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Acuerdos del 2o., Congreso Nacional “Ciudadanos y Sustentabilidad. El buen gobierno

del Agua” realizado en la ciudad de Guadalajara, Jal. Del 2 al 4 de Octubre del 2014.

Estados asistentes al congreso: Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Estado de México,

Jalisco, Guerrero, Puebla, Colima, Nayarit, Sinaloa, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz,

Baja California Sur, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Guanajuato,

Zacatecas y Quintana Roo, Aguascalientes.

Organizadores: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la

Universidad de Guadalajara (CUCSH), Doctorado en Derecho del CUCSH, Sindicato

de Empleados Públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA),

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, (SUTUDG),

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDG),

Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco FGTEMJ),

Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ) y l instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA).

Considerando que:

La agudización nacional de conflictos por el agua expresan que los arreglos

institucionales de forma y fondo que existen en la legislación actual del agua en

nuestro país son insuficientes o en el mejor de los casos limitados para su resolución

y abordaje. Así lo demuestran la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi en

Sonora, del arroyo Chupaderos y río Baluarte en Sinaloa, del río Santiago en Jalisco,

de los lagos y lagunas del territorio nacional, de las limitaciones de la EIA para

prevenir de manera efectiva los impactos ambientales, el costo beneficio de las obras y

los impactos sociales que causan los megaproyectos como las presas del Zapotillo, en

Jalisco, las Cruces en Nayarit, la Parota en Guerrero, la construcción de aeropuertos

en zonas de importancia hídrica como el de la ampliación de la ciudad de México,

de sentencias no cumplidas como el caso del acueducto de Sonora, de suspensiones

sin cumplir como los casos del Cerro del Gachupín y de la Primavera en Jalisco, de

la inobservancia de inclusión de pueblos y comunidades indígenas en la consulta

previa, libre e informada y toma de decisión de proyectos que los afectan, conflictos

que nos llevan a concluir que la actual LAN no tiene los arreglos institucionales para

garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a un ambiente sano y al

desarrollo con sustentabilidad,

Que de igual manera en el marco de la urbanización sin límites en el territorio

mexicano, de la privatización de los sistemas de servicios públicos de agua potable

y saneamiento, que dejan a las poblaciones urbanas en un estado de vulnerabilidad

creciente que ponen en riesgo el derecho a la salud, el derecho al agua potable y al

saneamiento y, con ello el aumento de los niveles de insatisfacción de las necesidades

mínimas y necesarias para alcanzar loa mínimos niveles de bienestar social.

Que el aumento de la pérdida de la soberanía alimentaria, por una política agraria,

incompleta, inequitativa e imparcial alejada del desarrollo con sustentabilidad, ha

ocasionado que los pequeños y medianos productores, las familias campesinas e

indígenas estén subsidiando la producción de exportación de granos y hortalizas en

detrimento del uso de aguas superficiales y subterráneas y de ausencia de tecnologías

adecuadas, que orienten la transición hacia la agricultura orgánica, el fortalecimiento

del mercado interno y precios competitivos a los campesinos y familias que son la

base de la alimentación del pueblo mexicano.

Que al igual que las zonas urbanas, la vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas,

va en aumento en virtud de la ausencia de un desarrollo costero asociado a los

recursos terrestres y marinos, pérdida de humedales y desarrollo inmobiliario

devastador que ocasiona los cambios de uso del suelo de manera acelerada cuyo

recrudecimiento se deja sentir por la fuerza de los huracanes hoy en día en territorio

nacional y que en el contexto del cambio climático se intensifican.

Que la ausencia de sustentabilidad en las grandes zonas metropolitanas del país

en virtud de la ausencia de planificación urbana y ambiental del territorio en base

a los recursos naturales de las zonas urbanas, su capacidad de carga y resiliencia,

está ocasionando el que no se garantice el usufructo de los derechos humanos

fundamentales para el buen vivir.

En virtud de lo anterior, la plenaria del segundo congreso nacional Resuelve:

Primero.- Reivindicamos los derechos humanos que la Constitución Política de México

otorga y reconoce a los y las mexicanas en sus artículos 1o., 2o., 4o., 25, 27, y 115, así

como los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos

humanos.

