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Elena Burns y Ana Ortiz Monasterio | 01.10.2015

Aunque el agua en el mundo es suficiente, millones de personas no tienen acceso a ella. Ante este problema vital, es imperioso tomar medidas que garanticen la distribución equitativa y el uso apropiado de este recurso. ¿Qué podemos hacer en México? Tener, en primer lugar, una ley de agua justa e inteligente.

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La palabra naturaleza nos evoca imágenes de bosques y selvas, ríos y lagos, árboles milenarios, aves volando y fauna de todo tipo. La naturaleza, incluyendo el funcionamiento básico de nuestros propios cuerpos, nos remite al agua. Al mismo tiempo, el agua es uno de los temas sociales más básicos. En la historia de la humanidad, las civilizaciones se desarrollaron en torno a su disponibilidad y manejo, y el agua es central en casi toda actividad productiva.

A pesar de su innegable importancia, actualmente es común dar el agua por sentado, a tal grado que no estamos conscientes de la enorme y cada vez más profunda crisis hídrica que será necesario resolver para garantizar vida de calidad a las actuales y futuras generaciones. En zonas rurales y crecientemente en zonas urbanas, el agua sale de la llave cada vez más esporádicamente, y, la que sale, es de dudosa calidad. Según datos oficiales, el 33% de la población recibe agua de acuíferos sobreexplotados (dinámica que causa, en muchos casos, hundimientos y grietas); siete de cada diez ríos está contaminado y más del 30% de ellos lo está en extremo.

Wangari Maathai, la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz, subrayaba que cuando los recursos se degradan y se compite por ellos, tanto a nivel local como global, “donde estamos luchando por al agua, el petróleo y los minerales”, una manera de fomentar la paz es promoviendo el manejo sustentable y la distribución equitativa de los recursos.

Esta necesidad de lograr un manejo más cuidadoso de nuestros bienes comunes derivó en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 28 de julio de 2010, la cual reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando la relación esencial entre este y la realización de todos los demás derechos humanos.

En este mismo sentido, el 8 de febrero de 2012 se publicó en México la reforma constitucional que adicionó el actual párrafo sexto al artículo cuarto:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Según la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU),1 en el mundo hay más que suficiente agua para el uso doméstico, la agricultura y la industria. El problema radica en la sistemática exclusión de algunos: “La escasez es fruto de las instituciones y los procesos políticos que ponen a la población pobre en una situación de desventaja”. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios 100 litros de agua por persona al día para cubrir todas sus necesidades de consumo e higiene. Cerca de la mitad de los habitantes de países en vías de desarrollo, el nuestro entre ellos, sufren problemas de salud provocados por servicios de agua y saneamiento deficientes. Juntos —el agua sucia y un saneamiento deficiente— son la segunda mayor causa de muerte infantil en el mundo.

En cuanto se publicó la reforma, surgió un impresionante proceso de participación ciudadana para formular una propuesta de Ley General de Aguas capaz de cumplir con el mandato constitucional. Investigadores e integrantes de organizaciones rurales, de regantes y de la sociedad civil, y especialistas en políticas hídricas formaron 10 mesas temáticas, realizaron un seminario nacional para evaluar experiencias participativas de gestión de cuencas, acuíferos y sistemas municipales y organizaron un congreso nacional en la Universidad Autónoma Metropolitana para formular propuestas que fueron revisadas a través de talleres y foros en 26 estados. Las observaciones fueron incorporadas y ratificadas en su segundo congreso nacional, realizado en la Universidad de Guadalajara.

El pasado 8 de febrero, la propuesta ciudadana derivada de este proceso fue presentada en un acto formal de entrega-recepción a un conjunto de legisladores de diversos partidos que se comprometieron a hacerla suya. El 23 de marzo, la iniciativa, suscrita por 21 senadores del PAN, PRD y PT y el senador Alejandro Encinas, fue publicada en laGaceta del Senado.

La propuesta ciudadana busca garantizar el derecho humano al agua y saneamiento a todos los habitantes; el derecho a la alimentación en lo relacionado al agua, y el uso preferente de esta por parte de los pueblos indígenas en las tierras que habitan y ocupan, así como el respeto por sus derechos culturales, usos, costumbres y formas de gobierno en relación con este recurso. También busca contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante la disponibilidad de agua suficiente y de calidad para los ecosistemas; estabilizar y restaurar los flujos de aguas subterráneas y superficiales, y eliminar progresivamente la contaminación de cuerpos y corrientes de agua, las actividades que destruyen o deterioran las cuencas y sus aguas subterráneas, y la vulnerabilidad de la población ante sequías e inundaciones causadas por el manejo inadecuado de las cuencas.

Asimismo, prevé la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de Gobierno, junto con la ciudadanía, en espacios de planeación y gestión a nivel de microcuenca, subcuenca y cuenca, así como a nivel nacional. En la gestión democrática para la sustentabilidad se consideran significativamente las aguas superficiales y sus cauces, las aguas subterráneas, las residuales y las pluviales, a la par del manejo comunitario del agua.

