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Esta mañana 23 organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) “que las líneas de investigación” sobre el caso del defensor de derechos humanos y del territorio, Manuel Gaspar Rodríguez, “incluyan el posible vínculo de su asesinato y los intereses afectados se la Minera Autlán y del presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz”.

Representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, el Consejo Tiyat Tlali y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, entre otras, ofrecieron una rueda para medios en la que dieron a conocer un comunicado, en la que advirtieron que la compañía y el edil panista estarían agraviados “al detenerse proyectos como El Aretón, la Línea de Alta Tensión Cuetzañan entronque Teziutlán II Tajín y al cancelar la actividad del relleno sanitario intermunicipal de Cuetzalan”.

Denunciaron además que la dependencia a puesto trabas a los parientes y defensores legales del activista y demandaron que “se garantice a los familiares y abogados que acompañan el caso, la participación y representación debida en el proceso de integración de la carpeta de investigación, (pues) el Ministerio Público se negó a aceptar el nombramiento de los asesores jurídicos de la familia, y una vez aceptado se niega a facilitar la carpeta de investigación a los abogados, lo que a todas luces actúa en detrimento del derecho a la justicia y la verdad”.

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