Segundo.- Reivindicamos los derechos humanos de corte procesal que la Constitución

Política de México otorga y reconoce a los y las mexicanas en sus artículos 14, 16, 17,

que fortalecen el estado de derecho en México.

Tercero.- Que tal y como se ha pronunciado el relator especial de Derechos humanos

respecto de los derechos ambientales el goce del derecho a un medio ambiente sano

implica el goce de otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, a respirar un

aire limpio, a la vivienda digna entre otros.

Cuarto.- Que el derecho al agua potable y al saneamiento, constituyen parte del bloque

derechos ambientales, sociales, económicos, culturales y del desarrollo, sin cuyo goce

efectivo, pleno, integral y completo es imposible la vida en la Tierra.

Quinto.- Que el modelo actual de derechos y gestión del agua en México, no garantizan

la preservación y manejo integral del recurso hídrico asociado a los demás recursos

naturales que forman parte del ciclo hidrológico.

Sexto.- Que el país necesita una reforma estructural del agua que garantice agua para

todos@ agua para la vida, y el Buen Vivir hoy y siempre

Aprobamos:

Primero.- La Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas para todos en lo general.

Segundo.- Aprobamos que el Grupo promotor Nacional Agua para todos, Agua para la

Vida a partir de este congreso se constituya en la Coordinadora Nacional Agua para

todos, Agua para la Vida.

Tercero.- Aprobamos presentar la Iniciativa ciudadana de ley General de Aguas a un

grupo de diputados@ y senadores@ federales para que hagan suya la iniciativa y la

presenten en los mismos términos que la reciben al pleno de la cámara de diputados

y de la cámara de senadores, ambas del Congreso de la Unión.

Cuarto.- Aprobamos continuar con la recolección de firmas a efecto de que en febrero

del 2015 podamos presentarla al nuevo congreso como Iniciativa Ciudadana (130,000

firmas) y al 2018 para presentar la iniciativa a Consulta pública.

Quinto.- Aprobamos construir una serie de alianzas con sindicatos (SME, SUTUDG,

STAUDG, etc), universidades, ONG ́s , movimientos nacionales como el Barzón, la

CNPA y Organismos internacionales abocados al tema del agua y medio ambiente

y derechos humanos. De igual manera el construir alianzas con los referentes

nacionales que ya existen: Alianza Antifracking, Movimiento contra la Minería, contra

las presas, de afectados ambientales, etc.

Sexto.- Aprobamos fortalecer para el siguiente encuentro nacional, la participación

de académicos y de redes de investigación temáticas sobre el agua. De igual manera

promover la investigación participativa para el tema del agua.

Séptimo.- Aprobamos respaldar la lucha del pueblo Yaqui y sumarnos a la exigencia

de liberación de sus presos ambientales, de apoyar la lucha del pueblo de Atenco

por el respeto de sus tierras en el contexto del nuevo aeropuerto para la ciudad de

México, respaldar la lucha del pueblo Nahua de Manantlán, Jal., por la recuperación

de sus tierras que aprovecha el Consorcio Minero Peña Colorada y se cumpla con

la suspensión otorgada respecto de las consecuencias de las concesiones mineras

otorgadas al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, respaldar al movimiento

de defensa del Cerro el Gachupín, para que se respete en campo la suspensión

otorgada y se preserve la zona de recarga de la ZMG, y a los propietarios del Boque la

Primavera de la ZMG, para que se cumplan las suspensiones que les fueron otorgadas

y se analice el modelo de co-manejo que establece la propia LGEEPA.

Octavo.- Aprobamos recomendar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de

la Federación y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la realización de

un Protocolo de Derechos Ambientales, a efecto de contribuir en el conocimiento de

actuación de los Jueces de Distrito y Magistrados del país y que esto se traduzca en

resoluciones de justicia y no de legalidad.

Octavo.- Se acordó el tener una reunión en 8 meses en San Luis Potosí y la sede del

3er., Congreso será en Jalapa, Ver., en dos años.

Guadalajara, Jal., a 4 de octubre del 2014.

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