El 31 de marzo del año en curso se liberaron dos propuestas de iniciativas de Ley estatal de Aguas para Querétaro.
El 31 de marzo del año en curso se liberaron dos propuestas de iniciativas de Ley estatal de Aguas
para Querétaro. Cerca de 30 organizaciones locales, y otros actores, incluidos todos los grupos
ambientalistas y la comunidad académica especialista de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) alertaron sobre el proceso de privatización de ambas iniciativas y sus posibles consecuencias.
A tal llamado nos sumamos entre otras, la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter
Público del Agua, la Red Mexicana de Cuencas, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el
Derecho humano al agua, la Freshwater Action Network México (FANMex) y la la Coordinadora
Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida. Colectivamente, se solicitó su revisión en Parlamento
Abierto conforme a lo que establece el Acuerdo de Escazú y su modificación bajo los enfoques de
Gestión Integrada de Agua y Cuenca que una Ley Estatal de Aguas requiere.
Sin embargo, las iniciativas fueron reducidas a una ley para regular la prestación de servicios de agua
potable, descartando la petición de incluir una gestión integral de la cuenca. El pasado miércoles 18
de mayo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas aprobó la «Ley que Regula la Prestación
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, y un día
después fue aprobada a su vez por la Legislatura del Estado de Querétaro, pese a la protesta del
frente ciudadano y las diversas alertas de la comunidad ambientalista y académica. El dictamen final
no fue sometido a revisión pública, ignorándose la petición de Parlamento abierto en violación al
Acuerdo de Escazú y a los componentes del derecho humano al agua, ambos mandatos a los que
toda regulación en la materia está sujeta.
La iniciativa aprobada:
-Omite la conservación de las fuentes de agua y los atributos del derecho humano al agua,
desvinculando al servicio público de su relación innegable con la garantía de este derecho, así
como del derecho al medio ambiente sano.
-Fortalece la concesión del servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las
necesidades de la realidad hídrica del estado.
En los últimos diez años, diversas investigaciones académicas y periodísticas han expuesto
reiteradamente los impactos negativos que ha tenido este modelo en la ciudad de Querétaro, donde
actualmente pueden verse todas las consecuencias alertadas por el Relator de Naciones Unidas por
el derecho humano al agua y al saneamiento en su informe especial sobre privatización en el mundo.
En medio de protestas sociales, rechazo ciudadano y evidencias periodísticas que sustentan las
consecuencias negativas de la privatización, el Poder Legislativo aprobó una ley que perpetua un
modelo de manejo que agudiza la injusticia hídrica, el deterioro ambiental y los conflictos en un
contexto de emergencia climática. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo, en su obligación de
respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos, poner freno.
Ciudadano, ciudadana, súmate a la exigencia de VETO, amparada por la Constitución Política del
Estado de Querétaro, para detener la Ley que permite la privatización del servicio de agua potable.
