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Crónica para publicación de memorias Congreso Ciudadano

 

Crónica de una ley ciudadana

 

Elena Burns[1]

“Agua soy, del agua provengo…”

 

El canto de la joven Lorena Moctezuma resonó entre los cientos de participantes en la inauguracióndel Congreso, lírica promesa de lo posible, dedicada a tres colegas que dieron todo para la sustentabilidad del agua, el Arq. Jorge Legorreta, académico profético de la UAM; y Manuela Martha Solís e Ismael Solorio, luchadores sociales recientemente asesinados por oponerse el saqueo de los acuíferos de Chihuahua por intereses mineros y agroexportadores.

 

Diez meses antes, en febrero 2012, Eugenio Gómez (UAM-I), Úrsula Oswald (CRIM/UNAM) e Ignacio Sánchez (INIFAP) de la Mesa Directiva de la Red Temática del Agua de la Conacyt; Oscar Monroy (Red del Agua de la UAM) y Pedro Moctezuma (PISN/UAM); Nathalie Seguín (FAN México);  Rossana Landa (Cuencas y Ciudades del FMCN); Rebeca López y yo (Centli/UAM); iniciamos el proceso de organización del Congreso “Ciudadanos y la Sustentabilidad del Agua en México,” con la intención de promover un diálogo de saberes entre académicos y “practicantes” de organizaciones y comunidades, más allá de las “ponencias-autopsias” de ríos, lagos, acuíferos y ecosistemas perdidos o en riesgo que ocupan un lugar cada vez más central en los foros y simposios sobre el tema hídrico.  Decidimos organizar un Congreso con voz de propuesta.

 

Por confluencias de la vida, esta misma semana, sin saberlo nosotros, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua y saneamiento, cuyo transitorio exige la aprobación de una nueva Ley General de Aguas en 360 días.  Habiendo documentado las dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despilfarro y contaminación que florecieron bajo la Ley de Aguas Nacionales (LAN) durante sus dos décadas de vigencia, la posibilidad de otra ley, centrada en la necesidad de garantizar agua de calidad para las actuales y futuras generaciones, despierta nuestra imaginación y deseo.

 

Al estar coordinándonos para el Congreso, empezamos a averiguar: ¿Alguien sabe quién está trabajando la propuesta de la nueva ley? ¿Cómo podríamos conseguir un borrador?  A su vez, la proliferación de plástico y la histeria de los medios del año electoral sirven para galvanizar nuestro sentido de responsabilidad ciudadana. ¿Y si elaboramos una propuesta de ley nosotros?

 

“Por supuesto lo podemos hacer”, afirma Helena Cotler, cofundadora de la Red Mexicana de Cuencas, y sin pausa empieza a articular la necesidad de contar con un instrumento de planeación vinculante por cuenca que integraría lo forestal, lo agrícola, lo urbano y lo hídrico… un Plan Rector…  Sus propuestas fluyen como presa liberada.  Con este impulso, el proceso inicia.  Solo falta encontrar a abogados con experiencia en la redacción de leyes.

 

Tres grandes investigadores, autores y defensores internacionalmente reconocidos se apuntan de inmediato: Raquel Gutiérrez, del Instituto de Defensa Ambiental y la Universidad de Guadalajara, creadora de la Ley de Cuencas (elaborada colectivamente y vetada por Fox), y autora de los mejores artículos de la truncada reforma de la LAN en 2004, con vasta experiencia en la lucha por rescatar la cuenca de Lerma.  María del Carmen Carmona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (IIJ/UNAM), autora de la Ley de Costas, con un conocimiento profundo de la historia de la legislación en materia de agua en el país, y una capacidad impresionante para el diseño de propuestas de punta.  Rodrigo Gutiérrez, también del IIJ/UNAM, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, ampliamente respetado por su valiente defensa de las mejores causas.  Los tres habían publicado análisis profundos sobre los cambios legislativos requeridos para superar la crisis hídrica del país.  Pronto contamos con un equipo núcleo de primer nivel, al cual otros juristas visionarios y comprometidos se irán sumando.

 

Desde el primer mes, al Comité Organizador del Congreso queda aparente que, por ser año electoral, no habrán recursos para el Congreso.  Úrsula Oswald toma medida del momento y anuncia:  “No importa, lo podemos lograr con nuestros propios esfuerzos.”  Sin dudar más, lanzamos la convocatoria para formar diez mesas: Gestión de cuencas; Gobernanza del agua; Seguridad alimentaria; Gestión de acuíferos; Prevención de la contaminación, tratamiento y reuso; Sustentabilidad hídrica-urbana; Economía del agua; Cuencas transfronterizas; Justicia hídrica, presas y minería; Educación y cultura para un nuevo paradigma.

 

Cada mesa empezaría a trabajar inmediatamente, para generar un análisis consensado de las principales problemáticas, sus causas raíz y las acciones requeridas en cuatro áreas: Ley General de Aguas, Observatorios Ciudadanos, Agenda de Investigación y Difusión, y Programa Hídrico Nacional.

