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La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas es una de las opciones desde las que en Greenpeace creemos podemos comenzar a revertir situaciones como las que se viven en Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Por Greenpeace

Por Miguel Soto***

La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), un proyecto de ley con el que la sociedad civil y las comunidades buscan dar soluciones a la actual crisis de agua, garantizar el derecho humano al líquido y terminar con la descargas de contaminantes en ríos, lagos y cuencas es casi una realidad. De las 104 mil firmas que se necesitan para obligar a su discusión en el Congreso ya se han juntado cerca de 90 mil.

La nueva ley de agua es una de las reformas estructurales que le quedan pendientes al gobierno de Enrique Peña Nieto y es importante estar atentos a la discusión que podría iniciar próximamente en el Congreso. En septiembre, el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento anunció que ya estaban en marcha discusiones para presentar “a finales de octubre” una nueva propuesta de Ley de Aguas. El año pasado la Conagua presentó una propuesta orientada a la privatización, al extractivismo e incluso a la penalización de la investigación independiente, monitoreos como los que en el pasado Greenpeace e instituciones académicas han hecho en el contaminado Río Santiago iban a ser objeto de fianzas y multas. Afortunadamente gracias el esfuerzo y movilización de amplios sectores de la sociedad dicha propuesta fue desehada.

Sin embargo, nuevamente es importante estar alertas pues es posible que venga un nuevo intento desde la Conagua y desde la Cámara de Diputados para volver a imponer una ley que no garantice el derecho humano al agua tal y como se estableció en la Constitución en 2012, una ley enfocada en privilegiar los intereses particulares y de las corporaciones en vez de los de la población y los ecosistemas mexicanos. Durante dos décadas la Conagua ha dado una muestra contundente de ineficiencia y es claro que bajo su tutela los cuerpos de agua en México han empeorado año con año, basta con revisar sus cifras: 70 por cientos de los cuerpos de agua en el país están contaminados.
Se trata de una cifra devastadora que esconde miles de historias y tragedias de la gente que sobrevive consumiendo agua contaminada, que lava su ropa, se prepara el café, lava sus dientes y trastes con agua con sustancias tóxicas como arsénico, plomo, mercurio, glifosato y cuyos impactos a la salud y sociales son aún más fuertes y ni la Conagua ni la Secretaría de Salud quieren reconocer.

Solo por mencionar un ejemplo en México tenemos el caso del Río Santiago, en Jalisco, en los municipios de El Salto y Juanacatlán. Cada día es un desafío para la población poder hacer su vida en medio de los olores y sustancias tóxicas que se encuentran en el ambiente y en el agua debido a las descargas de más de 300 industrias que “cumplen con la norma (que pone Conagua)” y que hacen cada día una lucha por sobrevivir en ese ambiente.

Hace unas semanas el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU visitó la cascada de El Salto, tras escuchar los testimonios de la comunidad local y de médicos que narraron el incremento de enfermedades como el cáncer y de nacimientos de niños y niñas con malformaciones los representantes de Naciones Unidas no tuvieron ninguna duda en declarar que estaban ante una “catástrofe ambiental”. En breve llegarán las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Veremos si el gobierno mexicano se atreve a escuchar esta vez y a tomar acciones. La gente en El Salto y en Juanacatlán ya no tiene más paciencia.

La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas es una de las opciones desde las que en Greenpeace creemos podemos comenzar a revertir situaciones como las que se viven en Jalisco y en otras partes del país. Por eso se necesita el apoyo masivo de la gente para poder alcanzar la cifra mínima de firmas que garanticen su discusión en el Congreso. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, movimiento al que también pertenece Greenpeace México, presentó la semana pasada la última fase de la campaña. La Iniciativa Ciudadana, cuya primera versión completa se puede consultar en www.aguaparatodos.org.mx, tiene como ejes poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso a agua de calidad para tod@s como prioridad nacional; para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.

La Iniciativa busca la planeación consensada y la contraloría ciudadana, para poner fin a la corrupción en el sector, y garantizar el acceso equitativo y sustentable al vital líquido e impedir el autoritarismo del agua. Establece en primer lugar que el agua es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio

Desde Greenpeace México y en coordinación con distintos actores de la sociedad civil entre académicos, organizaciones y comunidades participamos en el desarrollo de una parte de los fundamentos de esta ley en lo que se refiere a fin a la contaminación del agua, población y comunidades. Algunos de los criterios que la Iniciativa Ciudadana o cualquier otra propuesta debe incluir son: El agua destinada para uso personal o doméstico debe ser salubre y cumplir criterios de calidad, enfocados a la prevención de enfermedades, no sólo gastrointestinales sino aquellas consideradas crónico-degenerativas.

El agua de uso humano no debe contener microorganismos, sustancias químicas o radiactivas cuya concentración represente un peligro o riesgo para la salud de las personas a lo largo de su vida. Por otro lado, las aguas residuales derivadas de los asentamientos urbanos, actividades industriales, minera o agroindustria deberán someterse a un tratamiento cuyo objetivo será cumplir con condiciones de sanidad que no afecten el caudal ecológico y la salud de las personas.

Se debe promover la participación de observatorios ciudadanos y la reestructuración institucional encargadas de la vigilancia y observación de las normas ambientales y de salud y se deberá implementar la meta Cero Descargas de Aguas Residuales de manera progresiva y en casos de incertidumbre por los daños que puedan causar el uso de nuevos materiales o sustancias químicas que puedan estar en las aguas residuales cuyo efecto altere irremediablemente a los ecosistemas o genere problemas de salud crónico degenerativas se deberá aplicar el Principio Precautorio.
Toda la información relativa a la emisión y trasferencia de contaminantes en cuerpos de agua deberá ser pública y basarse en un Principio de Transparencia con el fin de que la sociedad pueda conocer lugar, nombre, cantidad y tipo de sustancia procesada y descargada por pequeñas, medianas y grandes empresas. Se establece un Principio de Cero Impunidad con el que los daños ocasionados a los cuerpos de agua y sus ecosistemas ya no podrán ser solamente resarcidos mediante el pago de multas y fianzas sino que habrá responsabilidades penales para quienes resulten responsables de dichos daños.

Si algún lector o lectora quiere sumarse a la campaña de firmas puede descargar el formato desde la página www.aguaparatodos.org.mx, llenarlo con las firmas de sus contactos y enviarlo a las oficinas de Greenpeace México ubicadas en Las Flores 35, Col Pueblo de los Reyes, en la Ciudad de México, Código Postal 04330.

***Miguel Soto es coordinador de la campaña Detox de Greenpeace México
@Soto_Mikel

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