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«La pugna por el agua se ha recrudecido», escribe Leticia Merino.

Por Leticia Merino/ SUSMAI, UNAM

La propiedad de la nación sobre las aguas del territorio es uno de los pilares del pacto social que dio base a la Constitución. El carácter público de la propiedad del agua es una condición fundamental para garantizar su distribución y uso en función del bien público, asegurando, en primer lugar, el acceso de los más vulnerables. La misma Constitución reconoce derechos históricos de pueblos y comunidades indígenas y dotar también de tierras y aguas a los ejidos.

Décadas más tarde, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el marco de la firma del TLCAN, se impusieron profundos cambios a la legislación, con lo que el pacto constitucional se modificó drásticamente. A lo largo de las tres pasadas décadas si bien la propiedad pública de las aguas y el subsuelo se mantuvo formalmente, perdió su sentido de bien común. Sobre las aguas y los recursos minerales se impusieron sistemas de concesiones. En el caso del agua 70% del volumen concesionado está en manos de 7% de los concesionarios: agroindustrias, mineras, refresqueras y cerveceras. El sistema de concesiones desconoció los derechos de pueblos, ejidos y comunidades, imponiéndoles la obligación de solicitar concesiones sobre sus propios recursos o correr el riesgo de ser despojados de esos derechos en favor de concesionarios autorizados por Conagua.

Treinta y cinco años de neoliberalismo han generado un incremento en la desigualdad y un deterioro ambiental sin precedente. En lo que se refiere al agua, desde la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales de 1994, la desigualdad en el acceso al agua y la ineficiencia y corrupción en la gestión hídrica y en el sistema de concesiones es tal, que ha sido considerada insostenible por la Auditoría Superior de la Federación… Continuar lectura https://aristeguinoticias.com/2803/mexico/el-derecho-humano-al-agua-y-el-verdadero-pacto-constitucional-articulo/

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