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Notas sobre la Ley General de Aguas

Lourdes Romero Navarrete[1]

En los más diversos ámbitos, el derecho al agua se ha colocado en el centro de la atención al considerarse como uno de los derechos sociales fundamentales. Organismos multilaterales, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, instituciones académicas, entre otros, impulsan desde varios lustros atrás, la incorporación del acceso al agua como un derecho garantizado en los marcos normativos formales.[2]

México está adherido a los compromisos fijados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas,[3] desde 1981, así como a la observación general número 15, introducida en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece el derecho humano al agua. Con esta observación se buscó concretar los artículos 11 y 12 del aquel pacto, sobre el reconocimiento del derecho a tener un nivel de vida adecuado y a la salud, respectivamente.

Con base en estos compromisos y otros que se han ido generando en torno al tema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en el año 2012, con la importante inclusión del derecho al agua como una garantía constitucional (art. 4º.).[4] El decreto fijó un plazo de 360 días para emitir la que debe denominarse Ley General de Aguas (LGA), que sustituirá a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente. Esta nueva legislación deberá establecer las medidas instrumentales necesarias para el ejercicio de este derecho.[5]

Desde aquel año, las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (Legislatura LXII), incorporaron en su agenda diversas acciones, entre ellas, propuestas de cambios constitucionales, foros y reuniones ad hoc.[6] Al mismo tiempo, desde la sociedad civil se consolidó una acción colectiva encabezada por la Red Temática del Agua Conacyt (RETAC), así como por diversas instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, destacadamente “Agua para todos” y activistas ambientales, que tuvo como resultado lo que ahora constituye la primera iniciativa ciudadana relativa al vital recurso y que fue encausada en ambas cámaras por grupos pluripartidistas.

El 26 de febrero pasado, es decir, a dos años de que venciera el plazo para la promulgación de la ley prevista en la reforma de 2012, fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el Proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas, suscrita por los miembros de las comisiones de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) y Sergio Augusto Chan Lugo (PAN); de Agua y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), y de Riego y Agricultura, José Antonio Rojo García de Alba (PRI), de la Cámara de Diputados.[7] La iniciativa que, como constató el diputado Athie, había sido enviada por el ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua,[8] se turnó a las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, donde fue dictaminada, presuntamente desechada, pero que para algunos diputados podría haber sido enviada como iniciativa preferente el 1 de septiembre de 2015 al inicio del periodo ordinario de sesiones de la Legislatura LXIII.[9]

Esta iniciativa tuvo una historia complicada, pues, a diferencia de otras legislaciones en la materia, que habían procedido del ejecutivo y que durante décadas habían pasado sin complicaciones en el congreso, la presentada en 2015 fue detenida por un movimiento social amplio. La primera situación que enfrentó la iniciativa oficial de LGA, es que, mientras ésta era presentada en San Lázaro, otra iniciativa de la misma ley fue propuesta por la diputada del PRD Aleida Alavez, el 10 de febrero de 2015, la cual provenía de la acción colectiva mencionada arriba.[10] Un mes después, diputados del mismo partido, presentaron una iniciativa más de la propia LGA.[11]

Foto 1Fuente: aguaparatodos.org, Presentación de la propuesta ciudadana de Ley general de Aguas a comisión pluripartidista, Club de Periodistas, México, D.F., 9 de febrero de 2015.

 

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Fuente: Cuartoscuro, “La Coalición de Organizaciones Mexicanas por Derecho al Agua, afirmó que la iniciativa es privatizadora”, en: David Martínez Huerta, “Científicos y grupos civiles llaman a protestar en San Lázaro contra la Ley de Aguas”, Revista digitalsinembargo.mx, 9 de marzo de 2015.

Mientras tanto, en la Cámara de Senadores, Alejandro Encinas, senador del PRD, junto con otros legisladores del propio partido, tanto como del PAN y PT, presentaron la misma iniciativa ciudadana que la diputada Alavez había propuesto en la Cámara de Diputados.[12] De este modo, por primera vez, tres iniciativas distintas sobre la Ley General de Aguas, una de ellas propuesta en ambas cámaras, estarían en espera de ser discutidas en el Congreso de la Unión.

Pero si la información sobre la cantidad de iniciativas fue conociéndose en los medios y redes sociales paulatinamente, los procedimientos para el debate en el congreso han sido aún menos claros e incluso amenazan con eludir una amplia discusión pública.

Una breve revisión de las lógicas históricas que han imperado en el poder legislativo al momento de diseñar las leyes sobre el agua, da cuenta de que, más allá de la colaboración entre poderes, lo que ha predominado es un débil equilibrio o una abierta subordinación respecto al poder presidencial, situación que coloca en entredicho la independencia que supone un sistema federal, pero, además, abre un amplio margen para cuestionar la legitimidad de lo que ahí se construye.

