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El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, al igual que muchos otros sectores de académicos, organizaciones sociales y pueblos originarios, mostramos nuestras inquietudes ante la acción desmedida y unilateral del Poder Ejecutivo Federal, en torno a las políticas de Estado que deberían implementarse en nuestro país sobre los recursos hídricos.

Después de que en estos últimos días se ha ventilado, por parte de organizaciones sociales, grupos de académicos y comunidades indígenas, los decretos emitidos el 6 de junio del presente año, por parte del Ejecutivo Federal, concerniente al manejo de 24 cuencas hídricas, nos queda perfectamente claro que este proceso de promulgación de los decretos, como ha sido costumbre de los gobiernos en turno, se llevó a cabo sin el concurso amplio e informado de la sociedad y los cuerpos de especialistas de las distintas universidades y centros de investigación interesados en el estudio, y propuestas de administración y gestión de un recurso natural que pertenece a todos los mexicanos por igual, y cuyo aprovechamiento en cualquier proceso productivo, debería de encontrarse regulado de manera clara, transparente, equitativa en relación a su función social y su utilidad pública.

La explotación y aprovechamiento por parte de empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, de un recurso fundamental como es el agua, tiene que contar con todas las medidas necesarias de control y vigilancia ciudadana que vayan más allá de lo meramente aparente.

Los decretos presidenciales emitidos en los últimos días deben ser abrogados por no contar con una amplia difusión, discusión y formación de consensos entre los directamente afectados y la sociedad en su conjunto, que de una u otra manera resentirán interpretaciones facciosas o amañadas por parte del Ejecutivo Federal.

SNPICD-INAH

 

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