Se propone superar la actual crisis de sobreconcesionamiento y marginación con un rediseño del sistema de concesiones, asignaciones y permisos, para así transitar hacia la sustentabilidad y la restauración hídrica en cada cuenca del país. En cuanto a la contaminación, el giro principal de la propuesta ciudadana para el futuro es la prevención.

Resalta la introducción de dos mecanismos no punitivos para fomentar el cumplimiento y garantizar el derecho humano al agua. La Defensoría Socio-Hídrico-Ambiental serviría para mediar en la resolución de conflictos, además de brindar asesoría jurídica y técnica. La Contraloría Social serviría para erradicar la corrupción e impunidad en el desempeño de la gestión pública del agua, y para evitar que los órganos ciudadanos lleguen a ser influidos o controlados por intereses económicos o partidistas.

Para superar la actual crisis de los sistemas municipales de agua y saneamiento, la propuesta ciudadana plantea planes municipales consensuados y vinculantes a fin de garantizar las obras requeridas para el acceso equitativo y sustentable por encima de los cambios trienales, así como mecanismos para la participación y vigilancia ciudadana dirigidos a eliminar los gastos arbitrarios prevalentes en este sector.

La propuesta también requiere que los sistemas de agua y saneamiento funcionen sin fines de lucro. La inclusión de esta provisión fue resultado de un exhaustivo análisis de las experiencias con diversos arreglos con el sector privado (incluyendo asociaciones público-privadas, contratos y concesiones) para el manejo de estos sistemas. En 35 países del mundo, 180 ciudades se han visto en la necesidad de “remunicipalizar” sus servicios de agua y saneamiento2debido a incumplimientos de los programas de inversión, cobros excesivos, desvío de fondos, faltas de entrega de información, entre otras razones. En países desarrollados se ha acelerado marcadamente el número de casos de remunicipalización: 81 de ellos tuvieron lugar entre 2010 y 2014, mientras que entre 2005 y 2009 solamente hubo 41. Más del 70% han sido llevados a cabo por gobiernos que distan mucho de ser hostiles a la participación de empresas privadas: Francia, Estados Unidos, España y Alemania.

Un ejemplo relevante para México es el de París, donde en 1984 se firmaron contratos con Veolia y Suez —actuales concesionarios del sistema de la Ciudad de México— para el suministro de agua por un periodo de 25 años. Solo tres lustros después iniciaron las observaciones de organismos de auditoría por falta de transparencia financiera; precios entre un 25 y un 30% por encima de los costes económicamente justificados; una enorme y creciente brecha entre las reservas financieras constituidas por los operadores para mantenimiento de la red y las obras efectivamente realizadas, de manera que inflaban los precios y aplazaban atender la infraestructura.

En enero de 2010, tras el vencimiento de los contratos,3 se llevó a cabo la remunicipalización de su sistema. El primer año de operación nuevamente en manos públicas, Eau de Paris logró un ahorro de 35 millones de euros, lo que permitió reducir las tarifas ocho por ciento y realizar acciones solidarias dirigidas a hogares pobres. La ciudad ha creado un Observatorio Parisino del Agua, a través del cual la ciudadanía opina y participa en la gestión estratégica de Eau de Paris.

Otra iniciativa para legislar sobre el agua en México, elaborada por la Comisión Nacional del Agua, fue presentada por cuatro diputados en marzo de este año. Esta incumplió con el mandato constitucional al no incluir provisiones para garantizar el acceso equitativo y sustentable, ni abrir espacios para la efectiva participación ciudadana. Propuso reducir el derecho humano a la provisión de 50 litros diarios por habitante a cambio de un pago, sin contemplar mecanismos para garantizar la calidad del agua “potable”.

©Jaime Rojo

©Jaime Rojo

La iniciativa gubernamental daba prioridad al manejo hídrico a través de grandes obras de infraestructura sin prever el escrutinio de sus costos y beneficios ambientales y sociales. Exigía a las autoridades federales, estatales y municipales buscar esquemas para su financiamiento privado, y proponía el concesionamiento de trasvases a particulares. Asimismo, establecía un mecanismo para determinar tarifas enfocado en recuperar inversiones y generar utilidades, con la obligación de asegurar la provisión de agua a los usuarios con mayor capacidad de pago.4No incluía mecanismos para evaluar, revertir y evitar la sobreconcesión de aguas nacionales, ni para frenar la descarga de contaminantes industriales en los sistemas de drenaje municipal. Proponía sujetar la investigación y el monitoreo del agua a permisos gubernamentales, y las autoridades del agua tendrían acceso al empleo directo de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus provisiones. Esta iniciativa contó muy pronto con un dictamen favorable en la Cámara de Diputados, pero luego fue descartada tras una fuerte oposición ciudadana.

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