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La CIDH notificó que decidió otorgar medidas cautelares a favor de los integrantes del pueblo Yaqui que encabezan la defensa en contra de la construcción y operación irregular del Acueducto Independencia en Sonora.

Dado que la defensa del pueblo Yaqui por el agua ha derivado en situaciones de «gravedad, urgencia e irreparabilidad», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano «adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal» de los líderes de la comunidad  Yaqui.

La CIDH notificó que decidió otorgar medidas cautelares a favor de los integrantes del pueblo Yaqui que encabezan la defensa en contra de la construcción y operación irregular del Acueducto Independencia en Sonora.

Así, pide la adopción de «las medidas necesarias» para preservar la vida y la integridad personal de los líderes de la Tribu Yaqui y garantías para que puedan desarrollar sus actividades, «sin ser objeto de actos de violencia y hostigamientos para el ejercicio de sus funciones.»

Además, solicita un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

Cabe recordar que la solicitud de medidas cautelares fue presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ante la CIDH el 20 de diciembre de 2013. La resolución de la CIDH constituye el reconocimiento internacional a «nuestra lucha por el acceso al agua es legítima y de que nuestra vida e integridad se encuentran amenazadas por la persecución que ha emprendido y permitido contra nosotros el Estado mexicano», señaló Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui.

Cabe recordar que a raíz de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de mayo de 2013 a favor de la Tribu Yaqui se han incrementado las acciones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Sonora en contra de los defensores de la Tribu y el 11 de septiembre pasado fueron detenidos y encarcelados Mario Luna -vocero entonces de la Tribu- y Fernando Gutiérrez Jiménez, integrante y defensor de la misma, acusados de delitos que no cometieron.

La SCJN ha señalado que «la autorización del Acueducto fue irregular y ha ordenado reponer el proceso.»

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