya en el sexenio calderonista, la empresa Impulso Inmobiliaria Integral –filial de Petróleos Mexicanos (Pemex)– amplió a Gutsa el contrato para la construcción de la Estela de Luz en Chapultepec, la cual tuvo un costo final de 1 mil 104 millones de pesos, 752 millones de pesos más del monto que se estableció en un inicio.
Gutsa tenía como fecha de entrega de obra el 21 de agosto de 2010 para los festejos del bicentenario, pero lo hizo hasta el 30 de diciembre de 2011, es decir, con más de 16 meses de retraso.
Privatización del agua, tres años bajo litigio
La privatización del agua se encuentra refutada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual atrajo el año pasado el amparo que promovieron habitantes de Puebla contra esa medida en 2014, por lo que revisará la legalidad de la licitación, así como las tarifas aprobadas por el Congreso local.
Gilberto Vladimir Montalvo González, abogado de los colonos inconformes, explicó en una entrevista que publicó este diario el 10 de noviembre de 2016 que el objetivo de la batalla jurídica es echar abajo la concesión, debido a que el Soapap la otorgó a través de una licitación que incumplió la característica de ser pública, impidiendo la participación a otras compañías solventes económicamente.
Se persigue además una declaratoria de inconstitucionalidad para los artículos de la estructura tarifaria que posibilitan aumentos mensuales en el costo del servicio hídrico, abundó.
La SCJN también revisará la reforma al artículo 12 de la Constitución local que presentó Moreno Valle antes de dejar el cargo y que entró en vigor el 27 de enero anterior con el fin de facultar al estado para regular las bases y modalidades para el acceso al agua.
Los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Sán Gabriel Xilac, Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia promovieron controversias constitucionales, al temer que la enmienda pretende retirar a los municipios su potestad sobre el recurso hídrico para que el gobierno estatal pueda ampliar la privatización sin requerir su aval. El máximo órgano de justicia del país ya admitió siete recursos para su revisión.