 

Primera plenaria, primeros consensos

En la Cuenca de México contamos con una masa crítica que nos permite organizar nueve plenarias, realizadas de manera rotativa: UAM Xochimilco e Iztapalapa, FEZ Zaragoza, Instituto de Biología UNAM, El Molino.

 

En la plenaria de arranque, frente a un auditorio lleno en la Casa de la Primera Imprenta, Delia Montero presenta la primera propuesta para la nueva ley—que haya un “órgano ciudadano autónomo”, un “IFE” del agua (nombre que fue retirado con el desenlace del año), a ser reforzado con la creación de Observatorios del Agua en cada cuenca, para así contar con contrapesos en el manejo del agua.  Aplausos rotundos.

 

Segundo consenso, a propuesta de Gustavo Lipkau, de la recientemente formada Conferencia del Agua de la Cuenca de México (Cumeca): En vez de seguir financiando obras faraónicas de trasvase, hay que reorientar las ciudades para que aprovechen sus aguas pluviales y residuales; Eugenio Gómez ofrece propuestas de obras y legislación para lograrlo.  Más aplausos.  Tercero, sugerido por Omar Tapia:  Se propone superar la falta de acceso y confiabilidad de los datos actuales sobre el agua, con plataformas de datos por cuenca, manejados en coordinación con las universidades.  Aprobación unánime.

 

Y de ahí, siguen brotando los consensos cuyo tiempo ha llegado: Cuarto, a propuesta de Gerardo Cruz, Guadalupe Figueroa y Mariano Salazar:  Hay que potenciar a las comunidades en las zonas altas, forestales, y en las chinampas y zonas lacustres de cuenca baja para que puedan fortalecer a los servicios hídricoambientales de las cuencas.  Quinto consenso, a iniciativa de Carlos Vargas y Eloisa Dominguez:  Urge estabilizar los acuíferos.

La ley que el país requiere

Ahora a convertir estos objetivos en una propuesta de ley.  Tímidos al inicio, frente a cualquierpropuesta, oímos las voces que hemos internalizado:  ¿Qué diría la ANEAS[2], las embotelladoras, las industrias contaminadoras, los agroexportadores, …los diputados?  Tenemos que decidir si queremos invertir nuestras energías en la elaboración de una ley aceptable a los grandes “intereses”, o si vamos a elaborar la ley que el país requiere.  Gana la propuesta de redactar una ley óptima y necesaria, que podríamos lanzar como espada al futuro, y trabajar a favor de ella, paso por paso.

 

Rodrigo Gutiérrez señala que el proceso de construcción de la ley requerirá de una convergencia entre tres paradigmas: de la sustentabilidad, de los derechos humanos y de la participación democrática. Nos advierte que “gobernanza del Agua” (nombre inicial de una de las mesas) resulta ser un término de reciente acuño, utilizado para desencarnar y volver etéreos los procesos de toma de decisiones sobre el agua en el territorio.  Rodrigo propone reemplazarlo con el término “Gobierno del Agua”, dado que se trata fundamentalmente de la ciudadanización de la gestión del agua, y nos pregunta en qué medida buscaremos lograrla.

 

De la mesa de “Seguridad alimentaria” emerge una discusión similar: ¿Seguridad alimentaria? O ¿Soberanía alimentaria?  Cati Marielle nos comparte declaraciones surgidas de reuniones a nivel latinoamericano e internacional…   “Seguridad” se refiere al acceso, principalmente económico, a alimentos, y “soberanía,” al derecho de los pueblos de definir sus propias políticas y estrategias, respetando sus culturas y sistemas de manejo de recursos naturales…,” siendo ésta una  precondición de la Seguridad Alimentaria.[3]

 

De manera paralela, Daniel Murillo (IMTA) cuestiona el uso del término “seguridad hídrica” en los documentos preliminares del Congreso, por referirse “solo a la intervención del Estado para cubrir necesidades hídricas básicas en un contexto de incertidumbre y escasez”.  Ursula Oswald añade: “La soberanía implica todo lo que queremos en la Ley: el derecho de decidir sobre la política del agua….  No sólo se trata del acceso al agua, sino de su calidad, de la inclusión social, el uso justo, el saneamiento, así como del derecho de la naturaleza al agua.”

El wiki y más allá

La elaboración de la ley requiere de un instrumento para facilitar el proceso colectivo. Jaime Suaste de la Fundación para la Comunicación y Educación Ambiental, FCEA, que maneja el magnífico portal www.agua.org.mx no tarda en crear un wiki: www.agua.org.mx/wiki, y empezamos a compartir diagnósticos y generar documentos base para cada una de las mesas temáticas. La primera tarea que realizamos a través del wiki es la elaboración consensada de un glosario de conceptos básicos, un trabajo que genera gran entusiasmo, y nos permite acordar los cimientos de la propuesta ciudadana.

 

Teresa Gutiérrez, directora de FCEA, y organizadora de talleres de sensibilización con periodistas, reconoce el potencial del proceso incipiente, y convoca un grupo de trabajo para diseñar la campaña de difusión para la iniciativa ciudadana, con logotipo, lema, mensajes.  Nace el concepto “Agua para todos siempre,” y Greenpeace se encarga de diseñar su logo.

