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Conociendo las claves de la transformación de la megaminería en el territorio mexicano afectado por los adelantos tecnológicos, así como las reformas estructurales en materia legal y financiera impulsadas en el marco del TLCAN (véase el artículo “México se vende a la megaminería”); en este artículo vamos a ilustrar la manera en la que se destruye el territorio y los recursos naturales de México. Principalmente, analizaremos la manera en que la población actual y las futuras generaciones de las comunidades mexicanas resultarán afectadas, de forma permanente, respecto a su derecho al agua y, como consecuencia de la contaminación por residuos sólidos.

Las empresas transnacionales que hay detrás de la megaminería, en su búsqueda para maximizar sus utilidades en el menor tiempo posible y para conseguir la obtención de mayor rentabilidad en las explotaciones de minerales de baja ley, han modificado su forma de explotación, pasando de minería subterránea a minería a cielo abierto. Para ello aplican tecnologías modernas y nuevas formas de conocimiento que son más agresivas con la naturaleza y la sociedad, tales como el uso de teledetección satelital en actividades de exploración y bases de datos en tiempo real, camiones gigantes con capacidad de 320 toneladas de carga, utilización de cianuro y mercurio en el beneficio de los minerales, sistemas automatizados para el control de maquinaria, y barrenación con explosivos.

Los impactos de la minería han sido desfavorables. Por ejemplo, INEGI, en 2009, señaló que un rasgo central del régimen de ocupación de la minería en México fue que la producción de minerales metálicos (oro, plata, cobre, plomo y zinc) ocupó 26.181 personas, de las cuales 11.901 trabajadores eran subcontratados, equivalente a un 45’4%. Otro impacto social ha sido la desaparición de las comunidades, como ocurrió en el Estado de Zacatecas con Real de Ángeles en el municipio de Noria de Ángeles; y Peñasquito y Salaverna, en el municipio de Mazapil, donde los habitantes fueron desplazados y reubicados a nuevas colonias para extraer los minerales del subsuelo; además de que la minería no ha resuelto el problema de pobreza en los municipios donde se instala, como en Noria de Ángeles, donde la pobreza en 2010 alcanzó al 74’2% de su población, en Mazapil el 72’7% y Ojocaliente el 70’9%.

Dos de los principales impactos ambientales producidos por la automatización de procesos en la minería extractiva, han sido una mayor demanda de consumo de agua y una mayor generación de desechos sólidos (véase Figura 1).

Respecto al impacto ambiental por despojo hídrico vemos que, teniendo en cuenta la cantidad de entre 50 y 100 litros diarios de agua por persona que establece como Derecho Humano la Organización Mundial de la Salud, la cifra de 436’64 millones de metros cúbicos anuales de agua –que reporta como dato vigente para el año 2016 el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)–, a partir de la cual el portal Cartocritica retomó el rango máximo de 100 litros diarios de agua, por día y por persona, y señaló que con esa cantidad de agua se podría atender el consumo de 11.962.830 seres humanos que habitan el territorio mexicano. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo tomando como base el rango mínimo de 50 litros de consumo diario por persona, la cantidad de agua concesionada a la minería sería suficiente para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 23.925.660 mexicanos.

Para dimensionar el tamaño del consumo del agua en las entidades federativas que mayor cantidad de recurso hídrico tienen concesionado para la operación de megaproyectos de capital global de minería extractiva, en el caso del Estado de Sonora, la cantidad de 107’86 millones de metros cúbicos de agua que consume anualmente la megaminería sería suficiente para abastecer del vital líquido a 2.955.284 personas durante un año, cifra que representa el 110’9% de los 2.662.480 habitantes del Estado de Sonora. En el Estado de Zacatecas, los 55’78 millones de metros cúbicos de agua concesionados a los megaproyectos de capital global de minería permiten abastecer a 1.528.247 personas, equivalente al 102’5% de los habitantes del Estado de Zacatecas.

Es decir, el impacto ambiental que pagan los estados de Sonora y Zacatecas por ser el primero y segundo lugar nacional de extracción de minerales metálicos, respectivamente, es que la megaminería actualmente consume más agua que toda la población que habita en esas dos entidades federativas.

Si analizamos los datos del portal de internet Cartocritica, las tres grandes empresas mineras que más agua consumen en México son Grupo México, Goldcorp y Arcelor Mittal México, cuyo consumo conjunto anual ascendió a 184’11 millones de metros cúbicos. Suficiente para darle agua potable a 5.044.327 personas, equivalente al 117% del total de la población de tres entidades federativas del país: Aguascalientes, Durango y Zacatecas, que suman 4.308.598 habitantes. Es decir, los megaproyectos de capital transnacional minero en manos de Grupo México, Goldcorp y Arcelor Mittal México, actualmente consumen más agua que toda la población que habita en los estados de Aguascalientes, Durango y Zacatecas.

