Acerca de la salida de Elena Burns de Conagua

JORNADA

Conocí a Elena Burns desde hace décadas; con ella y su compañero de vida, mi amigo Pedro Moctezuma Barragán, establecimos alianzas en pro del medio ambiente y el derecho humano al agua, de la mano con muchos compañeros de nuestro país.

Por fortuna, Julio Hernández López en su columna Astillero publicada ayer, mencionó elementos de fondo sobre la salida de Elena Burns de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), noticia que afectó mucho los ánimos de quienes conocemos su honorabilidad y su incansable militancia ambientalista.

Si el titular de la Conagua no rectifica su decisión de despedir a la ya, en este momento, ex subdirectora general de Administración del Agua, se evidenciarán los intereses que están dominando en el seno de ese organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales atentan contra el acceso legítimo de los ciudadanos al agua potable y contribuyen al deterioro del medio ambiente.

Álvaro Urreta

¿Conagua… o sin agua?

Un despliegue policiaco impidió a Elena Burns, ingresar a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por órdenes del director general del organismo, Germán Martínez. Elena fue designada en octubre de 2020 –directamente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador– subdirectora general de Administración del Agua en la propia Conagua, con la instrucción expresa de combatir la corrupción y garantizar el derecho al agua para el pueblo.

Esto, sin embargo, lo impiden altos funcionarios de Conagua, que actúan en sentido contrario a la cuarta transformación. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todo ha denunciado esta situación en la que la mafia del agua ha implementado una purga en todo el equipo de la Subdirección de Administración del Agua para proceder con la entrega de concesiones de agua sin límite a los grandes intereses lecheros, cerveceros, mineros, agroindustriales, inmobiliarios que acaparan en México el precioso líquido, mismo que falta en nuestros hogares y a los indígenas y campesinos gracias a Carlos Salinas de Gortari (el español) y su criminal ley Nacional de Aguas de 1972. Esta ley, hay subrayarlo, sigue vigente hoy en día. La Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos ha trabajado una nueva Ley General de Aguas que, pese a mandato constitucional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores la han mantenido sin aprobar. Es grave.

Deben revertirse situaciones como la que vivió recientemente la población de Nuevo León, donde la mayoría de la población sufre mientras unos cuantos acaparan el agua: 20 corporaciones y 20 personas físicas que cuentan con grandes volúmenes de agua subterránea concesionada en la Zona Metropolitana de Monterrey cuentan con una capacidad de extracción de 1 mil 632 litros de agua por segundo, principalmente para fines industriales y agrícolas. Así acaparan lo que representa más del 50 por ciento del déficit de 3 mil litros por segundo que afecta a más de 1.3 millones de habitantes, principalmente en las colonias periféricas que han sufrido grave escasez, hasta verse en situaciones desesperadas y angustiantes.

Todas y todos sufrimos la constante falta de agua. Las comunidades constatan su contaminación, mientras las inmobiliarias y las grandes empresas acaparan el precioso líquido y lo derrochan y usan sin cuidar el entorno ni la gente. Contra eso ha luchado Elena Burns, que tiene una trayectoria histórica en defensa del derecho al agua y décadas de compromiso. La subirectora ha enfrentado bloqueos y obstáculos por parte de la hidrocracia y sus redes de intereses y corrupción A pesar de todo, ella diseñó la primera Concesión Colectiva Indígena; trabajó a favor de los derechos de la Tribu Yaqui; apoyó a miles de ejidatarios y pequeños agricultores; se opuso tajantemente a la violación de la ley por parte de grandes acaparadores del agua, y al sobreconcesionamiento, que no es otra cosa que privatización simulada. Realizó acciones de ordenamiento hídrico en Guanajuato y Nuevo León; recuperó volúmenes para núcleos agrarios y de consumo humano en Mexicali, La Laguna y Valle del Yaqui; defendió el acceso al agua de pequeños productores y ejidatarios. Y en todo ello, pisó muchos callos. Su “despido” es ilegal, ya que éste sólo podría realizarlo María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales, que encabeza el Consejo Técnico, o el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.