Agua: primero los pobres
Por falta de espacio el lunes pasado no incluí otros datos que ilustran los graves problemas que México enfrenta por la desertificación y la sequía. Varios lectores me recuerdan que no sólo en Baja California fue costumbre pagar poco o nada por el agua que utilizan empresas de diverso tamaño, nacionales y extranjeras. Allí ya cubrieron más de la mitad de los mil 600 millones de pesos que adeudaban. Señalan que es un fenómeno generalizado en la frontera norte, donde cada vez escasea más el líquido y funcionan importantes empresas maquiladoras.
En efecto. Si la Comisión Nacional del Agua (CNA), en coordinación con los gobernadores de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, revisaran los consumos de muchos negocios, verían que no pagan lo debido y no cuentan con los sistemas de tratamiento de las aguas residuales y las arrojan a las corrientes fluviales y mantos acuíferos. Pagar lo justo por el agua usada serviría para cubrir parte de las necesidades derivadas de la actual pandemia.
Hacen lo mismo desde hace décadas las industrias, poblaciones y los campos agrícolas en la cuenca hidrográfica Lerma-Chapala-Santiago, que abarca los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El resultado más evidente de esa contaminación se tiene en El Salto, Jalisco, donde la población padece daños severos en su salud y calidad de vida. Las autoridades llevan décadas prometiendo, sin éxito, terminar con el problema. Igualmente están muy afectadas las cuencas Atoyac, Pánuco, Coatzacoalcos y Blanco, por las descargas industriales y las aguas negras de los asentamientos humanos que carecen de sistemas de tratamiento del líquido. Por ley, todos ellos están obligados a tratar sus aguas negras y residuales.
Otra situación alarmante es la privatización que hacen influyentes empresas de un bien de la nación. Al respecto, el editor Andrés León Quintanar anota que uno de los negocios más prósperos de los últimos años consiste en embotellar agua para vender por doquier. Eso hacen Coca-Cola Femsa, Danone y Pepsico, por ejemplo. Anualmente esa actividad crece en el país cerca de 6 por ciento y genera ingresos por más de 67 mil millones de pesos. Después de China y Estados Unidos, somos los que más agua embotellada consumimos: más de 33 mil millones de litros al año. El promedio por habitante nos coloca en el primer lugar con casi 256 litros. Parte de ese negocio es la venta de agua en garrafones a cargo de negocios establecidos a nivel estatal y sobre los cuales no siempre existe suficiente control de las instancias oficiales.
Aunque se ha tratado de justificar la demanda de agua embotellada como fruto de los sismos de 1985 y las epidemias que ha padecido el país los últimos 30 años, la verdad es que millones de hogares, comercios y servicios no reciben agua de buena calidad y por eso la población evita tomar la de la llave. Y ello aún en las ciudades donde el suministro viene etiquetado como potable. En las zonas marginadas y en el campo, el servicio es pésimo. La propia CNA, donde laboran destacados especialistas en el tema, reconoce que desde el lugar de donde se extrae el agua para el servicio público hasta su destino final, hay factores que disminuyen su calidad: desde sistemas no adecuados de conducción a los hogares y otros usuarios hasta el mal estado de los tubos y llaves en viviendas, comercios y negocios diversos.
La explicación que dan algunos de los directivos del millonario negocio del agua embotellada es que suplen las carencias que existen por la falta de infraestructura del sistema público de distribución. Eso dijeron los directivos de Coca-Cola Femsa cuando se les cuestionó por extraer en su planta de San Cristóbal, Chiapas, más de un millón de litros diarios de agua de la nación para engordar el negocio que causa obesidad y diabetes, entre otros males. No sólo eso: en el informe que en 2017 enumeró las violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento, se asienta que esa influyente empresa pagaba apenas 2 mil 600 pesos al año por cada una de las 46 concesiones de explotación de los acuíferos, mientras obtenía utilidades multimillonarias.
Un lema de la actual administración es primero los pobres. Falta hacerlo realidad en el caso del agua, suprimiendo los privilegios de que goza desde sexenios anteriores un puñado de grandes empresas. Y haciendo que el vital líquido llegue a la población más necesitada.
