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El conflicto de la extracción del agua de las presas de Chihuahua ha sido la tormenta perfecta para que muchos oportunistas se aglutinen y perfilen un primer núcleo político-electoral contra el presidente López Obrador, es cierto. Pero quedarse ahí, y reducir a la politiquería el análisis del problema es cometer un serio error de cálculo y desdeñar el núcleo duro del problema, y lo que hay de legítimo en las demandas de los productores y la población.

Cinco factores principales condujeron a esta situación: la desesperación ante la sequía más fuerte en años recientes, que infunde temor en la población al extraerse el agua de las presas, por justificada que ésta sea. La enorme presión del gobierno de EU para el pago del agua, contemplado en el Tratado de 1944. La falta de información suficiente, confiable, sobre el avance en dicho pago y el destino del líquido que se ha ido por el río Conchos. La llegada de la Guardia Nacional a resguardar las presas, que exacerba los ánimos, aun si aquella actúe dentro del marco de sus funciones.

Pero, sobre todo, la falta de operación política. La inexistencia de una instancia de diálogo, de confrontación de datos, de construcción de acuerdos entre las autoridades federales y los representantes de los productores, sin interferencias político-partidarias.

Así las cosas, la situación se polariza. Se blanden descalificaciones y satanizaciones mutuas. Se tensa el conflicto región-Federación y el conflicto se torna de suma cero: todos pierden. Para avanzar en la solución del conflicto hay que hacer tres aclaraciones básicas:

Primero, los productores no rehúsan pagar el agua que contempla el tratado de 1944, pero demandan que con datos claros e inequívocos se les demuestre cuánta agua se ha ido de Chihuahua, a dónde se ha ido y por qué, y cuánto resta por pagar; también exigen consensuar fecha y forma de pago.

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