Se propone dictaminar Ley General de Aguas respetando principios de Parlamento Abierto VF

24 de julio 2020
Agua para Tod@s pide que la Ley General de Aguas sea dictaminada a través de un proceso que respete los principios del Parlamento Abierto
Agua para Tod@s celebra el compromiso de la LXIV Legislatura de aprobar una Ley General de Aguas que tendrá que sentar las bases para el acceso equitativo y uso sustentable del agua a través de la participación ciudadana-gubernamental.
Señalamos los avances y las limitaciones presentes en la Iniciativa encabezada por el Diputado Flores Anguiano.
Exhortamos al Congreso de la Unión para que dictamine la Ley General de Aguas a través de un proceso que respete los principios de Parlamento Abierto.
Exigimos que la LGA que se apruebe cumpla con las necesidades y expectativas expresadas en los cientos de foros organizados por Agua para Tod@s, por la Coordinación Temática de Medio Ambiente del GP Morena y por la Comisión de Recursos Hidráulicos.
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, que articula investigadores, pueblos y comunidades, organizaciones sociales de todo el país, celebra el hecho de que esta Legislatura está comprometiéndose con la aprobación de una Ley General de Aguas, para así cumplir con el mandato Constitucional pendiente desde febrero de 2013.
La pandemia de Covid 19 en curso ha venido a subrayar la importancia de lograr poner en el centro el papel del agua para para sostener la salud y la vida. Las y los integrantes de Agua para Tod@s vigilaremos que el dictamen fortalezca los derechos humanos al agua y el saneamiento, acceso, equidad, justicia hídrica, participación ciudadana y rendición de cuentas que nuestro país necesita y desalentar cualquier acción que privatice su acceso.
Señalamos los siguientes avances en la Iniciativa del Diputado Flores Anguiano:
Se crean mecanismos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en su territorio y para la restitución de aguas despojadas
No permite la privatización de sistemas municipales ni de obras hidráulicas
Los Consejos Regionales propondrían ternas para el Director de su Organismo Regional, y podrían bloquear la autorización de concesiones que vulnerarían su derecho al agua
No permite el uso de aguas nacionales para la extracción de hidrocarburos
Los recursos públicos solo podrían ejercerse para la ejecución de planes consensados
Señalamos también los siguientes limitantes de esta iniciativa:
No contempla mecanismos efectivos para la participación ciudadana-gubernamental:
El Consejo Nacional sería consultivo y la Conagua nombraría sus integrantes; los Consejos Regionales serían dominados por grandes usuarios.
La “participación” en los Consejos Regionales se determinaría por el volumen de agua concesionada, no desde una perspectiva de derechos humanos, si no dando más poder a quien ya lo tiene
Perpetuaría las actuales dinámicas de compra, venta y especulación en concesiones y derechos al agua
No contempla mecanismos para corregir las graves dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento ni del abuso de poder.
Perpetúa una dinámica bajo la cual una autoridad central “ajusta” la disponibilidad para favorecer un nuevo megaproyecto no sustentable, como ha pasado con las empresas Goldcorp en Zacatecas, Constellation Brands en BC, Modelo en Hidalgo, y Agsal en Coahuila.
No contiene mecanismos eficientes y exigibles para que la autoridad en la materia sea obligada a corregir las dinámicas de sobreexplotación (114 cuencas, 115 acuíferos) y acaparamiento (70% de las aguas concesionadas están en manos del 2% de los concesionarios)
No contempla mecanismos para la contraloría social del agua.
Fragmentaría y debilitaría a la Conagua, al crear un “Servicio Nacional Hídrico”, el cual invade competencias del actual Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua.
Mantendría prácticas discriminatorias en contra de pequeños concesionarios (98% del total) al exigirles los mismos requisitos que a los grandes usuarios (concesiones mayores a un millón de metros cúbicos al año)
Perpetuaría la contaminación impune, al determinar que cada concesionario contratará su propio inspector (“tercero autorizado”), y al no contar con mecanismos para obligar la reparación de daños por parte de los concesionarios que contaminen en violación de la normatividad.
Llamamos al Congreso de la Unión a tomar en cuenta la Iniciativa Ciudadana presentada el 4 febrero que cuenta con el importante respaldo de 198,129 firmas validados por el Instituto Nacional Electoral. Así mismo hacemos mención que nuestra Iniciativa fue presentada también y turnada en el Senado, a través de 34 Senadores, y en la Cámara de Diputados a través de los 36 diputados.
Proponemos un proceso coordinado entre las dos comisiones dictaminadoras que respete los principios de Parlamento Abierto y dé voz a la Iniciativa Ciudadana como mandata la Constitución.