Plantean iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas

13.08.2018 – 08:51H Organizaciones civiles y campesinas plantearon la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que cumpliría con las reformas del 2012 al artículo cuarto constitucional que garantiza el… Organizaciones civiles y campesinas plantearon la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que cumpliría con las reformas del 2012 al artículo cuarto constitucional que garantiza el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. En conferencia de prensa, la asociación Agua para todos, Agua para la vida, que aglutina a 80 organizaciones de todo el país presentó la propuesta de dicha que ley que busca la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos, así como la restauración de cuencas y aguas subterráneas, y brindar el acceso equitativo del agua para uso personal y soberanía alimentaria. La iniciativa ciudadana propone una modificación al diseño de administración, para transformar a la actual Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas, dividido a su vez en 28 Consejos de Aguas y Cuencas Regionales. El organismo abarcaría todo el territorio nacional. Los consejos aprobarían y ejecutarían planes rectores para definir las obras hídricas requeridas y las áreas de importancia que deban ser protegidas. Además, reconocerían los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas de su territorio y asignarían los volúmenes requeridos para uso personal y servicios públicos. Asimismo, otorgarían concesiones renovables para diferentes fines. La ICLGA sería presentada a la próxima legislatura para que el Congreso de la Unión, la analice y en caso la apruebe. Durante la conferencia, representantes de distintas asambleas sociales del país expusieron las problemáticas regionales que afectan a las poblaciones en materia del agua. Ricardo Cruz Haro, presidente de la sociedad de abogados ambientalistas de Tamaulipas manifestó que el principal problema es que el agua se maneja como un objeto de venta y no como un derecho fundamental. “Los derechos fundamentales van más allá de los derechos humanos, porque son los que requiere la sociedad para subsistir, entre ellos está el acceso sano, saludable y suficiente al agua. “El objetivo debe ser el acceso al agua, que se des etiquete el precio del agua, el agua debe ser pagada, pero para efecto de que las operadores tengan el recurso suficiente para llevar a cada uno de los hogares de los mexicanos”, expresó. Por su parte, Julián López, representante del pueblo indígena nayari externó la preocupación de su comunidad por el proyecto de la presa en el río San Pedro Mezquital que otorga mil millones de metros cúbicos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Ya teníamos la experiencia de otras tres presas, Aguamilpa, Cajones y la Yesca, que no han beneficiado a las comunidades que vivían allí pero sí fueron desplazados, fueron desintegradas varias comunidades y familias. Ahora hay un amparo y está detenida la construcción de la presa pero no está cancelada, la amenaza sigue”, dijo. Gonzalo Moreno presidente de bienes comunales de la comunidad indígena cucapá de Baja California apuntó que de las 40 mil hectáreas de territorio del estado, el 98 por ciento está concesionado a distintas empresas para explotar el recurso hídrico. “Nosotros nos consideramos los custodios de los recursos naturales en la zona de Mexicalli en Baja California, hemos vivido de la pesca por más de 10 mil años, actualmente vivimos afectados por una reducción de agua del río Colorado, vivimos afectados por polígonos de reserva de pesca en el mar, estamos afectados por minería”, señaló. Mientras que, Rosa Esther Peña de la organización campesina indígena de la huasteca potosina destacó el trabajo de defensa de los pueblos originarios en la entidad para evitar que se aprueben prácticas como el “fracking”, que desgasten los recursos naturales. “Desde el 2013 se ha venido haciendo trabajo de información sobre estos megaproyectos como una actividad preventiva porque en la huasteca no tenemos todavía actividades de fracking como en Puebla o Veracruz”, dijo. Al respecto, Julio César Cervantes, representante de la Central Campesina Cardenista urgió en la necesidad de abrir un espacio de coyuntura real para darle la oportunidad a la ciudadanía de decidir sobre su agua. Indicó que por ello su organización presentó 36 amparos contra el levantamiento de vedas, que abría el paso a la privatización del 60 por ciento de las aguas nacionales, sobre todo en la región sureste de México. “El amparo lo que decía era que no se le podía entregar al primero que pidiera la concesión de estas aguas que se iban a liberar. “Los decretos siguen activos por ende los amparos siguen activos, nosotros confiamos en la promesa del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) que va a dejar de lado estos decretos, que las vedas no se van a tocar, sin embargo, nosotros no vamos a liberar los amparos, vamos a seguir el proceso legal”, aseguró. De igual manera, Oscar Monroy Hermosillo, ex rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidente de la comisión de cuenca de los ríos Amecameca y la Compañía, enfatizó en que en todo el país existen ejemplos como los anteriores, por ello reiteró la necesidad de impulsar la Ley General de Aguas que dote de inclusión en las decisiones a la ciudadanía. “La mejor forma de garantizar el derecho humano es que los propios ciudadanos administren y manejen el recurso agua, a través de los Consejos de Cuenca, que serian órganos de participación de autoridades y de los ciudadanos para poner en la mesa los problemas que hay y la forma de resolverlos”, aseveró.

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