Otro dato sobre el enorme impacto ambiental de la megaminería es que los residuos sólidos generados en México durante el proceso de explotación de cinco minerales metálicos (oro, plata, plomo, cobre y zinc), en conjunto, sumaron 10.748.130.721’7 toneladas de desechos de roca durante el año 2014. Para demostrar la gravedad del asunto, podemos observar que el total de residuos sólidos urbanos generados por el total de la población mexicana durante el periodo 1982-2014, “sólo” fue de 1.169.948.800 toneladas.

Es decir, que por cada 1.000 toneladas de residuos sólidos generados en territorio mexicano, las empresas mineras transnacionales, sólo durante el año 2014, generaron 901’9 toneladas de residuos sólidos. Mientras, la población mexicana, durante el periodo 1982-2014, únicamente generó 98’1 toneladas de residuos sólidos.

Las 3.032 empresas mineras transnacionales con megaproyectos de explotación y exploración en territorio mexicano generaron 9’18 veces más residuos sólidos en el año 2014 que toda la población mexicana durante 32 años.

Todas esas afectaciones se han pagado a cambio de recibir recursos por 3.000 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en 2014. Para contar con un punto de referencia que permitiera dimensionar cuán significativo sería para las comunidades mineras el impacto económico de esta suma, se tomó en cuenta que el tipo de cambio promedio anual en 2014 fue de 13’29 pesos por dólar. Así, los recursos del fondo minero equivalen a casi 226 millones de dólares.

Mientras, el valor de la producción generado en el año 2014 en la minería metálica mexicana fue de 14.765 millones de dólares que en su mayoría son transferidos a las economías donde se ubican las principales matrices de las corporaciones mineras que operan en México, principalmente a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Así, de esta suma, sólo un poco menos de 226 millones se destinó al beneficio de las comunidades donde opera la megaminería, lo que equivale al 0’015% del total.

Por cada 1.000 dólares que se obtuvieron, en 2014, a raíz de la megaminería en México, las empresas transnacionales mineras se quedaron con 999’85 dólares y las comunidades recibieron sólo 15 centavos.

Conclusiones
La información presentada demuestra que el TLCAN fue la experiencia más acelerada de privatización de territorio y recursos naturales que ha vivido México. En tan sólo 22 años se ha entregado más de la mitad del territorio nacional a la megaminería de capital transnacional. En este sentido, la parte más crítica es la profunda desigualdad en la distribución de la renta minera, que de nada ha servido para eliminar la situación de pobreza en las comunidades donde se instalan los megaproyectos de extracción de metales preciosos.

Imagen de la publicación “Mi Tierra” [Foto: Jesús Martínez vía Mi Tierra].
Imagen de la publicación “Mi Tierra” [Foto: Jesús Martínez vía Mi Tierra].
Para detener el despojo de la riqueza natural y la explotación de la fuerza de trabajo que ocurre en la megaminería, resulta necesario que propongamos alternativas y acciones colectivas inmediatas en los niveles nacional y estatal, conectadas al plano internacional. Una de ellas sería respaldar la iniciativa ciudadana de “Ley General de Aguas”, que propone detener la privatización del agua y así evitar que las empresas mineras transnacionales tengan un consumo preferente sobre las aguas del territorio mexicano y, en todo caso, se respete el derecho humano al agua. Dicha iniciativa la está promoviendo la organización “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, con el respaldo de un importante grupo de universidades e instituciones de educación superior mexicanas y organizaciones sociales ambientalistas.

Además de las consecuencias ambientales que genera la megaminería a cielo abierto, otro problema de gran relevancia es lo que ocurre con los impactos económicos y sociales que provoca esta actividad extractiva; especialmente si revisamos la distribución de la renta minera entre el trabajo y el capital con datos empíricos a nivel nacional, subnacional y por unidad minera, en un contexto internacional marcado por el fin del auge de los commodities.

El estudio de la sobreexplotación del trabajo en la megaminería también arroja oportunidades para comprender cómo se reconstruyen las relaciones sociales de las comunidades afectadas por la minería extractiva, a partir de la llegada de la fuerza de trabajo que inmigra temporalmente en búsqueda de oportunidades de empleo.

 

 

 

 

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