*

Con base en la Constitución de 1917, se han promulgado cinco leyes federales reglamentarias del artículo 27 en materia de agua.[13] En relación a las dos primeras, publicadas en 1929 y 1934, corresponden a un periodo tocado por el autoritarismo post-revolucionario, que se hizo evidente en la promulgación de ambas leyes, pues se publicaron sin debate y con atribuciones legislativas otorgadas al presidente por el propio congreso. La primera de ellas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de agosto de 1929 con el nombre de Ley de Aguas de Propiedad Nacional (LAPN), comenzó a formularse desde 1927, cuando Plutarco Elías Calles, presidente en turno, envió una iniciativa al congreso solicitando se autorizara al ejecutivo federal legislar en un periodo de seis meses los temas relacionados con aguas de propiedad nacional, crédito rural, colonización y cámaras y asociaciones agrícolas.[14] La segunda legislación, publicada el 31 de agosto 1934 con el mismo título de la anterior, reprodujo el procedimiento seguido en 1929, pues fue diseñada con facultades extraordinarias otorgadas al poder ejecutivo, y promulgada sin discusión parlamentaria por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez.[15]

Una década más tarde, el 31 de julio de 1946, fue publicada en el dof una nueva legislación, con el mismo título que las dos anteriores (lapn), de aplicación irregular, pues en 1949 y 1952 se hicieron reformas a la de 1934. Esta ley había sido aprobada en ambas cámaras del congreso desde finales de 1944. El dictamen procedió de la Comisión de Aguas e Irrigación Nacionales de la Cámara de Diputados, que hizo suya “en todas sus partes el Proyecto de Ley de Aguas de Propiedad Nacional enviado por el señor Presidente de la República”.[16] Luego de una consideración semejante, fue aprobada también por la Cámara de Senadores.

La siguiente ley fue promulgada en 1972, bajo el título de Ley Federal de Aguas (LFA) y se distinguió porque, aunque la iniciativa provino directamente del poder ejecutivo, en su elaboración participaron miembros de la Comisión para el Desarrollo de los Recursos Hidráulicos y discutida en ambas cámaras, con la presencia en la de diputados, del secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade.[17] Esta “colaboración” fue considerada como una “inusitada forma de trabajo” que al decir del dictamen exigía ser explicada, ya que:

Nunca debe olvidarse que nuestro régimen constitucional se funda en el principio de que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y que se ejerce por medio de les Poderes de la Unión, en los casos de su respectiva competencia, por lo cual existe un Supremo Poder de la Federación, que es único, siendo su ejercicio el que se divide entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ello pone de relieve que el sistema de división de poderes de ninguna manera puede significar antagonismo entre los Poderes; sino que, por el contrario, éstos deben considerarse correlacionados e integrantes del único Poder Supremo de la Federación.

… Así pues, en gran medida esta Iniciativa, formalmente presentada por el Ejecutivo Federal, ya ha sido producto del propio Poder Legislativo, pero tal participación anticipada al presente paso formal del estudio de la misma, ha exigido de nuestra parte un análisis más acucioso, para que cualesquiera prejuicios de coautoría, no trasciendan en error al dictarse las normas legales. [18]

La ley fue aprobada en lo general en la Cámara de Senadores y en la de Diputados se discutieron al menos 13 artículos con solo dos oradores en contra y 16 votos en el mismo sentido. La legislación fue publicada el 11 de enero de 1972.

A diferencia de la reducida oposición parlamentaria que se dio en torno a la ley de 1972, en 1992 el debate en torno a la Ley de Aguas Nacionales, encontró una oposición radicalizada a partir del crispado proceso electoral de 1988. En esta ocasión en el congreso estaban representados diez partidos políticos.[19] La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados por Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, “documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes” (sic).[20]

De acuerdo a la Comisión de Asuntos Hidráulicos “del estudio de esta iniciativa surgió la necesidad de convocar a un grupo de trabajo plural que empezaría a efectuar las consultas necesarias entre las fracciones parlamentarias para conocer sus comentarios aportaciones”. También dio cuenta de la celebración de cinco reuniones pluripartidistas a las que asistieron especialistas y representantes de autoridades de los tres niveles de gobierno, de las que surgieron “dudas y señalamientos a la iniciativa”, entregadas “en la mayoría de los casos por escrito para su estudio y consideración, en otros casos solamente fueron exposiciones de las cuales se tomó nota por el grupo de trabajo y apoyo técnico de la Comisión”.[21] En la discusión plenaria efectuada el 12 de noviembre, quedó claro que las críticas más severas no entraron a “estudio y consideración”. Los oradores que se opusieron a la iniciativa, centraron su oposición en la injerencia de la iniciativa privada en distintos ámbitos de la gestión del hídrico.[22]