 

Estrategia Nacional

Desde el inicio, Maria del Carmen Carmona, con su capacidad extraordinaria para comprender sistemas complejos y su creatividad para el diseño legislativo, nos recomienda familiarizarnos con las leyes de cambio climático que están emergiendo en México y en otros países.  Estas leyes establecen Estrategias Nacionales, con metas a cumplir dentro de límites fijos de tiempo.  Al consultar con Octavio Klimek, de la Universidad Autónoma de Guerrero, con amplia experiencia legislativa, nos envía el proyecto de ley sobre Evaluación Estratégica Ambiental, sumamente sugerente.

 

Esto nos da la pauta para una ley que se centraría en una Estrategia Nacional, con metas a lograr en 15 años:  Agua para los ecosistemas vitales.  Agua de calidad para todos, y para la soberanía alimentaria. Eliminación progresiva de la contaminación de cuerpos de agua; de la sobreexplotación (o “minado”) de acuíferos; de la vulnerabilidad a inundaciones y sequías; y de la destrucción de los servicios hidrológicos ambientales de las cuencas.

 

Al establecer un proceso con metas, cumplimos con el principio “progresividad” del primer artículo constitucional, y evitamos la trampa de prohibiciones inmediatas e irrealistas, que solo terminan fortaleciendo la clandestinidad, la corrupción y la impunidad.

 

La Estrategia Nacional acordada es sorprendentemente ambicioso, pero, dado los diagnósticos que siguen llegando de todas las regiones del país, representa lo mínimo necesario para el futuro de México.  Nos preguntamos: ¿Para qué es una economía y un gobierno, si no es para garantizar agua de calidad para sus actuales y futuros habitantes?

Defensores del otro medio del ambiente

Pronto en el proceso, emerge la voz de los hidrogeólogos, Oscar Escolero, Rafael Huizar, Joel Carrillo (Instituto de Geología, UNAM) y Eloisa Dominguez y Carlos Vargas (UAM), defensores de lo que Joel llama “el otro medio ambiente”.  Convocan reuniones de emergencia con biólogos, planificadores y abogados.  Con maestría y pasión, desmontan el modelo de gestión de aguas subterráneas propagado por la Ley de Aguas Nacionales y la NOM 011-CONAGUA-2000, el cual ha resultado en la delimitación arbitraria de una multitud de “acuíferos”, cada uno dotado increiblemente con millones de metros cúbicos de agua anualmente renovable. Nos explican que la recarga es más bien un proceso milenario, que ocurre vía flujos profundos y sumamente lentos (tres metros al año) que atraviesan cuencas, estados y regiones.  Carlos Vargas nos introduce al término “minado de acuíferos”.

 

El trabajo con los hidrogeólogos llega a su momento climático en la plenaria en el Jardín Botánico de la UNAM.  Oscar Escolero nos muestra como todo el agua y vida de la superficie depende de los invisibles sistemas de flujo de aguas subterráneas.  Tranquilo, profundo, camina al centro del presidium para preguntarnos:  “¿Quién debe decidir si vamos a sacrificar a nuestros ríos, lagos, humedales y ecosistemas, para seguir extrayendo volúmenes irremplazables de aguas subterráneas?”  Un silencio largo y conmovedor fue nuestra única respuesta.

 

¿Quién tiene el derecho a decidir?

 

La mesa Gobierno del Agua empieza a promover discusiones en torno al tema: ¿Cómo construir instancias capaces de promover y defender la sustentabilidad del agua en el territorio?  La necesidad de resolver este dilema nos despierta, nos reta.  A la vez, surgen dudas: ¿Quiénes somos nosotros para estar decidiendo esto?  Y regresa la reflexión: Si no generamos propuestas nosotros ¿quiénes lo harán?

 

El cinismo sigue pesando.   Muchos dicen: No podemos confiar en instancias democratizadas. Todos terminan corrumpiéndose: en los ejidos, en los gobiernos municipales, los legisladores.  Pero los que llevamos lustros participando en la construcción de instancias para la gestión del agua heterogéneas, incluyentes, afirmamos que sí es posible establecer reglas, aislar corruptelas, conciliar diferencias y construir consensos en función del bien común.

 

Cati Illsley nos describe como las comunidades en la región Chilapa en Guerrero generan sus propios planes, reglamentos y acuerdos intercomunitarios para la recuperación de manantiales y ríos.  María Isabel Garcés Chávez de la Comisión de Cuenca Texcoco explica que la diversidad de actores locales protege estas instancias de su posible compra o intimidación.  Aída Moncada de la Comisión de Cuencas Ríos Amecameca y La Compañía (CCRALC) afirma que la construcción colaborativa de planes integrales garantiza que los procesos no pierdan su rumbo.

 

Experiencias comprobadas de cogestión

 

En septiembre, FMCN, FAN México, CCRALC y Centli organizamos un Foro Nacional, para analizar más de 40 experiencias de cogestión (gobierno-sociedad) y autogestión comunitaria de cuencas y de sistemas de agua potable y saneamiento, con el objetivo de determinar en qué medida y bajo qué condiciones se podría superar la actual situación de verticalismo, ineficacia, corrupción e impunidad en el manejo del agua y cuencas, vía procesos de planeación y gestión democratizadas, ciudadanizadas.

