La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas
En México, la reforma constitucional que reconoció el derecho humano al agua, aprobada en 2012, ha exigido la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida ha presentado una propuesta de ley que ha surgido de una iniciativa ciudadana desarrollada a través de un proceso nacional participativo. Ese proceso conecta las luchas locales de base contra la privatización, la contaminación de los recursos hídricos, los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos a favor del acceso a los recursos de agua y el control local de estos. El contexto de esta movilización nacional se encuentra en importantes luchas locales en Puebla, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Ramos Arizpe, Saltillo y Ciudad de México. La propuesta de ley aborda de forma integrada programas sostenibles para la gestión de las cuencas y la prestación democrática de los servicios de agua.
Por el contrario, el proyecto de ley del Gobierno federal, desarrollado a puerta cerrada, fortalecería la autoridad ejecutiva sobre el agua, y exigiría la privatización de los sistemas municipales; también promovería megaproyectos hidráulicos de alto consumo energético y garantizaría la disponibilidad de agua para actividades de minería y fracking. El Proceso Nacional de Construcción de Consensos por el Agua iniciado por la ciudadanía ha conseguido frustrar tres intentos de aprobar la propuesta de ley del Gobierno por la vía rápida, sin ningún tipo de debate.Este artículo ha sido escrito colectivamente por: Gerardo Alatorre, Omar Arellano, David Barkin, Elena Burns, Rolando Cañas, Luis Rey Carrasco, Helena Cotler, Adriana Flores, Esther Galicia, Emilio García, Raquel Gutiérrez, Rossana Landa, Diana Luque, Alfredo Méndez Bahena, Rosa Isela Méndez Bahena, Leticia Merino, Rodrigo Migoya, Pedro Moctezuma, Ana Ortíz Monasterio, Úrsula Oswald, Ricardo Ovando, Luisa Paré, Francisco Peña, Raúl Pineda, Víctor Quintana, Gloria Tobón y Alejandro Velázquez.
La Ley General de Aguas propuesta por la ciudadanía
La reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua en México, aprobada el 8 febrero 2012, exigió la elaboración de una nueva Ley General de Aguas, para sentar las bases para el “acceso y uso equitativo y sustentable” al agua, a través de la participación de la ciudadanía (una provisión sin precedente en la Constitución), junto con los tres niveles de gobierno.
Ese mismo mes, organizaciones 1 e investigadores en todo el país iniciamos un proceso ampliamente participativo para elaborar la ley de aguas que México necesita, y lograr la fuerza requerida para su aprobación y puesta en marcha. Este proceso ha sido articulado por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, instancia que ha surgido de este mismo proceso.
Nuestra propuesta de ley establece en primer lugar que el agua es un bien de la Nación, proveniente de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio. No permitiría mercantilizar el agua, ni privatizar o lucrar con su gestión.
Se centra en la cogestión, es decir la corresponsabilidad ciudadana-comunitaria 2 y gubernamental en la toma de decisiones, centrada en planes locales y regionales en torno a metas nacionales, de ejecución obligatoria, con contraloría ciudadana.Nuestra ley abre anunciando los siguientes objetivos de una Agenda Nacional: garantizar acceso a agua de calidad para todas y todos; para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.
Plantea dos tipos de instancias de cogestión. Para la planeación y gestión del agua en el territorio, proponemos instancias territoriales anidadas, mayoritariamente ciudadanas: Comités de Microcuenca, Comisiones de Subcuenca, Consejos de Cuenca y un Consejo Nacional de Cuencas. Los Comités de Microcuenca serían de participación abierta, y elegirían sus voceros revocables a las Comisiones y Consejos de Cuenca, con la posibilidad de elegir o invitar especialistas cuando se requiera. En estas instancias participarían también representantes gubernamentales del agua, medio ambiente y recursos forestales, salud, agricultura y ganadería, economía, desarrollo urbano, protección civil.
Estas instancias construirían Planes Rectores de Cuenca, de ejecución obligatoria, que definirían las obras y acciones requeridas para cumplir con la Agenda Nacional en su cuenca, en los cuales se piorizarían soluciones locales y desde la cuenca alta hacia abajo. Delimitarían Áreas de Importancia Hídrica (como son zonas forestales, zonas de recarga, cabezas de manantiales o ríos, humedales, llanos de inundación) en donde se impondrían severas restricciones a los usos del suelo, y se asignarían fondos públicos a las comunidades locales para su restauración y manejo.