En 2004 la LAN sufrió una profunda reforma que resultó en una confusa legislación, cuyo reglamento aún no se publica, a pesar de que se fijó un año como plazo para expedirlo.[23] Lo que destaca en el proceso de 1992 y 2004, es que en ambos casos las propuestas fueron remitidas por el ejecutivo, donde la posibilidad de cabildear con intereses particulares se dio sin conocimiento público, siendo validadas de manera oficiosa en el legislativo, permitiendo una amplia injerencia a los intereses privados en la explotación y gestión de un recurso que en su momento fue considerado de seguridad nacional, es decir, del que depende el bienestar y salud sociales, tanto como la soberanía del Estado mexicano.

En 2015 de nuevo se colocó en la agenda legislativa la revisión de la legislación sobre el agua. Esta vez, respondía a la urgencia del ejecutivo por atender lo dispuesto en 2012 respecto a la promulgación de la LGA, sin embargo, una fundamentada oposición a los procedimientos parlamentarios en la Cámara de Diputados, así como una oportuna y contundente acción de quienes participaron en la propuesta ciudadana impidieron que la iniciativa oficial prosperara sin un debate público.

*

En efecto, como se mencionó arriba, el 26 de febrero de 2015, el pleno de la Cámara de Diputados conoció el Proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas, enviado a las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos. Estas comisiones unidas aprobaron un dictamen el 4 de marzo, no obstante, incumplir con los procedimientos de la Cámara, tal como fue señalado por diputados de MORENA y PRD, principalmente. El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (MORENA), cuestionó que el dictamen fuera incorporado a la orden del día, en virtud de que no se habían seguido los tiempos reglamentarios ni realizado una consulta pública, aun cuando grupos ambientalistas, académicos y activistas partidarios, demandaban un debate amplio. Cuestionó también que no se hubiera incorporado a la discusión las dos iniciativas que estaban pendientes en ambas comisiones, es decir, la iniciativa ciudadana presentada por la diputada Alavez y la de diputados del PRD, entre otros.[24] En el mismo sentido se pronunciaron los diputados Arturo Cruz Ramírez y Gerardo Villaneva Albarrán (PRD), éste, además, cuestionó el operativo de seguridad montado alrededor de la Cámara, donde se manifestaba un nutrido grupo de opositores a la iniciativa oficial. A pesar de los señalamientos, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie (PRI), pidió se iniciara la votación que resultó a favor del dictamen.[25]

Foto 3Fuente: Twitter (@Rmoronatti), en: Notimex, “Diputados, en sesión permanente para dictaminar Ley General de Agua”, Excelsior, México, D.F., 4 de marzo de 2015.

La movilización de los actores vinculados a la iniciativa ciudadana no cesó. Académicos de diversas instituciones, activistas partidarios, colectivos y ciudadanos intensificaron la oposición, pues se pretendía incluir la discusión de la ley en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 5 de marzo, pero, de último momento, el coordinador de diputados del pri anunció que no entraría en la agenda en este periodo de sesiones.

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Fuente: Cristina Rodríguez, “Varias organizaciones protestaron en el Día Mundial del Agua contra la ley que perfila una privatización del agua”, en: Angélica Enciso, “Protestan frente a CONAGUA contra la ley de aguas”, La Jornada, México, D.F. 22 de marzo de 2015.

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Fuente: Cristina Rodríguez, “Varias organizaciones protestaron en el Día Mundial del Agua contra la ley que perfila una privatización del agua”, en: Angélica Enciso, “Protestan frente a CONAGUA contra la ley de aguas”, La Jornada, México, D.F. 22 de marzo de 2015.

Mientras tanto, el diputado Gaudiano Rovirosa sorpresivamente modificó su posición respecto a la iniciativa oficial que él mismo había aprobado como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. De igual forma, el 6 de abril abrió una convocatoria de consulta pública, fijando como términos la presentación de propuestas por escrito. Los interesados podrían registrarlas antes del 15 de mayo (punto 3.5 de la convocatoria), asimismo se integraría un “grupo honorífico y especializado en materia de investigación, legal, administrativa, financiera, operativa, ambiental y derechos humanos”, compuesto de 9 “aspirantes”, que asistiría a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para efectuar el “análisis, evaluación y desarrollo del proyecto de Ley General de Aguas”.[26] Pero, nuevamente, desde las organizaciones civiles se alertó sobre el procedimiento: el diputado Gaudiano violó el reglamento de la Cámara al no contar con la aprobación de la mayoría absoluta de la comisión necesaria, para emitir una convocatoria de consulta pública. Pero no solamente, ocupado en sus afanes electorales, que posiblemente expliquen el cálculo político que le llevó a publicar una convocatoria sin las formalidades debidas ˗pues debía quitarse la impopular asociación con la iniciativa oficial˗, el diputado Gaudiano dejó la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en tanto la consulta, que causó una enorme expectativa pública, ha quedado sin efecto hasta ahora.[27]