 

La cosecha es abundante.  Brillan los logros de los sistemas comunitarios que manejan el agua en el territorio, según sus propios usos y costumbres, así como los sistemas independentes, auto-organizados por los usuarios en zonas semi-urbanas, a través de los cuales poblaciones marginadas rurales y urbanos han trabajado históricamente para  garantizar su acceso al agua.

 

Rodrigo Hess Poo nos platica de los logros alcanzados por los sistemas de agua potable y saneamiento en Chiapas durante los años cuando la ley estatal exigía que fueran administrados por consejos de administración cuyos integrantes eran elegidos en asambleas abiertas.  Este modelo ha sido tan exitoso en zonas urbanas que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez lo mantiene hasta la fecha, a pesar de un cambio en la legislación otorgando esta competencia al presidente municipal en turno.

La ciudadanización de la planeación y gestión

En base a los resultados del foro nacional, la mesa Gobierno del Agua busca un re-diseño institucional capaz de generar procesos de planeación y gestión efectivos en las cuencas y en los sistemas de agua potable y saneamiento.  Se va consensando un diseño de “co-gestión”, 50% ciudadanos, cuidando su representatividad; y 50% de los tres órdenes de gobierno, a nivel de microcuenca, subcuenca, cuenca y nacional.  Estas instancias, vía sus Gerencias Técnica-Operativas, asumirían gran parte de las competencias realizadas por los actuales Organismos de Cuenca de la Conagua. Los actos de autoridad serían realizados por los funcionarios federales, estatales y municipales, con estricto apego a los Planes Rectores consensados en los Consejos de Cogestión de Cuenca.

 

A nivel municipal, los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento estarían administrados de manera conjunta entre el municipio y los representantes territoriales; o, en su caso, por sistemas autogestivos, coordinados a través de una Junta Municipal de Agua Potable y Saneamiento, en torno a un plan consensado.

 

Temas continentales, perspectivas encontradas

 

En octubre, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) realiza un encuentro latinoamericano, que permite apreciar los avances logrados en la defensa del agua como bien público frente a empresas privatizadoras; así como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas.  A su vez, las experiencias de otros países demuestran lo difícil que es superar el manejo centralizado del agua, así como la inmensa ola de intereses mineros, extractivistas, que están vulnerando el derecho humano al agua en todo el continente.

 

En este mismo mes, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y la Conagua organizan un simposio internacional en el World Trade Center, para afirmar que el derecho humano al agua y saneamiento se resolverá principalmente con tubos, pozos y trasvases, a ser financiados con inversiones cuantiosas de capital privado.  No se requiere de una nueva Ley General de Aguas, sólo basta con algunos ajustes a la Ley de Aguas Nacionales, a ser complementada por una Ley de Agua Potable y Saneamiento.     Se inicia el debate.

 

Interludio

Te encuentras arriba del Canal La Compañía, con un nutrido grupo de mujeres, hombres y niños que viven abajo, a la sombra de este ducto improvisado, compuesto de azolve y capas ocasionales de colchacreto, que crece tres metros cada década en compensación por los hundimientos causados por la extracción masiva de aguas subterráneas milenarios del Valle de México.  Por inercia institucional, y ahora por un contrato a 30 años con el Grupo Carso, todas las aguas pluviales y residuales de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco tienen que ser bombeadas a este canal elevado, y enviadas 30 km por otros canales similares, al Túnel Emisor Oriente, el cual desemboca en una gigantesca y mal concebida planta tratadora en Atotonilco, Hidalgo.

 

El geohidrólogo Carlos Vargas señala la conexión entre las ominosas burbujas que brotan desde las profundidades del canal en este punto y la falla geológica que baja del cerro Tlapacoya en frente. La humedad penetra las fracturas en los bordes del canal.  La señora a tu lado relata:Ayer vino el Director del Organismo de Cuenca de la Conagua con tres camiones de tepetate para reparar los bordes.  Subió aquí con nosotras y nos propuso pedirle a Dios que no vuelva a romper el Canal.

 

Cierras los ojos, y ves nuevamente los torrentes de aguas negras, putrefactas, desbordáondose con ferocidad de este mismo canal a poca distancia de aquí, cargados de heces y animales muertos, invadiendo calles, cocinas, salas y recámaras, hasta llegar a 1.6 metros de altura, mientras que, invisible, 31 metros abajo, el recientemente inauguradoTúnelLa Compañía, en realidad un tubo cerrado, con un costo de $2 mil millones, yace vacío, sus cinco lumbreras tapadas con basura, y sus cuatro macro bombas, las más grandes del mundo, sin diésel.

