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BOLETÍN DE PRENSA

Nos oponemos rotundamente a la “Ley privatizadora del Agua”

1

– Rechazamos la privatización del agua y su mercantilización

– No al fracking y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales

– Agua para la vida; agua por un derecho humano y como bien público.

México D.F. a 10 de marzo de 2015.

Las Jornadas Nacionales en Defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo nos oponemos a

la intención de los diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL de privatizar el agua, al aprobar

recientemente la nueva Ley General de Aguas propuesta por la Conagua, cuya intención es

beneficiar abiertamente a las empresas transnacionales y favorecer el uso de agua en la técnica

del fracking para extracción del gas shale.

La iniciativa privatizadora del agua, por parte del gobierno federal y aprobada por los partidos

afines al régimen, es parte de una estrategia en contra de la ciudadanía, de las comunidades

campesinas e indígenas y contra el pueblo de México.

Ahora es el agua, la que quieren privatizar. Nos lo quieren quitar todo: la tierra, el agua, el aire,

la biodiversidad, el patrimonio familiar y comunitario, nuestros derechos, nuestros sueños,

nuestras esperanzas. Desde hace 30 años las leyes se modifican para facilitar el despojo.

Primero Salinas impulsó los cambios al artículo 27 constitucional que favorecen la privatización

del Ejido y la comunidad, luego la Ley Minera que da prioridad a la extracción de minerales

sobre la producción de alimentos, ahora la reforma energética que cede el petróleo, el gas y la

producción y conducción de la energía eléctrica a las trasnacionales a la vez que facilita la

usurpación de las tierras campesinas por PEMEX, la CFE y los futuros empresarios de la

Por ello, las Jornadas Nacionales en defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo, que

aglutina a diversos movimientos contra los proyectos de muerte, organizaciones campesinas e

indígenas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, vecinales, etcétera) nos

oponemos rotundamente a la “Ley de Aguas Korenfeld”, como se le conoce, por las siguientes

1. Otorga facultades para tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza

publica: La Conagua definiría las obras a ejecutar y a qué corporaciones asignarlas; a quienes

inspeccionar, sancionar y condonar pagos (Art. 15), sin participación o revisión publica, excepto consultas

a los concesionarios (15, 55-57). Los presidentes municipales, el Jefe de Gobierno y las empresas

concesionarias seguirían controlando los sistemas de agua y saneamiento (65 II). La autoridad del agua

podría solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones (258).

2. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales que

brindan servicio: Se concesionaría megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades (129, 232):

Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca,

Twitter: @EncuentroNal / FB. Encuentro Nacional / defensa.tierra.agua.vida@gmail.com

Chapultepec/Acapulco (72 V, 116); pozos ultra profundos (191), desalinizadores (9 X). Se promoverá la

privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81)

3. Permite sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua

a grandes corporaciones: Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción

de la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables y sujetas a dinámicas de compra-venta, en

violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-

112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al

dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161). Los sistemas comunitarios de agua serian

municipalizados o concesionados (65). La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos

4. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día: La única

obligación de la autoridad seria garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en

5. Permite a los operadores garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas de

presión social: Las tarifas cobradas a los usuarios finales serian fijadas por convenio con la Conagua

como condición para acceso a fondos federales, y tendrían que cubrir la recuperación de las inversiones

y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258) Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas

cobradas a poblaciones vulnerables (240).

6. Permite asegurar agua para el uso minero y el fracking: El uso minero no requeriría de concesión

(191). La fracturación hidráulica cabria dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción

de cualquier sustancia”) (10, LVI) y se le establecerían un permiso (141, III).

7. Permitirá perpetuar la impunidad a contaminadores: “El Estado promover la participación voluntaria en

esquemas de auditoria y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la

8. Permitirá evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”: El 33% de las poblaciones

urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de

arsénico, flúor y/o plomo. La Ley Korenfeld no tiene medidas para corregir esta situación—solo ofrece a

las empresas prestadores de servicios la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua. (35)

9. Permite a las autoridades Desentenderse frente a desastres: En caso de emergencias

hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar

medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y

10. Prohíbe el estudio de la situación real del agua: La realización de obras de exploración, estudio,

monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XX VI) será́ considerada falta

grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).

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Asimismo las Jornadas Nacionales en defensa de la tierra, el agua, la vida y el trabajo, nos

sumamos a la iniciativa de la sociedad civil, que propone lo siguiente:

1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s,

agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y

acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequias por mal manejo.

2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la micro cuenca

hasta el nivel nacional, para consensar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la

Agenda Nacional cuenca por cuenca.

3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel

municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas

acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso

necesario, recomendar la revocación de su mandato.

4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos

5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización,

acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían

los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los

límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las

prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el

uso de aguas nacionales para la minería toxica, la fracturación hidráulica (“fracking”) ni

para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas.

6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos publicas y comunitarias,

sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y

transparente. Tendrían que consensar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el

acceso equitativo al agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre

7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego. Comités de

ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos

consensarían planes cuenca por cuenca para poner fin a la contaminación y el

desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos

sanos para el consumo humano, local y nacional.

8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el

financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin

acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas publicas.

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9. Garantizar presupuesto para el agua de por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes

Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos

10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría

menos costos y más beneficios socio hídricoambientales a lo largo de su vida útil. No se

permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.

11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas sufriendo de

estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua,

aguas residuales sin tratamiento y re uso).

12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto

Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de

Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes,

asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua.

¡Salvemos al campo para salvar a México. Salvemos a México para salvar al campo!

¡Si van por todo, lo defenderemos todas y todos!

¡Zapata y Villa viven. La lucha sigue!

Twitter: @EncuentroNal / FB. Encuentro Nacional / defensa.tierra.agua.vida@gmail.com

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