En un contexto de severo sobreconcesionamiento y acaparamiento para usos no prioritarios, los Consejos de Cuenca recomendarían la reasignación de aguas superficiales y subterráneas para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua, garantizando el derecho humano al agua, a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud, así como el uso preferente para los pueblos originarios a las aguas en sus tierras.
Los Consejos de Cuenca en territorios que sufren de hundimientos, grietas, inundaciones crónicas, o que albergan grandes zonas habitacionales sin acceso continuo a agua de calidad, podrían exigir que sus cuencas sean decretadas como Zonas de Extremo Estrés Hídrico, en donde habría un estricto control sobre la expansión urbana, incluyendo la no autorización de nuevos megaproyectos urbanos con fines de lucro.
Dado que 77% del agua es concesionada para uso agrícola, en su mayoría para la agroexportación altamente contaminante ubicada en los desiertos del norte del país, cada Consejo de Cuenca contaría con un Comité para la Planeación Hidroagrícola que diseñaría las obras y programas requeridos para lograr la soberanía alimentaria dentro de un contexto de restauración de la cuenca. Los agricultores tendrían que cumplir con planes para una transición hacia la producción agroecológica para tener acceso a agua para riego.
El Consejo Nacional de Cuencas propondría a la Legislatura el presupuesto federal anual del sector agua; también tendría la facultad de nombrar la terna de la cual el Ejecutivo seleccionaría el Director de la Comisión Nacional del Agua. El Consejo Nacional de Cuencas también tendría la facultad de revisar y cuestionar, antes de su firma, cualquier tratado internacional que pudiera afectar la soberanía hídrica de México o el derecho humano al agua de los habitantes del país.
Para la planeación y gestión de sistemas de agua y saneamiento, la ley reconocería y fortalecería a los sistemas comunitarios, construidos y operados tanto por pueblos originarios, como por comunidades rurales y urbano populares. Ciudadanizaría los actuales sistemas municipales, al ponerlos bajo Consejos de Administración compuestos principalmente por voceros elegidos territorialmente (sin la participación de partidos políticos), por términos escalonados para garantizar continuidad.
Una Junta Municipal, compuesta por representantes ciudadanos de los sistemas comunitarios y municipales junto con funcionarios municipales y estatales, elaboraría y ejecutaría un Plan Municipal por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en congruencia con los Planes Rectores, para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua, prioritariamente para el uso doméstico y público personal. Prevería las acciones requeridas para lograr una política de cero descargas por parte de usuarios industriales. Además, garantizaría acceso a bebederos y baños dignos públicos, con un énfasis en el aprovechamiento de aguas pluviales y el reciclaje local.
Para erradicar la corrupción del sector agua, la ley ciudadana propone una Contraloría Social del Agua, 100% ciudadana/comunitaria, auto-organizada desde el nivel municipal, de cuenca y nacional. Esta instancia se coordinaría con una nueva instancia, la Procuraduría del Agua y Ambiente, y con la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para vigilar que los funcionarios estén haciendo lo necesario para cumplir y hacer cumplir con el derecho humano al agua. La Contraloría emitiría recomendaciones incluyendo la revocación del mandato de un funcionario, cuando el caso lo amerite. Nuestra ley también establece el derecho de cualquier persona a solicitar la intervención del Poder Judicial Federal contra infractores, y prevé una Defensoría Socio Hídricoambiental con financiamiento público, que permitiría presentar demandas contra funcionarios y empresas que hayan incumplido.
Un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento garantizaría acceso prioritario y directo a recursos públicos para proyectos autogestionados por parte de poblaciones sin acceso a estos derechos básicos.
The proposed water law would establish a National Fund for the Human Right to Water and Sanitation to guarantee direct access to public resources for self-organized projects in communities without access to these basic rights.Nuestra ley prohibiría el uso de aguas nacionales (superficiales y subterráneas) para la minería e industria altamente tóxica incluyendo la fracturación hidráulica (fracking), y negaría el acceso a aguas nacionales para los que utilizan agroquímicos tóxicos.