 

Caminas con todos sobre la orilla del Canal, recordando la reunión realizada unos meses después de esta última inundación, en el Penthouse de la Conagua.  Los especialistas de la UAM le muestran al Director General de la Conagua que los mil millones de pesos que él propone gastar en unducto de estiaje, un parche más al Canal La Compañía, serían suficientes para desmontar todos los canales elevados de la zona, y construir una planta tratadora, que recibiría el agua por gravedad, para enviarla, tratada, a los campos y chinampas de Mixquic, y finalmente, potabilizada, a los acuíferos.   El Ing. José Luis Luege Tamargo les escucha atentamente durante tres horas, y concluye:Tienen razón. Lo que proponen tendría más beneficios y menor costo que el ducto de estiaje… Pero vamos a hacer la obra que yo y el Presidente queremos.” 

 

Regresas de tu ensueño cuando la señora a tu lado, abrazando su nieta, dice:No nos preocupa tanto por nosotras mismas.  Nosotras ya vivimos, pero cada vez que empieza a llover nos da terror por estas criaturas.

Como determinar el volúmen de agua aprovechable

Raquel Gutiérrez, tan capaz y experimentada como comprometida, empieza a convertir los acuerdos que van surgiendo de las mesas preparatorias, en los pimeros capítulos de la Ley General de Aguas: objeto, fundamentación constitucional, principios, criterios, utilidad e interés público, definiciones, instancias, competencias.

 

Contando ahora con una estructura básica, procedemos a resolver los demás temas pendientes.  Primero: ¿Cómo determinar el volumen de agua realmente disponible?  ¿Quién lo determinará? ¿En base a qué criterios?  Gracias al trabajo del World Wildlife Fund, el Instituto Nacional de Ecología y la Conagua, ya contamos con una norma fiable (NMX-AA-159-SCFI-2012) para calcular la disponibilidad de aguas superficiales, pero no tenemos un método objetivo para calcular cuánta agua subterránea podría ser aprovechada.

 

Se desata una serie de diálogos enérgicos entre especialistas en busca de métodos confiables.  Finalmente, se consensa el concepto “Volúmen anual ecológicamente aprovechable.”  “Volumen anual” (en vez de los litros/segundo de los equipos de bombeo), porque nos pone en contacto con el reto de aprender a armonizarnos con nuestro ciclo hidrológico, el cual nos provee de mucha agua en pocos meses.  “Ecológicamente aprovechable” porque se trata no de un sistema de extracción-desecho, sino de un aprovechamiento cuidadoso y temporal de agua que tendrá que ser regresada a la cuenca y a los acuíferos con atención a su calidad, al lugar y al gasto.

 

Nos damos cuenta que la única manera de saber cuánto, desde dónde y cómo podemos contar con agua “para siempre”, será a través de un proceso del monitoreo fino a lo largo del tiempo de nuestras cuencas, en busca del equilibrio y la estabilización del nivel estático en los pozos, mejorías en la calidad del agua extraída, la reaparición de manantiales y la recuperación de lagos y humedales.  Además, tendremos que reubicar de inmediato a los pozos que están causando hundimientos y otros daños.

 

Estas tareas requerirán la formación de “Comités de Monitoreo y Conservación de Aguas Subterráneas” en cada cuenca, a incluir a investigadores, juntos con usuarios de aguas subterráneas y los que están siendo afectados por la sobreexplotación.  Ellos asesorarán a la Gerencia Técnica-Operativa en la interpretación de datos a ser entregados trimestralmente por los usuarios, y complementados por el monitoreo gubernamental y ciudadano.  La ley fijará responsabilidades y sanciones para funcionarios, obligándolos a lograr avances medibles hacia la estabilización y recuperación de aguas subterráneas y superficiales, y el mejoramiento de su calidad.

Cómo garantizar agua para todos

Segundo reto: ¿Cómo cumplir con el derecho humano al agua dentro de las posibilidades del agua renovable?  Hasta ahora la gestión del agua potable ha implicado la hiper-explotacion de acuíferos e importación de agua vía trasvases en torno a grandes ciudades; con acceso casi ilimitado con tarifas escalonadas para colonias residenciales e industrias urbanas; y tandeo brutal en las colonias populares, haciendo que los habitantes de colonias marginados terminan teniendo que bañarse con agua de garrafón.  Esto ha sido acompañado por una total desatención a poblaciones rurales, quienes se quedan sin más opción que la autogestión.

Areli Sandoval de Equipo Pueblo pregunta: En un país tan diverso, ¿cómo podremos llegar a una definición legal del “derecho humano al agua”?  Si determinamos un “volúmen mínimo vital”, ¿cómo garantizamos que este “piso” no se convierte en un “techo” para las poblaciones marginadas, como fue el caso con las metas del Milenio?

Silvia Emanuelli de Habitat Internacional Coalición propone un volumen mínimo vital universal gratuito, a no confundirse con el derecho humano al agua, con la aplicación de una tarifa escalonada para volúmenes mayores.  Surgen dudas:  ¿Cómo se podrá lograr la sustentabilidad económica de sistemas autogestivos en zonas rurales?  ¿Cómo se podrá seguir fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana, bajo un esquema de gratuitidad y pagos escalonados?