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Fuente: Cámara de Diputados, “Convocatoria pública rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la ley general de aguas”, Legislatura LXII, Comisión de Recursos Hidráulicos, México, D.F. 6 de abril de 2015.

El dictamen fue regresado finalmente a comisiones el 18 de mayo de 2015. Un mes después, en la etapa de preparativos para la conclusión de la LXII Legislatura, diversos diarios difundieron la noticia de que la iniciativa oficial había sido “precluida”,[28] lo que significa que, en virtud de que no fue dictaminada en tiempo y forma, la propuesta fue desechada. Sin embargo, además de que en la lista de iniciativas precluidas no apareció consignada,[29] en la lectura de la ex-presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputada Rocío Melchor Vásquez (PRD), la iniciativa no está en calidad de preclusión, pues el dictamen fue devuelto y obra en comisiones.[30] Por lo que, en aquel momento afirmó, habría la posibilidad de que al iniciar el periodo de sesiones de la legislatura LXIII, el 1 de septiembre de 2015, fuera presentada por el ejecutivo como una iniciativa preferente y eventualmente aprobada, situación, que, como se sabe, no ocurrió.

Sin duda, el proceso legislativo transcurrido al mes de julio de 2015 en torno a la ley que deberá instrumentar el derecho humano al agua, representa un punto de inflexión, no solamente por la existencia de una iniciativa originada en la sociedad civil organizada, sino porque en este específico caso, la mecánica legislativa, tradicionalmente subordinada a la agenda del poder ejecutivo, fue contrarrestada por una contundente respuesta social, una figura presidencial fuertemente deslegitimada y un clima pre-electoral poco propicio para desplantes autoritarios (a pesar de contar con el apoyo del partido oficial (PRI), estructuralmente funcional y efectivo).

Así, queda en la agenda pública, la necesidad de llevar a una discusión amplia las iniciativas en el congreso y evitar que devengan en documentos sin la atención legislativa apropiada, pero, sobre todo, está pendiente la construcción de consensos sociales en torno a un recurso amenazado por la acción de intereses que contravienen el interés colectivo que debe prevalecer.

[1] Doctora en Historia por la UNAM. Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad-DF. Responsable de la línea de especialización Agua, Sociedad y Cultura del Posgrado en Antropología Social CIESAS-DF.

[2] La autora agradece la lectura y comentarios de Antonio Escobar Ohmstede y Daniel Murillo Licea (CIESAS-DF).

[3] Organización de las Naciones Unidas, A/RES/2200(XXI), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, 1966.

[4] Decreto aprobado el 18 de enero de 2012 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 8 de febrero del mismo año, de acuerdo con el cual: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

[5] Entre los múltiples cuestionamientos que han surgido en torno a la Ley General de Aguas, la Barra Mexicana de Abogados considera, por ejemplo, que debe expedirse una ley general al acceso al agua y no incluirse en la que se refiere a los recursos hídricos en general (Barra Mexicana de Abogados, Opinión jurídica sobre la iniciativa de referencia para las audiencias de dictaminación a partir del 7 de abril, en Cámara de Diputados. Esta opinión se podía consultar hasta julio de 2015 en el Micrositio de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Legislatura LXII que recientemente concluyó. Una copia obra en poder de la autora. Otro cuestionamiento es que el nombre de la ley que prescribe el decreto de reforma que incluyó al agua en una garantía constitucional, se sustituye el término “nacional” por “general”, hecho, que, sin duda, vacía de contenido a un concepto que no solo tiene implicaciones identitarias sino jurídicas.

[6] A diferencia de la Comisión de Agua y Saneamiento que solo tiene registrado un foro con el tema “El agua, un derecho humano y fundamental en México”, en el año 2013, (Cámara de Diputados, Micrositio de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, “Foros”, la Comisión de Recursos Hidráulicos realizó seis foros con el mismo tema en Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa y dos en el D.F., así como también ha realizado más de 60 reuniones de trabajo con diferentes organismos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, autoridades. (Cámara de Diputados, Micrositio de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Foros, consultas y eventos realizados”; y,  Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados,Convocatoria pública rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la Ley General de Aguas, 6 de abril de 2015.

