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El plan (poco) secreto de BC y Sonora: exportar agua a Estados Unidos

En esta región árida de México lo único próspero alrededor del agua son los negocios.
Los gobiernos de Baja California y Sonora tienen en sus planes seis proyectos de plantas desalinizadoras
y al menos una ya negocia con dependencias de Estados Unidos para vender agua.
El gobierno de Baja California niega que haya intenciones de exportar agua al país vecino, pero
California lo confirma.
Esta transacción comercial no tiene precedente. En México las leyes no permiten la venta de agua,
y en Estados Unidos los tratados solo hablan de compartir el recurso de cauces naturales con su vecino
del sur.
Pero en épocas donde la sequía afecta a ambos países y las normas no están desarrolladas, un nuevo
jugador entró en la ecuación, y a pesar de los impactos ecológicos para México, aceleró el proceso.

Empresas transnacionales se han instalado en el noroeste de México, la única región del país con
dos mares y frontera, para construir plantas desalinizadoras cerca de Estados Unidos con el propósito
de vender el agua mexicana.
Consolidated Waters Co. Ltd., con sede en Islas Caimán, instaló una filial en Tijuana a través de
NSC Agua, S. A. de C. V., fundada en 2010 por el empresario Alejandro Valladolid de la Vega.
Los gobiernos de Sonora y Baja California han abierto la puerta a megaproyectos de desalinización
en los últimos años bajo el esquema de Asociación Público­Privado (APP), donde invierten estado
y particulares.
Esta visión de los gobernantes norteños y de los gobiernos del sur de Estados Unidos ya ha sido
estudiada por académicos de ambos países.
Cuando existe voluntad por convertir agua de mar en agua dulce para ser exportada de un país a
otro, los estudiosos lo llaman “Sistemas Binacionales de Desalinización”.
De acuerdo con el artículo académico “Desalinización y seguridad del agua en la frontera Estados
Unidos­México”, publicado en 2016, hay al menos dos proyectos que planean exportar agua a través
de ductos transfronterizos.
“Se presta cada vez más atención a los proyectos de desalación de agua de mar en Rosarito, Baja
California, y en Puerto Peñasco, Sonora. Ambos han considerado la posibilidad de exportar agua
desalada a Estados Unidos, aunque no existe una decisión definitiva para hacerlo”, dice el estudio.
El artículo añade que los principales interesados en estos proyectos son, precisamente, los empresarios
y cita el modelo de Asociación Público­Privado.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se asoció con Consolidated Waters
en una APP, y endeudó al estado con más de 66,000 millones de pesos que serán invertidos en la
planta desalinizadora de Playas de Rosarito, ubicada a cuarenta kilómetros de la frontera.
El panista Vega de Lamadrid anunció en 2016 esa planta desalinizadora como la más grande de
Latinoamérica.
Esta misma planta es mencionada desde 2012 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA) como “Planta Desaladora Binacional en Rosarito” en el acta 319 firmada por México y Estados
Unidos.
De acuerdo con Óscar Gracia, subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California,
la planta producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo, suficiente para casi cinco millones
de habitantes.
Y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, sigue los mismos pasos.
En marzo, la priista propuso al congreso sonorense una desalinizadora en el municipio de Empalme,
presupuestada en 704 millones de pesos y que se licitará también en la modalidad de APP. En Sonora
hay tres iniciativas de plantas desalinizadoras. La más polémica se encuentra en planeación para
instalarse en Puerto Peñasco, Alto Golfo de California, único lugar del mundo donde habita la vaquita
marina, hoy a punto de desaparecer.
Es precisamente la planta de Puerto Peñasco la que se planea para exportar agua a Arizona a través
de un ducto transfronterizo, con todo y los impactos ecológicos que dejaría en México.
“Ahí hay reservas ecológicas marinas y terrestres. Entonces son zonas muy sensibles y la vaquita
marina definitivamente sufriría”, dice la doctora en ciencias de los recursos de tierras áridas, Adriana
Zúñiga.

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