¿Tiene sentido seguir distribuyendo los pocos volúmenes de agua renovable de cada cuenca, según el nivel económico de los usuarios?  Surge la imagen de jardines ampliamente regados en un extremo de la ciudad, favorecido por su gran capacidad de pago, mientras que millones tienen que sobrevivir con el mínimo vital.  ¿Un sistema de distribución basado en tarifas escalonados cumplirá con el mandato constitucional de lograr “el acceso y uso equitativo de los recursos hídricos”?

¿Y si se propusiera que cada Consejo de Cogestión de Cuenca determinara cuánta agua sería ecológicamente posible garantizar para el uso humano, a ser distribuida equitativamente entre todos los habitantes en cada localidad de la cuenca, con cuotas basadas en el valor del predial?

Derecho humano al agua y presupuesto

Tercer reto: ¿Cómo se podrá financiar las inversiones requeridas para cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento?

A nivel de la cuenca, en donde se garantiza la provisión permanente de agua de calidad, detectamos enormes subsidios indirectos para los concesionarios de aguas nacionales: El uso agrícola, siendo por mucho el principal uso, no paga derechos.  Los derechos pagados por los usuarios industriales no son suficientes para cubrir el costo de inspección, o, en su caso, de la operación de obras federales de trasvase, y menos para cubrir el costo de restaurar y mantener los servicios hidricoambientales de las cuencas, con la excepción del diminutivo Fondo Forestal, con solo $200 millones para todo el país.

Miguel Angel Montoya propone retomar una política exitosa de Brasil: cobrar a las empresas concesionarias un porcentaje de sus utilidades netas, según el volumen de agua utilizada, garantizando que cubra todos los costos asociados con la producción y retorno con calidad de agua renovable en la cuenca.

A nivel municipal, en donde se requiere de inversiones para garantizar la distribución de agua potable así como el aprovechamiento de aguas pluviales urbanas y la recolección y tratamiento de las aguas residuales generadas, Adriana Caballero (del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) nos advierte que los inversionistas privados están interesadas estrictamente en municipios en donde la infraestructura está completa y en buen estado y los usuarios cuentan con medidores y pagan.  Gloria Tobón de Garza (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo y COMDA) documenta meticulosamente el desempeño de la semi-privatizada y oficialmente premiada empresa Aguas de Saltillo: cobros excesivos, mala calidad del agua “potable”, opacidad e incumplimiento con los términos de su contratación.

Vemos que en Europea, Estados Unidos y Canadá, se establecieron Fondos Nacionales para financiar la infraestructura requerida para lograr ríos, lagos y acuíferos limpios, y sistemas municipales autosustentables.  ¿Por qué en México se busca que los usuarios del servicio doméstico de agua potable cubramos todo el costo de estos rezagos, y que el vehículo sea empresas privadas con fines de lucro?

Oscar Arredondo de Fundar organiza una reunión de trabajo para determinar cómo la ley podría obligar que los gastos requeridos para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, sean prioritarios en los presupuestos federales, estatales y municipales.

Condicionamiento de concesiones, como herramienta de regulación ambiental

Cuarto reto: ¿Cómo prevenir daños a la cuenca y los acuíferos?  Desde el inicio del proceso, Anaid Velasco del Centro Mexicano para el Derecho Ambiental había señalado que el condicionamiento de las concesiones, previsto por el artículo 27 constitucional, representa el instrumento más fuerte de control sobre prácticas que podrían generar desequilibrios hídricoambientales.  Empezamos a diseñar los condicionantes requeridos para cada uso.

 

Rolando Cañas y Ana Ortíz Monasterio, de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, redactan el capítulo sobre concesiones con absoluta solidez, para blindarlo frente a posibles amparos por parte de los intereses beneficiarios del concesionamiento de volúmenes excesivos bajo la Ley de Aguas Nacionales.

 

Cada mesa busca cómo recortar los volúmenes actualmente utilizados, empezando con Soberanía y Seguridad Alimentaria, dado que 77% del agua concesionada es utilizada para el riego.  La ponencia “El Agua en Chihuahua,” de Victor Quintana, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, documenta el proceso acelerado y altamente subsidiado, a través del cual grandes operaciones agrícolas están agotando acuíferos y salinizando suelos para lograr una bonanza temporal en pleno desierto, orientada principalmente hacia la exportación.  Los investigadores en esta zona nos informan que los habitantes de las ciudades del norte están tomando agua “potable” de estos mismos acuíferos, infiltrada hace más de 20 mil años.

 

La Mesa Soberanía Alimentaria, siempre prendida, de repente se enciende aún más: Antonio Turrent-Fernandez de INIFAP llama a una reorientación de la producción agrícola a nivel nacional, dado que la soberanía y seguridad alimentaria dependerá de nuestra capacidad de aprovechar los suelos y abundancia de agua en el sur, para potenciar la etnoagricultura que persiste ahí, a pesar de siglos de desprecio y abandono, y décadas de la Revolución Verde.  En el norte, hay que enfocarse en cultivos y razas de semillas resistentes a los calores y sequías venideras.

 

Nos damos cuenta que se requiere de una instancia ciudadanizada a nivel nacional, el Consejo Nacional de Cuencas, para lograr que las políticas gubernamentales de agricultura, así como las de vivienda, desarrollo industrial y transporte, sean compatibles con el potencial hídricoambiental de las distintas regiones del país.