[7] Cámara de Diputados, Diario de los Debates, México (en adelante DDCD), 26 de febrero de 2015.

[8] Secretaria de Gobernación, Noticias Legislativas, Dirección General de Información Legislativa, México, 24 de febrero de 2015.

[9] Información proporcionada por la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputada Rocío Melchor Vásquez (PRD), Cámara de Diputados, México, D.F., 2 de julio de 2015. Cabe mencionar que también se pidió información sobre este tema a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, encabezada entonces por el diputado Kamel Athie (PRI), pero no se tuvo respuesta.

[10] Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, México (en adelante GP), martes 10 de febrero de 2015.

[11] gp, martes 3 de marzo de 2015.

[12] La iniciativa fue presentada el 24 de febrero y además del senador Encinas, fue suscrita por Dolores Padierna (PRD), Layda Sansores (PT), Angélica de la Peña (PRD), Ana Gabriela Guevara (PT), Manuel Bartlett Díaz (PT), Isidro Pedraza (PRD), Fidel Demedicis (PRD), Francisco López Brito (PAN), Silvia Garza (PAN). La única diferencia es que en la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, aparece un apartado introductorio donde se advierte que la iniciativa “es muestra de la capacidad de los ciudadanos de asumir las responsabilidades previstas en esta innovadora reforma” (GP, 10 de febrero de 2015), mientras que en la presentada por el senador Encinas se afirma que “es una propuesta elaborada por ciudadanos encabezados por el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Pedro Moctezuma Barragán” (candidato a diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en las elecciones intermedias de junio de 2015) (GP, 3 de marzo de 2015).

[13] En 1948 y 1946 fueron expedidas leyes reglamentarias del “Párrafo quinto del artículo 27 constitucional en materia de aguas del subsuelo”, recogidas en 1972 en la LFA.

[14] 20 de diciembre de 1927.

[15] DDCD, 23 de diciembre de 1933.

[16] DDCD, 27 de diciembre de 1944.

[17] La ley, según el dictamen de la Cámara de Senadores, tenía el propósito de resumir “en un solo ordenamiento, las vigentes de Aguas de Propiedad Nacional de 30 de agosto de 1934 [confirmando que la Ley de 1946 fue de aplicación incierta]; de Riegos, de 30 de ‘diciembre de 1946; de Ingeniería Sanitaria, de 30 de diciembre de 1947; de Cooperación para la Dotación de Agua Potable a los Municipios, de 15 de diciembre de 1956, y la Reglamentaria de Aguas de Subsuelo, de 29 de diciembre de 1956. DDCD, 23 de diciembre de 1971

[18] Ibid.

[19] Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Partido Ecologista de México (PEM) y Partido del Trabajo (PT).

[20] DDCD, 2 de julio de 1991.

[21] Participaron representantes del PAN, PRD, PPS, PFCRN, PARM y PRI. La comisión recibió la “propuesta de llevar a cabo un Simposium sobre el Agua y la Ley, a iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, en donde participaron técnicos, profesionales y estudiosos en la materia, líderes campesinos, representantes de la sociedad y de los usuarios urbanos y campesinos, profesores e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Chapingo, representantes del IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), de los organismos operadores y comisiones estatales de agua potable y alcantarillado y representantes del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, así como diputados de las distintas fracciones parlamentarias”, no se especifican otros datos. DDCD, 10 de noviembre de 1992.

[22] Diputados que se destacaron en el debate fueron: Alfonso Ramírez Cuéllar y Francisco Hernández Juárez del PPS y del PRD: Elpidio Tovar de la Cruz, Miguel Ángel León Corrales y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (diputado hoy por morena, cuya participación en 2015 fue fundamental para detectar los vicios de procedimiento en la elaboración del dictamen de la LGA).

[23] DOF, 29 de abril de 2004.

[24] GP, 4 de mayo de 2015, donde está publicada el acta de la sesión del 4 de marzo.

[25] Diputados del PRD presentaron un voto particular en contra del dictamen (DDCD, 5 de marzo de 2015).

[26] Cámara de Diputados, “Convocatoria pública rumbo al trabajo del proyecto de iniciativa de la Ley General de Aguas”, Legislatura LXII, Comisión de Recursos Hidráulicos, México, D.F. 6 de abril de 2015.

[27] Gaudiano Rovirosa fue presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos hasta el 16 de abril de 2015.

[28] La Jornada, 18 de junio de 2015.

[29] GP, 17 de junio de 2015.

[30] Véase nota 9.

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