Cientos de comunidades en EEUU están construyendo escudos legales frente a las empresas de energéticos

10 de octubre 2014 por Simon Davis-Cohen

En «Esto lo cambia todo» Naomi Klein explora el papel decisivo que los pueblos indígenas y sus aliados están jugando en la lucha por mantener este planeta habitable. Muchas comunidades indígenas han logrado el reconocimiento de derechos legales únicos que están siendo indispensables para la lucha frente al cambio climático, lo que les permite bloquear nuevos proyectos extractivistas en sus tierras ancestrales.

«Estas estrategias de protección duradera se están extendiendo de una manera que no ha ocurrido durante siglos …. Conceptos jurídicos [indígenas] están siendo aprobadas y propuestas en contextos no-indígenas.» Ella da el ejemplo de Pittsburgh, PA, cuyo ayuntamiento aprobó una ordenanza en 2010 reconociendo el derecho a la autonomía local así como los derechos legales de la naturaleza, prohibiendo a su vez la extracción de gas natural como una violación de esos derechos.

Como la experiencia en Pittsburgh demuestra, las comunidades amenazadas por la extracción de combustibles fósiles están descubriendo que no existen mecanismos para la protección de sus derechos ni para los sistemas naturales de los que dependen para su supervivencia. En el contexto indígena, está siendo clave la aplicación creativa de los derechos existentes; en los EE.UU., se está logrando el reconocimiento de nuevos derechos. El Fondo para la Defensa Ambiental Comunitaria, que aconsejó al ayuntamiento de Pittsburgh en su ordenanza pionera, está ayudando a hacer exactamente eso.

CELDF ha proporcionado consejo legal gratis a unos 500 municipios, los municipios y condados de los EE.UU., 200 de los cuales han adoptado ordenanzas que establecen «Derechos de la comunidad» y los derechos de la naturaleza. Las comunidades han aprobado estas leyes en reuniones de sus cabildos o vía referendums o consultas ciudadanas. Existen iniciativas a nivel estatal en Maine, New Hampshire, Massachusetts, Nueva York, Pennsylvania, Maryland, California, Virginia, Colorado, Ohio y Nuevo México. CELDF también asesoró a la Asamblea Constituyente de Ecuador en su exitoso esfuerzo para incluir los derechos de disposición de la naturaleza en el más reciente de la constitución del país.

Comunidades como el condado de Mora, Nuevo México, cuyas tierras y aguas están amenazadas por el fracking, han aprendido que la definición de nuevos derechos no es suficiente. En 2013, Mora presentó a los derechos de los pueblos indígenas La concepción Querencia de La Tierra, junto con el derecho a la autonomía, convirtiéndose en el primer condado de Estados Unidos para prohibir toda la extracción de combustibles fósiles. La Ordenanza de Mora, aprobada por una votación del cabildo, está siendo cuestionada en la corte federal por una subsidiaria de Royal Dutch Shell. Es la primera prueba legal de protección comunitaria y los derechos de la naturaleza en los EE.UU.

La elevación de los derechos comunitarios y los derechos de la naturaleza por encima de los derechos corporativos representa un claro cuestionamiento del paradigma legal que ha favorecido la propiedad y el comercio en las democracias occidentales y que ha sido utilizado para desplazar comunidades indígenas y otros por siglos. La Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos es un ejemplo principal, la cual ha restringido severamente la capacidad de los legisladores locales y estatales para interferir con el flujo del comercio.

La ley estadounidense prohíbe la violación de derechos humanos por parte de los gobiernos locales, estatales y federal, pero, a su vez, prohibe la aprobación de leyes que violarían los «derechos» de corporaciones, las cuales son consideradas como poseedores de derechos humanos por ser personas morales. Esta estructura de poder tiene raíces profundas. En la interpretación de la Enmienda 14 en 1886, la Suprema Corte de Estados Unidos concedió «igual protección» a las corporaciones; ya en 1819, la misma corte había redefinido los artículos de incorporación extendidas por los gobiernos estatales a corporaciones como contratos entre iguales.

La soberanía local, así como el respeto para los sistemas naturales de los que todos dependemos, han eludido siempre los sistemas jurídicos en Occidente. Para las comunidades que luchan contra el extractivismo, queda cada vez más evidente que se requiere lograr el reconocimiento de los derechos democráticos (humanos y de otras formas de vida) a nivel local. El reconocimiento y ejercicio de estos derechos requiere de amplios procesos de conscientización y organización.

Según Thomas Linzey: «Nuestro trabajoo busca no solo frenar ls gasoductos, y la infraestructura de extracción, sino cuestionar las doctrinas que han anulado la autoridad de las comunidades para decir ‘no’ a los proyectos.

Actualmente, las ordenanzas sólo han sido adoptados por gobiernos locales, pero los organizadores están empezando a trabajar a favor de cambios legislativos y constitucionales en los estados de Maine, New Hampshire, Pennsylvania, Ohio, Colorado, Nuevo México, Oregon y Washington, todos trabajando para aprobar leyes similares a una propuesta recientemente en Colorado. Allí, los defensores de los derechos comunitarios están recaudando firmas para un referéndum para enmendar la constitución estatal para reconocer «el derecho inherente a la autonomía local en los condados y municipios, incluyendo el poder de promulgar leyes para establecer y proteger los derechos fundamentales de las personas, las comunidades y la naturaleza, así como el poder de definir o eliminar los derechos y poderes de las corporaciones.» Aunque no lograron reunir las firmas suficientes para un referéndum en 2014, han iniciado una enérgica campaña para un referéndum en 2016.

Estas leyes sientan las bases para una estructura jurídica que prioriza el autogobierno y los derechos de la naturaleza sobre la búsqueda de ganancias por parte de las grandes corporaciones. Al ir logrando la aprobación a nivel local y estatal de estos conceptos legales inspirados en los sistemas indígenas, se luchará por su incorporación en la Constitución Federal.