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El Derecho Humano al Agua en manos de la iniciativa privada

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Desde pequeños nos enseñan que existe un ciclo en el agua, que en su forma simplificada es:

Evaporación – nubes – lluvias – ríos, lagos o mar – evaporación.

Pero hace como un par de años, en un encuentro de la Comisión de Derechos Humanos del DF, este esquema fue “roto” por un ingeniero invitado al foro de derechos humanos al agua. Él nos explicó que esta forma de estudiar el ciclo del agua es anacrónica y se tenía que extirpar de los libros de texto puesto que el ciclo del agua estaba regido fundamentalmente por tubos y bombas, especialmente en las ciudades.

Para mí fue una revelación.

No porque cambiara mi concepto sobre el ciclo del agua, sino porque comprendí la distorsionada visión que tienen algunas personas; algunas son las que manejan las políticas públicas del agua de la Ciudad de México. Esta visión explica porque vivimos en una ciudad que se inunda en época de lluvias y no tiene agua en época de secas, aún cuando llueve diez veces más del agua que utilizamos. Supongo esta visión fue base para el documento que está circulando entre los interesados sobre la nueva iniciativa de Ley General de Aguas que aparentemente será sometido por la CONAGUA al Congreso. La primera pista sobre esta visión es que la exposición de motivos se detecta que nunca se habla de la naturaleza. Lo más cercano es una expresión que dice: “Sin comprometer la sustentabilidad ni frenar el desarrollo económico”. No sé cuál concepto de “sustentabilidad” que se haya usado, ya que incluso el concepto más básico incluye al desarrollo económico, lo cual habla de su cercanía con ese tema. Contradiciendo esta frase, la exposición habla también de los errores más grandes que hemos tenido en términos de manejo ecosistémico: el trasvase (que significa extraer agua de una cuenca y verterla en otra; por ejemplo, el agua del Sistema Cutzamala que provee del 30% de agua a la Ciudad de México es agua que trasvasamos, extrayéndola de la cuenca del Lerma y los desechos contaminados llegan a la cuenca del Pánuco y de ahí al Golfo de México). Probablemente ésta sea de las actividades menos sustentables que hace el ser humano y la exposición de motivos lo justifica con argumentos como “ya somos muchos” y “hay sequías”.

Después la propuesta de ley compuesta de 249 artículos (casi el doble del número de artículos que tiene Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) deja muchos huecos en el manejo del agua. Por ejemplo, en el Artículo 8, no se entiende qué significa el “equilibrio ecológico”; en el Artículo 9 no explica la “sustentabilidad ambiental”; en el capítulo IX el uso del agua para la conservación ecológica apenas alcanza dos renglones. En contraste la infraestructura y financiamiento cuentan con más de 170 artículos de diferente índole y extensión. Incluso, en el apartado dedicado a la protección del recurso hídrico, el factor de mayor importancia es la infraestructura. En esta propuesta de ley es más importante incluir en el marco jurídico asociaciones privadas como la ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México), referida en el Artículo 23, que incluir los procesos naturales que afectan la disponibilidad de agua a ciudades.

La importancia de incluir a la naturaleza en la ley se basa en que en ella están las reservas de agua y ella puede reducir los efectos de inundaciones y sequías. Para comprender porqué es necesario incluir en la Ley de Aguas una visión de ecosistema, basta recordar cómo funciona el Valle de México. El 70% del agua que tomamos en esta ciudad viene del acuífero, que está siendo sobreexplotado al 100%; por cada litro de agua que entra al acuífero se extraen dos. La recarga sucede principalmente en la zona boscosa que está al sur de la ciudad. Si urbanizamos la zona boscosa, la recarga se reducirá en un 27%. Así que tarde o temprano nos vamos a acabar el agua, y si urbanizamos los bosques será antes. Por su parte, la sobreexplotación del acuífero genera que la tierra se compacte y se generen hundimientos. A su vez, una tierra más baja es más fácil que se inunde cuando existen precipitaciones fuertes. Por ello es fundamental que la protección y manejo de estas regiones estén incorporadas; sin embargo, esta propuesta es como el diseño de las tuberías de una casa que no incluye la conexión del municipio al tinaco o el drenaje.

