Universales, se aplican a todos los seres humanos sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Irreversibles y progresivos, no excluye ni desestima la vigencia de Derechos antes consagrados, y deben de ir siempre progresando. Indivisibles, no puede hablarse de división de los Derechos Humanos, todos deben ser respetados y garantizados por autoridades y gobernantes. No negociables, los Derechos Humanos son bienes pertenecientes, de manera absoluta, a cada ser humano, por ello ninguna autoridad puede negociarlos. Inviolables, esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los Derechos Humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Obligatorios, los Derechos Humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. Trascienden las fronteras nacionales, la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los Derechos Humanos de su población. Interdependientes, complementarios y no jerarquizables, los Derechos Humanos están relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. El disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás.
Los Derechos Humanos son:
Derecho humano al acceso a la información
Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
El derecho de acceso a la información pública se encuentra establecido como una garantía individual en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y está reglamentado en una Ley Federal (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) así como en leyes estatales.
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