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“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, cita el ignorado párrafo sexto del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El agua, en diferentes cuencas del país ha sido tomada por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), que con el transcurrir del tiempo pasó de ganar una concesión municipal a la expansión de sus ingresos en tres cuencas.

Denuncias por corte definitivo, estudios de explotación acuífera a empresas cuestionables, relaciones con compañías señaladas de sobornos, proyectos inconclusos, modificaciones a modo de las legislaciones locales y el encubrimiento de sus propietarios, son el contexto de Agbar en México. Las tres localidades donde se presentaron estas denuncias a las que PODER tuvo acceso vía Méxicoleaks son Saltillo en Coahuila, Veracruz y Medellín de Veracruz. Su crecimiento, según narran a este medio de comunicación algunos pobladores y defensores del agua, es inexplicable.

La historia de las sequías de Coahuila y Veracruz se narra desde las, ahora áridas, tierras de Saltillo donde los habitantes de las comunidades ejidales de Parras de la Fuente y General Cepeda, libran una batalla desigual en contra de las grandes industrias manufactureras que convirtieron al municipio de Ramos Arizpe en una “Ciudad Modelo”1, pero con ambiciones de despojo.

Cuando Aguas de Barcelona llegó a la municipalidad en 2001, lo hizo con la promesa de mejorar “la accesibilidad del agua para los saltillences”. En ese entonces, el presidente municipal era el priista Óscar Pimentel González. Seis años después, la empresa ya era señalada como un “Millonario Fraude”, por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), quienes aseguraban que Agbar realizaba extracciones mucho mayores a las que reportaba2.

El negocio que enturbia el agua

El negocio comenzó cuando Pimentel González ocupó el cargo como alcalde en un momento en que (al igual que ahora) se padecía de una preocupante escasez de agua3. Ante esta situación, Pimentel González aprovechó para plantear un reordenamiento de los servicios públicos, quedando él mismo como parte del Consejo de Administración de la empresa. Y el negocio fue el siguiente: Según el mandatario, el municipio debía asociarse con una empresa extranjera para “fortalecer sin privatizar” (sic) el ahora extinto Sistema de Aguas de Saltillo (Simas)4. Para ello, Pimientel González contrató a la firma Freese Nichols (FN) para que estableciera las bases de la licitación.

FN propuso que el juez de la misma concesión fuera la auditora Arthur Andersen (que desapareció en 2002 tras el escándalo de Enron por cometer los delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron), misma que trabajaba como asesora contable de Agbar durante el periodo en que fue juzgada.

En el momento de la concesión hubo ocho empresas interesadas, pero únicamente la española realizó una oferta. El despacho Arthur Andersen había fijado un mínimo de 80 millones de pesos y Agbar ofreció 81.9 millones, ganó de inmediato y sin competencia. De este modo, obtuvo el 49 % de las acciones de Simas… Continuar lectura en https://www.rindecuentas.org/reportajes/2019/06/06/saltillo-el-origen-de-la-privatizacion-de-aguas-mexicanas/

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