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Fermín Ledesma Domínguez
Rebelión

Desde hace siglos, la actividad minera configura un silencioso y encubierto territorio de sacrificio en la medida que aparecen restricciones de acceso a la tierra, problemas de salud, manejo de grandes cantidades de explosivos y en general transformaciones sociales con profundos impactos en la reproducción de la vida cotidiana. Este artículo aborda la estrategia de despojo que implementa la empresa minera Frisco en la mina Santa Fe, ubicado en un pequeño poblado del norte de Chiapas – sureste mexicano, para limitar la sobrevivencia de la población local y de esta manera, expandir el control de la explotación de minerales.
Introducción

La minería en México no es una actividad reciente, sino que data de cinco siglos de explotación. De manera histórica ha operado bajo cuatro ciclos de extracción según López Bárcenas (2017). El primer ciclo parte de la llegada de los españoles hasta la instauración de la República en el siglo XIX; el segundo con el Porfiriato y pasada la revolución mexicana de 1910; el tercer es la época de la mexicanización que comprende de 1960 a 1980 caracterizada una explotación controlada desde el gobierno nacional y, finalmente el cuarto es el ciclo de la globalización con la llegada de grandes corporaciones transnacionales, el retiro del Estado en la explotación y un marco jurídico ambiental y fiscal amigable para favorecer a las empresas privadas.

Por sus características de operación, la minería actual tiene seis características, de acuerdo Svampa y Viale (2014): la primera es la transición de la minería tradicional de socavón a la moderna de cielo abierto o tajo que requiere grandes cantidades de agua, explosivos y químicos; la segunda es la concentración en poca manos de la operación minera por parte de capitales extranjeros; la tercera es la operación a gran escala conectadas a otros mega-proyectos como presas hidroeléctricas o vías; la cuarta es el carácter excluyente de la minería en tanto que subordina económicamente otras actividades de la población en el territorio donde se implanta; la quinta característica es la estela de daños ambientales que genera en la biodiversidad y en la salud animal y humana, y finalmente, la sexta son los conflictos sociales que genera en la escala local.

Para Eduardo Gudynas (2015), la minería moderna se inserta en la lógica del neo-extractivismo por el uso intensivo de recursos naturales, tecnología, baja mano de obra y su carácter exportador, a diferencia de la minería tradicional que se realizaba mediante técnicas artesanales y sin elementos tóxicos. Por todos estos elementos y características, la minería no es una actividad sustentable como pretende presentarse en la nueva narrativa ambiental que promueven las empresas socialmente responsables.

En el plano social, la minería crea territorios vacíos o socialmente vaciables como zonas de sacrificio caracterizadas por áreas aisladas o de escasa densidad poblacional, de tal suerte que las economías regionales son devaluadas respecto de los impactos posibles de la actividad minera (Svampa y Viale, 2014). En el caso de México, podemos encontrar lugares históricos como Real de Catorce en San Luis Potosí y Salaverna, Zacatecas, devastados por la minería tras ser explotados. Hoy en día son paisajes de verdaderos pueblos fantasmas, o territorios de terror como ocurre con la minería ilegal en Madre de dios, Perú.

En el caso mexicano en las últimas dos décadas, el Estado intensificó el despliegue de la geografía minera hacia las zonas indígenas del país; Gracias al avance del desmantelamiento de la propiedad colectiva y un marco jurídico y fiscalad hoc, las compañías mineras han tenido un fácil acceso a los recursos minerales en territorios indígenas y campesinos, de tal suerte que bajo la narrativa del progreso y la gobernanza ambiental (empresas socialmente responsables) las comunidades son seducidas con empleos temporales, actividades lúdicas para la niñez y apoyos económicos para escuelas como una medida para resarcir los daños ambientales.

En el actual ciclo de la globalización minera, la actividad México se puede medir en términos de los permisos otorgados y la superficie asignada para exploración y explotación. El último mapa de indicadores mineros elaborado por la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) en 2016 reveló que en el país existen 1,558 minas en explotación y 1,156 en proyectos de exploración, en una superficie concesionada de 22.3 millones de hectáreas (11.3% del territorio nacional), concentrados principalmente en los estados del norte como Sonora, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, de donde se extraen oro, plata, plomo y cobre, principalmente. Un total de 1,186 empresas extranjeras operan en el país, mientras que 1,848 son de capital mexicano.

Un lugar llamado Mina Santa Fe

Vayamos ahora a un caso mexicano donde puede ilustrarse el lento despojo territorial y las dinámicas de las transformaciones espacios rurales, donde la actividad minera subordina la vida cotidiana.

En 1879, los hermanos Zepeda, Enrique y Manuel, propietarios de la hacienda Zacualpa municipio de Solosuchiapa, encontraron unas vetas de oro y plata sobre los arroyos Los Pinos y Danta, lo cual bastó para que la compañía inglesa Chiapas Minning Company, con sede en Londres Inglaterra, se interesara en explorar el lugar casi inaccesible conocida como Mina Santa Fe. Al poco tiempo, una terrible inundación dentro de la mina hizo que varios obreros perdieran la vida en 1892, aunado a las difíciles condiciones para hacer llegar maquinaria, sepultaron las posibilidades de la explotación a gran escala hasta su cierre temporal en 1905. [1].. Continuar lectura http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257305&titular=la-mina-santa-fe-en-chiapas-y-la-estrategia-del-despojo-territorial-

 

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