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Elena Burns y Helena Cotler

Hasta no ver, no creer: el agua, base de la vida y de la economía del país, fue uno de los elementos más castigados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017. Los recursos federales para el agua y el saneamiento en zonas urbanas y rurales fueron reducidos de 12.6 mil millones de pesos en 2016 a 3.6 mil millones de pesos para 2017, un recorte de 72% en un país cuya cobertura de tratamiento alcanza apenas en promedio, un 52% (CONAGUA 2015).

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El estado que sufrió el mayor golpe fue Oaxaca, donde 33% de la población no tiene agua en sus casas. Aun así el presupuesto se redujo de 400 millones de pesos a 80 millones de pesos. Por otro lado, la Ciudad y el Estado de México, ambos al borde de un colapso hídrico y con una cobertura de tratamiento de aguas residuales menor al 30% (Conagua 2015), pasaron de 2.1 mil millones de pesos a 637 millones de pesos.

En México “considerables volúmenes de estas aguas residuales son vertidos a los cuerpos de agua sin previo tratamiento, contaminándolos y alterando los ecosistemas naturales con los consecuentes daños a la salud humana, ya que muchas de estas fuentes son de abastecimiento de agua de otras poblaciones” (CONAGUA, 2015: 73), como consecuencia en el país se presentan, al menos, 5.5 millones de casos de enfermedades infecciosas intestinales (CONAGUA, 2015: Cuadro 3.8).

¿A dónde fueron los recursos recortados? Inexplicablemente 3.2 mil millones de pesos del presupuesto de la Conagua se transfirió al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, adicionales a los siete mil millones de pesos que ya recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Asimismo, el Túnel Emisor Oriente (TEO), recibió 3.5 mil millones de pesos (Montoya, 2016) –a pesar de que este proyecto, iniciado sin licitación en 2009, con la promesa de completarse en tres años por 9.5 mil millones de pesos, ya ha consumido 34 mil millones de pesos. El TEO literalmente mandaría por un tubo las aguas pluviales que son la única fuente sustentable del agua en nuestro capital del altiplano.

El presupuesto de la Conagua, avalado sin discusión por la Cámara de Diputados, representa una violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es firmante, y el cual, gracias al primer artículo constitucional, es vinculante. La Observación 15 del Pacto obliga a los Estados Partes a aplicar el máximo de recursos disponibles para el cumplimiento progresivo de los derechos humanos—sin recortes ni desvíos.

El presupuesto 2017 deja en claro que el futuro del agua en México está siendo decidido en ausencia de información y de debate público. El vacío que deja puede considerarse una invitación para abrir el mercado a empresas trasnacionales, deseosas de contar con acceso a mercados monopólicos de un bien único y necesario, con compromisos gubernamentales a largo plazo, y utilidades garantizadas por tribunales internacionales, a contracorriente de lo que sucede en otras grandes ciudades.

Según investigaciones de varias instituciones internacionales, 235 ciudades en el mundo, incluyendo a París, Berlín, Buenos Aires, Atlanta, Laredo, Montevideo, Bogotá, Jakarta, Budapest, Dar es Salaam, Johannesburg, Houston, han decidido retomar sus sistemas de agua y saneamiento, después de haberlos puestos en manos privadas. En muchos casos este cambio constituye “una respuesta a la falsa promesa de los operadores privados y su fracaso de poner las necesidades de las comunidades antes que el beneficio económico” (Kishimoto et al. 2015).

Los arreglos con privados han ido acompañados por múltiples problemas, incluyendo abruptos aumentos en las tarifas, el alto costo del financiamiento, el incumplimiento con las inversiones acordadas, el pobre desempeño, la falta de compromiso con el ahorro y con servicios a zonas marginales, la falta de acceso público a la información financiera y sobre las redes y el padrón de usuarios, la transferencia de riesgos al sector público y la falsificación de información entregada al regulador (Hall, 2015).

Según amplias investigaciones, los arreglos públicos-privados para la gestión del agua tienden a ocurrir tras puertas cerradas, acompañados por esquemas de corrupción, entre los cuales PSIRU ha documentado: licitaciones con resultados pre-determinados, abuso del poder e inacción en caso de incumplimiento; desinformación por parte de licitantes; la colusión entre la empresa y consultores “independientes”, la mala calidad en los servicios y la subestimación de ingresos y sobre-estimación de gastos (Lobina, 2014). Ilustrativo de estos procesos es la extensión anticipada, hasta el año 2053, de las concesiones a la empresa Aguakán para servicios de agua y saneamiento en tres municipios de Quintana Roo a cambio de un pago de 1.06 mil millones de pesos al gobierno del estado, recurso que, hasta la fecha, está “desaparecido”.

Afortunadamente, podemos aprender de esas experiencias donde, después del fracaso de dejar el agua en manos privadas, los ciudadanos y sus gobiernos locales están construyendo lo que podríamos llamar “el buen gobierno del agua,” basado en mecanismos de participación y contraloría ciudadana, incluyendo consejos de administración ciudadanizados, auditorías públicas y procesos de planeación participativa (Valdovinos, 2012).

Experiencias similares están surgiendo también en México. Este octubre, empresarios y organizaciones en Monterrey lograron la cancelación del mal concebido trasvase Monterrey VI. En Ramos Arizpe, Coahuila, los ciudadanos aprovecharon una coyuntura electoral para poner fin a una asociación pública-privada. En la Ciudad de México, ciudadanos están litigando para lograr acceso a los acuerdos que el gobierno de la ciudad está negociando con opacidad.

La modificación del artículo cuarto constitucional de 2012 exige un nuevo marco jurídico-institucional en donde la ciudadanía será copartícipe junto con los actores gubernamentales, para la consecución del acceso equitativo y sustentable al agua. Desde su aprobación, investigadores y organizaciones hemos estado construyendo la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que busca reemplazar el ejercicio arbitrario y opaco del poder sobre el agua, con procesos ciudadanos-gubernamentales de planeación a largo plazo, por municipio, área metropolitana, cuenca y a nivel nacional. Esta propuesta obligaría que el 5% del presupuesto federal sea dedicado al agua, para ser aplicado en proyectos consensados en planes vinculantes. Propone mecanismos para lograr la co-administración gubernamental y ciudadana, con transparencia y la rendición de cuentas.

Los ciudadanos vamos emergiendo con la voluntad y capacidad de responsabilizarnos más allá que nuestro voto. El Presupuesto Agua 2017 nos invita abrir un debate nacional sobre la ley de aguas que México requiere.

Elena Burns, Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, y Agua para Tod@s Agua para la Vida, y Helena Cotler, Investigadora del Centro de Geografía y Geomática “Jorge L. Tamayo” A.C.

Referencias:

CONAGUA, 2015, Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento 2015.

Hall D., 2015, Why public-private partnerships don’t work. The many advantages of the public alternatives.

Kishimoto S., Lobina E., Petitjean O., 2015. Our public water future. The global experience with remunicipalisation. Transnational Institute (TNI), Public Services International Research Unit (PSIRU), Multinationals Observatory, Municipal Services Project (MSP) and the European Federation of Public Service Unions (EPSU).

Lobina, E. 2014. Misleading Industry PR and the Case for Public Water. Public Services International Research Unit.

Montoya, Miguel Ángel. 2016. “Atropello brutal al presupuesto de las entidades”.

Valdovinos, J.2012 The remunicipalization of Parisian water services: New challenges for local authorities and policy implications. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris, France. Water International 37:2, 107-120.

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