La primera versión de nuestra propuesta de Ley fue presentada a Senadores y Diputados de diversos partidos el 9 de febrero de 2015, quienes se comprometieron a hacerla suya sin someterla a dinámicas partidistas. El 23 del mismo mes, fue presentada como Iniciativa Ciudadana, sin cambio alguno, por 22 Senadores de 4 partidos.
Contar con una propuesta sólida y consensuada ha sido determinante para impedir la imposición de la iniciativa de ley de aguas del gobierno federal en 2014, 2015 y 2016—una ley que pretende reducir el “derecho humano al agua” a 50 litros diarios; obligaría la privatización de los sistemas municipales; fomentaría megaobras hidráulicas privatizantes e intensivas en energéticos; priorizaría el acceso al agua para “actividades estratégicas” (minería, fracking, energía); desconoce los derechos de los pueblos originarios; permitiría que las “autoridades del agua” hicieran uso directo de la fuerza pública; promovería la auto-regulación de industrias contaminantes; y aplicaría graves sanciones a cualquier persona que realizara actividades de investigación o monitoreo sin autorización.
Para enriquecer y ampliar el consenso en torno a nuestra propuesta y seguir acumulando fuerza, el 3 y 4 noviembre de 2015 iniciamos el Proceso Nacional de Construcción de Consensos por el Agua, a través de Foros Temáticos de Trabajo en 27 universidades del país. En agosto, este proceso cerrará con un Foro Nacional para revisar los resultados de estos foros y contar con una nueva versión de la Propuesta Ciudadana.
Mientras tanto, estamos construyendo Comités del Agua entre las poblaciones cuyo derecho al agua está siendo violado. Trabajamos para defender y fortalecer a los sistemas comunitarios, y los derechos de los trabajadores de los sistemas municipales. Estamos promoviendo, desde abajo, donde las condiciones lo permiten, instancias de cogestión comunitaria/ciudadana-gobierno. Realizamos planes hídricos y proyectos de manejo comunitario—captación de agua pluvial, reforestación, manejo de manantiales y canales, plantas de tratamiento, monitoreo.
En un ambiente adverso, juntos con muchas otras organizaciones, cuestionamos megaobras hidráulicas costosas y dañinas; luchamos para poner fin al minería tóxica y fracking; buscamos transparentar y sujetar al debate público las políticas que el Banco Mundial y otros organismos externos están implementando en el país, luchamos por alternativas a la privatización de los sistemas municipales y denunciamos la violencia que se está ejerciendo contra los que defienden sus tierras, aguas y el bien común. A través de medios de comunicación, las Cortes, organismos de derechos humanos, foros, marchas y caravanas, juntos presionamos para eliminar y superar la corrupción y la injerencia ajena que se han instalado en ese sector.
En fin, estamos descubriendo cómo se debe gobernar el agua en México, y, a la vez, estamos construyendo las capacidades, la legitimidad, la articulación y la fuerza para lograrlo.
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@AguaparaTodxsMX
Este artículo ha sido escrito colectivamente por: Gerardo Alatorre, Omar Arellano, David Barkin, Elena Burns, Rolando Cañas, Luis Rey Carrasco, Helena Cotler, Adriana Flores, Esther Galicia, Emilio García, Raquel Gutiérrez, Rossana Landa, Diana Luque, Alfredo Méndez Bahena, Rosa Isela Méndez Bahena, Leticia Merino, Rodrigo Migoya, Pedro Moctezuma, Ana Ortíz Monasterio, Úrsula Oswald, Ricardo Ovando, Luisa Paré, Francisco Peña, Raúl Pineda, Víctor Quintana, Gloria Tobón y Alejandro Velázquez.
Notas:
1. En el proceso han participado organizaciones de pueblos indígenas, usuarios de agua, trabajadores municipales, pobres urbanos y derechos humanos, así como sistemas de agua rurales y agrícolas de gestión comunitaria y organizaciones que luchan contra la privatización del agua, la minería tóxica, la agricultura con pesticidas, las represas y el fracking.
2. La Constitución Mexicana reconoce los derechos colectivos de pueblos indígenas (Art. 2), de ejidatarios (Art. 27) y de ciudadanos (Art. 4) a participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua. Por lo tanto, este artículo, igual que la propia Iniciativa Ciudadana, se refiere continuamente a “comunidades y ciudadanos” como sujetos en la toma de decisiones y en la gestión del agua en el territorio y en los sistemas de agua y saneamiento.