Priorizar concesiones para regantes de pueblos originarios

Quedó la tarea de establecer criterios para priorizar concesiones para la soberanía alimentaria, y restaurar las concesiones de los regantes comunitarios que habían sido extinguidos con el “borrón y cuenta nueva” establecido por la Ley de Aguas Nacionales, a pesar de haber sido otorgadas a perpetuidad por decretos presidenciales, según investigaciones de Jacinta Palerm (Colegio de Postgraduados) y Pedro León (IDEA), entre otros.

 

Emerge un consenso a favor de la asignación prioritaria (después del consumo humano) de volúmenes de agua, especialmente aguas tratadas, a pequeños productores orgánicos, tradicionales, para la “soberanía y seguridad alimentaria”.  Se abre un diálogo entre la Mesa de Soberanía Alimentaria y la de Saneamiento, para ver en qué medida se podría favorecer el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales para recuperar nutrientes en la forma de “ferti-agua”.

 

La jóven buceadora

En noviembre, una joven buceadora, tan sonriente como asquerósamente enlodada, emerge de carteles y espectaculares por toda la Ciudad, invitándote a nadar con ella en los ríos del país.  Nos preguntamos ¿De quién será?  ¿A qué vendrá?  A pocos días, se comunica Pierre Terras de Greenpeace, triunfante, para informar que lograron, vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), conseguir el estudio del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA) documentando la presencia de 1,090 sustancias químicas en el Río Santiago.  Revela el misterio:  La joven omnipresente forma parte de la campaña Ríos Tóxicos de su organización, que pronto convergerá con la campaña a favor de la iniciativa ciudadana.

 

Ya contamos con saldo comprobado de la política “El que contamina paga” de la Ley de Aguas Nacionales, la cual convirtió la contaminación del agua en un asunto tributario:  Después de unas toneladas “gratis”, el contaminador paga hasta 41 pesos por cada 100 kg de material contaminante oxidable, y 71 pesos por cada 100 kg de sólidos suspendidos.  Según la LAN, la Profepa o la Conagua realizarán inspecciones “sujeto a la disponibilidad de recursos.”

 

La mesa sobre Contaminantes se pregunta: ¿Para qué seguir intentando “regular”, “controlar”, “mitigar”?  Raquel Gutiérrez comparte documentación del efecto acumulativo de los “límites permitidos” de contaminantes, y Omar Arrellano (Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad) advierte sobre los efectos nocivos de la interacción entre estas sustancias.  Crece el consenso:  Hay que poner fin a la contaminación de los cuerpos de agua.

 

Cero descargas

Las descargas industriales están en la mira de todos.  Veinte y un años de la LAN nos ha demostrado que no existe la voluntad o capacidad gubernamental requerida para contar con NOMs adecuadas, ni con procesos efectivos de inspección y sanción.  Las industrias se surten de agua potable, sobreexplotada o importada, y las descargan contaminadas en aguas nacionales directamente o vía sistemas de drenaje municipales o del D.F., por donde sus contaminantes ponen en riesgo las colonias de microorganismos responsables por la biodigestión de las aguas de origen doméstico, sin ser remocionados.  Se tendrá que eliminar los contaminantes industriales en fuente.

 

A propuesta de Fernando Bejarano (Director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México) se incorpora el principio de “sustitución” a la ley, el cual exige que las sustancias utilizadas para un proceso sean las del menor impacto ambiental y para la salud humana.  La mesa sobre contaminantes industriales, coordinada por Omar Arellano (UCCS) propone la eliminación/sustitución de sustancias tóxicas prioritarias a plazo inmediato; y cero descargas de aguas industriales en 15 años.  Si las aguas tratadas de las industrias no son suficientemente limpias para su reuso industrial, no las queremos en nuestras cuencas.

Minería tóxica y fracking

Francisco Peña (El Colegio de San Luis) organiza una plenaria preparatoria en San Luis Potosí, en donde investigadores y actores locales evalúan los enormes daños que han resultado de la Mina San Javier; y Luis Paré (IIS/UNAM) y Eckart Boege (ENAH), desde la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La VIDA), organizan otra en Xalapa.  En ambos, queda claro la impotencia de los actuales Manifiestos de Impacto Ambiental frente a actividades destructoras de cuencas, ríos y acuíferos, y consensan fortalecer este instrumento con el requerimiento del consentimiento de las comunidades locales y el Consejo de Cogestión de Cuenca, en base a un estudio independiente realizado por estos actores locales, para analizar costos e impactos sociales, hídricos e ambientales.  Mayra Carrillo de la Fundación Gonzalo Río Arronte acepta la tarea de elaborar la redacción, con el apoyo de Raquel Gutiérrez.

 

Úrsula Oswald, centinela de los avances a nivel internacional nos envía un correo previsorio: Hay que prohibir la fracturación hidráulica, o “fracking,” explicando que se trata de la inyección bajo presión de agua limpia mezclada con sustancias químicas altamente tóxicas, para romper formaciones geológicas, y extraer bolsas perdidas de gas natural o petróleo.  Esta nueva técnica ya está destruyendo acuíferos en extensivas regiones en EEUU, acelerando el cambio climático sin importar el mañana.  Estos actos de autodestrucción evocan imágenes de la desesperación de un adicto.  Como resultado de los foros en Veracruz y San Luis Potosí, se añade la prohibición de la minería tóxica a cielo abierto.