Sorprende más que la propuesta sólo le dedique un renglón al cambio climático. Éste y el agua son un binomio esencial para emprender las medidas de mitigación y adaptación en las ciudades. Por ejemplo, la probabilidad de inundaciones en la Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo aumenta dramáticamente cuando se incluyen las predicciones del cambio climático.[1] No obstante, tampoco parece ser importante en esta propuesta.

La propuesta de ley cambia también las características que el agua potable debe tener: sin olor sin color y sin sabor. Ésta indica que el sabor, olor y el color del agua de uso doméstico debe de ser “aceptable”. Hace dos años y medio, justo antes de las elecciones presidenciales, los capitalinos recibimos agua un sabor muy desagradable, proveniente del sistema Cutzamala. El entonces Comisionado Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, en rueda de prensa mostró su valentía al tomar un vaso con agua de ese sistema y dijo que se podía beber. El sabor se debía a un tóxico producido por la geosmina una sustancia producida por un alga que surge en época de calor cuando los lagos (en este caso la presa de Valle de Bravo) están contaminados – y que está sucediendo de nuevo-. Con esta propuesta de ley tomaremos agua “aceptable” según los funcionarios, aunque eso no indica que necesariamente sea potable.

Los problemas del agua se pueden resolver desde esta propuesta con infraestructura, más como es muy costosa, se requiere de la iniciativa privada para ayudar a resolver los problemas. En otras palabras, nuestro derecho humano al agua[2] ahora estará supeditado a la iniciativa privada, puesto que al gobierno no le alcanza para evitar inundaciones o purificar el agua.

En contraste, un grupo de más de 450 personas de la sociedad civil y de la academia ha elaborado durante más de dos años una propuesta de ley donde se incluye a las dinámicas de la naturaleza. La propuesta ciudadana centra a la dinámica de las cuencas como la forma básica del manejo del agua. En lugar de invertir el dinero en infraestructura que requiere de mantenimiento continuo, se invierte en la restauración de la naturaleza y que ésta haga el trabajo, lo que sería más barato y más equitativo socialmente. Ésta sí considera la regulación de actividades en los humedales y los bosques en un proceso de sustentabilidad (en esta iniciativa este concepto ya incluye el desarrollo económico).

Además la parte ecológica es sólo una de las aristas que debe de tener una propuesta de ley. En los rubros sociales, legales y financieros los problemas de la propuesta de la CONAGUA darían para diversos análisis extras. En cambio, la propuesta de la sociedad civil centra la ley en una gestión planificada y participativa del agua, con contraloría social. El objetivo final se basa en tres ejes, que haya agua para los ecosistemas, para todas y para la soberanía alimentaria. Esto promoverá un control en la contaminación, evitará la destrucción de cuencas y reducirá la vulnerabilidad a inundaciones y sequías, considerando el cambio climático.

Las dos propuestas de la Ley General de Aguas transparentan el fenómeno que estamos viviendo en el país. Por un lado, una propuesta basada en infraestructura y que requiere de la iniciativa privada, minimizando el papel del gobierno y de la naturaleza. Por el otro lado, una propuesta que promueve la participación ciudadana, pulverizando el control de las decisiones en múltiples sectores que se autorregulan y que consideran a la naturaleza como un aliado para resolver los problemas. Tenemos que tener mucho cuidado en cual escogemos puesto que nuestro Derecho Humano al Agua está de por medio.

Luis Zambrano es investigador del Instituto de Biología y Secretario Ejecutivo Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, UNAM.


[1] Datos proyecto internacional entre Instituto de Biología y FARN financiado por CDKN que serán presentados en la COP20 en Perú en Diciembre.
[2] Término que está incluido en esta propuesta de ley cada determinado número de renglones, se necesite o no se necesite.

VER ORIGINAL EN
http://labrujula.nexos.com.mx/?p=151
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