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México requiere una nueva ley de aguas, academia y ONG buscan impulsar una


Asociaciones civiles y la academia en todo el país trabajan e impulsan una propuesta para una nueva ley general de aguas que pondría énfasis en el derecho humanos y va contra la privatización del agua, la iniciativa en el estado es encabezada por La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (Lavida), dijo la investigadora de la Universidad Autónoma de México, Luisa Paré.

Desde la incorporación a la Constitución del artículo cuarto sobre el derecho humano al agua y saneamiento, México tiene que tener una nueva ley de aguas, la cual no ha sido aprobada en los Congresos y está en preparación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pero desde hace dos años una comisión amplia en todo el país de más de 500 investigadores y ciudadanos de la organización civil han trabajado la propuesta de iniciativa ciudadana, indicó.

Para que sea tomada en cuenta por el Congreso de la Unión requiere reunir 120 mil firmas para el mes de julio, explicó Luisa Paré, la propuesta ciudadana de “ley general de aguas” surge de la sociedad civil, universidades, redes ciudadanas, académicas, juristas comprometidos para proteger el agua, las cuencas y las comunidades contra proyectos privatizantes y contaminantes, represas, minas y otras amenazas.

Esta iniciativa tiene una visión basada en la gestión de cuencas, porque las ciudades no pueden ignorar las condiciones ambientales y socio-ambientales en sus cuencas abastecedoras para mantener ese aporte de agua.

La investigadora, en entrevista previa al inicio del coloquio Agua para todos y todas siempre, los retos de la gestión del agua en la región de Xalapa, sostuvo que esta gestión de cuencas se debe hacer a través de un plan rector y con una fuerte participación ciudadana en la planeación de las actividades productivas de estas cuencas.

Para que así sea en beneficio para los que habitan las cuencas, que están proporcionándoles servicios ambientales hidrológicos a las ciudades y a la vez para su propio bienestar, que ellos mismos tengan garantizada el agua y el agua necesaria para sus actividades productivas y sobre todo poner en primera instancia el derecho al agua y el caudal ecológico.

Ya que en el “objetivo” de la ley de aguas nacionales se habla de: seguridad para inversionistas vía concesiones transferibles; devolución de distritos de riego a usuarios; mientras que en la propuesta ciudadana se expone: “garantizar el derecho humano al agua y saneamiento para actuales y futuras generaciones y va contra la privatización del agua”.

Desabasto en Boca del Río

Boca del Río enfrenta “un problema gravísimo de falta de agua” , mientras el organismo que provee ese servicio está enfilado a la quiebra con la complicidad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), refirió el alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Yunes Márquez.

El edil declaró en entrevista que se está tratando de resolver enviando pipas a las colonias, aunque ello no sea suficiente. Dijo que Boca del Río vive con “una necesidad enorme” de agua potable que no puede recibir a causa de los problemas financieros y de funcionamiento del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS).

El edil calcula que el SAS no tardará más de un mes en quedarse sin dinero para la nómina de sus trabajadores a causa de los malos manejos de sus directivos. “No creo que duren más de un mes las finanzas del SAS”, dijo.

En tanto –dijo–, el Orfis dejó sin castigo los presuntos desvíos de recursos que que habrían sido cometidos en administraciones anteriores del SAS. “El Orfis ya eximió de cualquier responsabilidad al SAS y demostró su parcialidad”, lamentó el edil, y reiteró que ese organismo está sumido en la quiebra con problemas de corrupción, de deudas y de mal funcionamiento.

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