Diseño de órganos de control

 

Además del re-diseño institucional para la planeación y gestión ya mencionado, también se requiere de estructuras capaces de poner límites a cualquier interés particular, para superar la ausencia de contrapesos que ha resultado en la actual situación de impunidad hídricoambiental.  La mesa sobre Órganos de Control, coordinada por Jordi Vera (Universidad Veracruzana), Teresa Zepeda (Alianza Cívica Chiapas) y Delia Montero (UAM-I) consensa propuestas visionarias: un órgano de control ciudadano y autónomo; y un tribunal ciudadanizado, modelado en los actuales tribunales éticos, el Tribunal Permamente de los Pueblos y el Tribunal Latinoamericano del Agua.  Ambos serían vinculantes y con capacidad de sanción.

 

Los abogados involucrados en el proceso, que ahora suman  doce, retoman el espíritu de estas propuestas, y buscan salidas que no requerirán de reformas constitucionales.  Las opiniones de los juristas son  diversas, hasta incompatibles entre sí.  Les pedimos que se encierren hasta que salga el humo blanco.

 

Al final de diez horas de trabajo intensivo en Rectoría General de la UAM, emerge el consenso: Hay que crear una Sub-Procuraduría del Agua de la Profepa, con oficinas en cada cuenca, y responsabilizarlas por la vigilancia, inspección y sanción del incumplimiento con la normatividad (aliviando a la Conagua de estas responsabilidades, las cuales, según la Auditoría Superior de la Federación, quedaron incumplidas).  Hay que sensibilizar a los Juzgados de Distrito, y contemplar posibles futuras reformas para establecer un Tribunal Especializado en Agua y Ambiente.

 

Más que todo, hay que garantizar la construcción de una Contraloría Social del Agua, órgano descentralizado del Consejo Nacional de Cuencas, basada en unidades auto-organizadas a nivel municipal, de cuenca y nacional; con Contralores honoríficos elegidos desde estas unidades, y presupuesto para el personal necesario.  Las Contralorías estarían vigilando: al Director General de la Conagua y autoridades estatales para garantizar que ejecuten los Planes Rectores; a los presidentes municipales para garantizar la ejecución de los Planes Municipales; a los sistemas de agua potable y saneamiento para garantizar su administración democrática, transparente y eficaz; y a la Profepa para garantizar que realice inspecciones y aplique sanciones.

Reforma política

El 9 de agosto, se decreta otra reforma constitucional:  Los ciudadanos, contando con las firmas de 0.13% de los electores (unas 105 mil), podrán presentar un proyecto de ley a la Legislatura directamente, como “iniciativa ciudadana”.  Además, se establece la figura de la “consulta popular”:  Con las firmas de 2% de los electores (1.6 millones), se puede colocar una propuesta en la boleta de la próxima elección federal; si 40% de la lista nominal votan a favor, la propuesta será de ejecución obligatoria.

 

Esta nueva reforma constitucional nos hace más claro en qué medida este proceso de colaboración tendrá que extenderse: para lograr las 105 mil firmas y luego las 1.6 millones; para garantizar la aprobación de la ley y luego su aplicación; para la conformación de las instancias de planeación, gestión y control social en cada municipio, microcuenca, subcuenca, cuenca y a nivel nacional, así como la construcción de las bases de datos que darán sustento a su trabajo; y para defender la nueva ley frente a una ola previsible de amparos por parte de los “intereses”.

 

Para iniciar este proceso exigente y necesario en distintas localidades y regiones del país, formamos al final del Congreso Ciudadano, un Grupo Promotor para una “Coalición Agua para Todos Siempre”, el cual está organizando foros, talleres y comités locales.  Los comités locales de la Coalición diagnostican sus problemáticas, empiezan a diseñar el modelo de gestión hídrica más apropiada para sus cuencas, e inician proyectos con sus propias fuerzas, muchos de los cuales están centrados en el aprovechamiento de aguas pluviales.  Cada vez más, vemos la Ley General de Aguas no tanto como un fin, sino como un medio para la organización y confluencia ciudadana en torno a la sustentabilidad con equidad.

 

 

[1]   Coordinadora de Proyectos Especiales, del Centro para la Sustentabilidad Centli/UAM.

[2]   LaAsociaciónNacionaldeEmpresasdeAguaySaneamiento,quienesestabanproponiendounaleyparafavorecerlaprivatizacióndelossistemasmunicipalescomopanaceafrentealacrisishídrica.

[3]    Declaración de Atitlán, Guatemala, 2002, en la Consulta Global de los Pueblos Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación, coordinada por el Consejo Internacional de Tratados Indios, rumbo a la CMA+5.  http://www.ifg.org/spanish/declarguate.htm

Crónica de una ley ciudadana VF para Oscar Monroy

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